Cataluña: Incierta independencia

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareció el pasado martes ante el Parlamento catalán, en sesión extraordinaria, para proclamar el nacimiento de la República catalana, tal como estipula la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (la cual fue aprobada por esta cámara el pasado agosto y suspendida al día siguiente por el Tribunal Constitucional). Sin embargo, sus palabras estuvieron marcadas por la ambigüedad. Por un lado, el líder asumió “el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en Estado independiente en forma de república”, bajo la justificación de que “la independencia ha ganado unas elecciones y un referéndum. Las urnas han dicho sí a la independencia bajo una lluvia de porras”. Sin embargo, instó a que “el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia” y propuso “unas próximas semanas de diálogo y negociación nacional e internacional”. Para esto realizó un llamado a la Unión Europea (UE) señalando que “Cataluña es un asunto europeo”, en respuesta a los jerarcas que semanas atrás lo habían catalogado como una “cuestión doméstica para el Gobierno español”. Este freno en el itinerario marcado por la Ley de Transitoriedad vino precedido por varias muestras de presión de sectores emblemáticos de la burguesía catalana. Estos mensajes tuvieron su máxima expresión en el encuentro realizado el pasado sábado en la delegación del gobierno catalán en la provincia de Girona entre Carles Puigdemont y el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, quien representa a los principales grupos bancarios y a las industrias de capital catalán más poderosas. En esta reunión, los oligarcas amenazaron al líder del proceso secesionista señalando que declarar la independencia de forma unilateral sería una suerte de “bomba para la economía catalana” que conllevaría la salida de empresas y el castigo de los mercados financieros y bursátiles. En este sentido, le transmitieron la presión de los capitalistas de las principales firmas a las que representan y le instaron a renunciar a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) inmediata, según informó La Vanguardia el pasado sábado. Además, seis de la siete compañías con sede en Barcelona que integran el Ibex 35 (principal índice bursátil de referencia de la bolsa española) se han trasladado a otros puntos de la península junto a otras grandes firmas. Todo esto hizo que Puigdemont adaptase su acción a los mandatos del capital, aplazando la sesión del Parlament del lunes al martes y declarando una independencia retórica, cuyos efectos quedan suspendidos y pendientes de un proceso de negociación totalmente indefinido. Por otro lado, la coalición soberanista tampoco logra obtener el favor de las autoridades europeas, las cuales mantienen su posición ajena al proceso catalán. El pasado martes, el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, rechazó “la idea de una mediación internacional” en el conflicto catalán, durante su intervención ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). Asimismo el presidente francés, Emmanuel Macron, incidió en que la cuestión catalana es un “asunto interno”. “Yo no soy mediador, ese no es mi papel. Tampoco el de Europa”, subrayó. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, solicitó a Puigdemont antes de celebración de la sesión extraordinaria en el Parlament que “respete el orden constitucional y que no anuncie una decisión que haría ese diálogo imposible”. De esta forma, se hace evidente que los órganos de poder oligárquico, tanto nacionales como internacionales, no encuentran fiable la coalición independentista catalana, a pesar de que esta esté liderada por fuerzas reaccionarias como el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCAT), que integra Puigdemont. En este sentido, si bien los líderes de la Generalitat han garantizado su apoyo incondicional a la Europa de los recortes y a la OTAN, el carácter heterogéneo del movimiento independentista y el fuerte componente popular de sus bases suponen un riesgo de inestabilidad poco seductor de cara a los intereses del complejo oligárquico.   La vía eslovena Las acciones del presidente de la Generalitat han sido comparadas con las que pautaron el proceso independentista esloveno de la República Federativa Socialista de Yugoslavia entre 1990 y 1991. En este episodio las formaciones separatistas también llevaron a cabo un referéndum no reconocido por las leyes yugoslavas (en este caso con 93,2 por ciento de participación) en el que triunfó la opción secesionista y se declaró la independencia, suspendiendo sus efectos para negociar con el gobierno central. Sin embargo, tras seis meses de intentos de negociación infructuosos con Belgrado, la República de Eslovenia empezó a ser reconocida por diferentes naciones y el 25 de junio de 1991 declaró unilateralmente la independencia. Esta acción desató la represión de Belgrado, produciéndose el conflicto conocido como “Guerra de los diez días”, en el que murieron 44 soldados yugoslavos, 18 eslovenos y 12 ciudadanos extranjeros. Finalmente, Eslovenia fue reconocida por todos los estados de la Comunidad Europea en enero de 1992. Si bien el gobierno catalán ha seguido varios pasos que recuerdan a los seguidos entonces por el gobierno esloveno, el contexto sociopolítico en el que se enmarca su proceso secesionista no permite augurar garantías de que su desenlace sea parecido. En primer lugar, en 1990 las potencias imperialistas occidentales estaban tratando de desmembrar a la Yugoslavia socialista, por lo que la secesión de Eslovenia, liderada por un movimiento anticomunista, desde el principio contó con el apoyo de las oligarquías occidentales. Esto no sucede en España, país que posee la quinta mayor economía de la UE con un gobierno central suscrito al mandato de austeridad de Bruselas, y que es miembro activo de la OTAN, a la que aporta una posición estratégica en el mar Mediterráneo. Por tanto, las posibilidades de que las potencias aliadas del gobierno español se manifiesten contra el gobierno de Mariano Rajoy en una cuestión como la independencia catalana es altamente improbable. Esto se ha evidenciado en la negativa europea, incluso a mediar en las negociaciones. Por otro lado, otra diferencia importante con el proceso esloveno es que en el referéndum del país balcánico participó 93,2 por ciento de la población, ganando la opción independentista con 95 por ciento de los sufragios. Sin embargo, el referéndum catalán se encuentra invalidado por la falta de garantías derivadas de la represión llevada a cabo por Madrid, habiendo votado únicamente 43 por ciento de la población.   Reacciones Así, el contexto internacional favorece las posiciones intransigentes del gobierno de Mariano Rajoy. En este sentido, el Ejecutivo español rechaza la participación de mediadores en el diálogo, asegurando que reconocer al gobierno catalán en una instancia de negociación, implica reconocer la ilegalidad como opción posible. En este sentido, el líder del PP realizó el paso previo a aplicar el artículo 155 de la Carta Magna española, requiriendo formalmente al gobierno de la Generalitat que reconozca antes del lunes 16, sin ambigüedades, si ha declarado o no la independencia. Actualmente el PP cuenta con el apoyo de Ciudadanos del PSOE para la aplicación del artículo 155. Esto implica 70 por ciento de la cámara baja. Por otro lado, el grupo derechista tiene por sí solo la mayoría absoluta en el Senado, lo que le permite impulsarlo sin problemas. A su vez, el carácter contradictorio de la declaración de Puigdemont también provocó el rechazo de sus socios izquierdistas en el Parlament, quienes consideran que la independencia no fue proclamada. La diputada de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Anna Gabriel, rechazó la declaración de Puigdemont señalando que “esta proclamación solemne de la república no ha llegado como queríamos”. Asimismo cuestionó la voluntad del presidente catalán de iniciar un proceso de negociaciones. “¿Negociación con quién? ¿Con el Estado que sigue persiguiéndonos y amenzándonos, que despliega sin vergüenza cuerpos policiales y militares, y que azuza a la ultraderecha y nos niega derechos?”, cuestionó. El portavoz del secretariado nacional de la CUP, Quim Arrufat, declaró que “no se proclamó la independencia. Se suspendieron sus efectos antes de proclamarla”. Por ello, Arrufat anunció que los diputados de la CUP abandonarán el Parlament hasta que se haga efectiva la declaración de independencia de Cataluña. Por otro lado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también consideró que Puigdemont no realizó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y le agradeció lo que calificó como una actuación sensata. Paralelamente, la presencia de grupos nazis y fascistas se está agudizando en las calles de varias ciudades españolas, sirviendo al gobierno como contrapeso a las movilizaciones populares en favor del derecho a decidir del pueblo catalán. La presencia y el liderazgo de los franquistas y neonazis en las manifestaciones contrarias a la independencia realizadas en varios puntos de la península se ha visto alentada por el ejemplo dado por el gobierno central durante la represión policial del 1º de octubre y por la posterior aprobación de estos métodos por el rey Felipe VI. Todo esto ha configurado un clima propicio para la actuación de estos sectores, que el lunes 9 tuvo su cenit en una agresión perpetrada en la ciudad de Valencia sobre manifestantes independentistas. Tras este episodio, ningún agresor fascista fue detenido ni identificado por la Policía, a pesar de haber sido grabados por varias cámaras de televisión. De hecho, el miércoles 11 el PP impidió que prosperase una declaración en el Congreso impulsada por el bloque izquierdista Compromís en la que se condenaban las agresiones perpetradas por ultraderechistas en Valencia. Según informó Público, el PP rechazó que el texto condenase específicamente la violencia fascista y no “todo tipo de violencias”.