Charles Carrera, uno de los pulmones del PPP

“Al asumir la cartera, nos encontramos con el problema del hacinamiento, que nos inhibía de intentar cualquier tarea de rehabilitación. De hecho, tuvimos que plantearnos un proyecto nuevo a partir del cual funcionara desde cero el nuevo sistema penitenciario. Para eso nos planteamos crear un nuevo sistema penitenciario. En 2010 formamos el Instituto Nacional de Rehabilitación y se puso en funcionamiento el escalafón penitenciario, que había sido creado en 1986, pero que recién se puso en funcionamiento en 2001”.   “En 1986 ya existía consenso en que el sistema penitenciario tal cual venía ya estaba perimido. Ese mismo año hay acuerdo general en que las cárceles no podían depender más del MI y de la égida policial. Es entonces –en 1986– que se crea el escalafón policial, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti”.   “Pero si bien partir de cero era más que una aspiración, el reflejo de una realidad, necesitábamos tener una infraestructura para ese proyecto. Es entonces que nos ponemos a trabajar en el que sería el primer proyecto PPP en Uruguay, la UPPL1º”.   “En buen romance esto se traducía en instalaciones adecuadas para los presos, los funcionarios y la infraestructura necesaria para la rehabilitación. El nombre de Unidad de Internación Nº 1 (UPPL1º) y no, por ejemplo, ‘Nueva Cárcel de Punta Rieles’, tuvo que ver con un decreto de Tabaré Vázquez que no quería asociar el nombre de los establecimientos carcelarios con lugares físicos, y menos aun con barrios”.   “Trabajar para ese proyecto nos llenó de orgullo, pero también nos exigió mucho trabajo. A nivel internacional, llamó la atención que el primer proyecto PPP fuera una obra social, porque generalmente el comienzo en la modalidad se originó en rutas”.   “Pero la originalidad de los proyectos PPP plasmados en la legislación uruguaya es la separación que establece entre las tareas ‘sustantivas’, a cargo del Estado (rehabilitación, educación y salud) y las accesorias, a cargo del privado (financiación, construcción, mantenimiento y hotelería). En eso se recogió la experiencia de los chilenos, que otorgaron todas las funciones a los privados, vieron que eso era un error y ahora están procurando corregirlo”.   “La confianza que tienen ambos operadores en los proyectos de este tipo se basa en su consideración de que se corresponden con un ‘Estado moderno’, que debe estar a cargo de lo sustantivo y dejar lo accesorio en manos del privado”.   “Como ejemplo ponen la actual gestión del director de Comcar, que debe hacerse cargo de las condiciones de vida de los presos, de su alimentación, de la energía, del saneamiento y de una variedad enorme de tareas en las que lo sustancial y lo accesorio vienen en el mismo paquete”.   “En el futuro –afirman– va a existir un operador privado que va a coadyuvar con él para que la tarea se desarrolle con normalidad y que la Dirección se dedique plenamente a las tareas sustantivas”.   “Es necesario agregar que cuando iniciamos el proceso, los funcionarios nos respondieron de manera unánime. Por añadidura, tuvimos un actor clave que nos apoyó mucho en el armado del proyecto, que fue la Corporación Nacional para el Desarrollo [CND], provista de muy buenos técnicos, que nos apoyaron mucho en la estructuración del proyecto”.   “Por supuesto, en este andamiaje la figura del operador educador es fundamental, en la medida que aporta la incidencia en un contexto personalizado. El operador penitenciario es ese cargo que se crea en la ley de 1986 para ponerse en funcionamiento en 2011. En fin, la oposición dice que somos lentos, pero entre la enunciación de la ley y su puesta en funcionamiento mediaron 15 años. El actual proyecto PPP está prácticamente realizado en un plazo de tres años. A la hora de salir estas líneas ya estaremos en 90% de su ejecución”.   “Hay una división de los riesgos adecuada. Cada actor va a dedicarse a lo que sabe hacer. Se trata de una inversión importante para el país, que globalmente es del orden de los 90 millones de dólares. Este dinero se amortiza con la concesión, pero el Estado hasta ahora no ha puesto un peso, lo que no implica, obviamente, que el privado con el tiempo no vaya a rescatar y rentabilizar lo que invierte”.