Cheques: Tres jueces indagan al ex diputado Zoulamian por presunta estafa

La operativa era similar a la de varias empresas y particulares en la plaza financiera uruguaya. PYX SA -que no estaba registrada ante el Banco Central del Uruguay (BCU)- obtenía dinero de terceros, a los que les pagaba un interés de 2% mensual y les entregaba un cheque en garantía. Ese capital se utilizaba para prestar dinero y descontaba cheques con un interés superior, lo que aseguraba margen para pagar a sus acreedores y obtener ganancias. Toda la operativa se efectuaba mediante el libramiento de cheques o la aceptación de cheques de pago diferido. Al comienzo, los que se entregaron a los acreedores estaban a nombre de Zoulamian, pero posteriormente pasaron a nombre de PYX SA.

En todos los casos, el respaldo de la operativa era la trayectoria de Zoulamian, hombre reconocido en distintos ambientes: escribano, exsecretario del directorio del banco La Caja Obrera, propietario del restaurante ZouBar, dirigente del Club Atlético Goes y presidente de la institución armenia Marash, con estrechos vínculos con la lista 71 del Partido Nacional. Incluso Zoulamian fue electo diputado (suplente) por esa colectividad política en la última elección nacional e ingresó varias veces a sala para participar del debate parlamentario y de las comisiones.

En 2014, el panorama cambió y el rentable negocio de otorgar préstamos comenzó a complicarse. La calesita financiera creada por PYX SA no pudo mantenerse y la empresa comenzó a generar deudas con sus acreedores; la firma no pudo devolver el dinero ni pagar los intereses generados por los préstamos recibidos. La plaza financiera quedó cubierta de los cheques librados para financiar la operativa y los acreedores comenzaron a presionar exigiendo la inmediata cancelación de sus créditos, bajo la amenaza de iniciar acciones judiciales, por lo que PYX SA decidió presentar un pedido de concurso voluntario ante la Justicia.

En este sentido, las deudas contraídas por Zoulamian refieren a personas físicas con distinta capacidad económica, desde empresarios con mucho capital hasta trabajadores de clase media o media baja que aportaban pequeños ahorros con la expectativa de obtener una ganancia mensual a partir del pago de intereses. Por ejemplo, entre esos acreedores está una maestra que entregó 3.000 dólares y aún no pudo recuperarlos.

Ante el juez de Concurso de 2º Turno, Álvaro González González, PYX SA presentó una lista de 25 acreedores, entre particulares, empresas y la Dirección General Impositiva (DGI) por un monto total de 149.322.310 pesos (unos 5,5 millones de dólares). La deuda menos onerosa es con la DGI, al tiempo que a 15 acreedores les adeuda cifras de entre 1.100.000 pesos y 17.100.000 pesos; además, se reconoció una deuda con los propietarios de una importadora por 65,2 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares). Asimismo Zoulamian tendría deudas particulares por una cifra similar.

Para cubrir la deuda, PYX SA presentó como garantía varios inmuebles de su propiedad, entre ellos, un edificio de ocho unidades ubicado en bulevar Artigas e Itapebí, cuyos apartamentos han sido arrendados indistintamente, y un apartamento en el edificio Las Marguerites de Punta del Este (Maldonado), así como un auto. Sin embargo, algunos acreedores dijeron a Caras y Caretas Portal que estos bienes no serían suficientes, ya que no cubren el monto total, al tiempo que los mismos estarían hipotecados o tendrían importantes deudas de contribución inmobiliaria y gastos comunes. En este caso, el juez González González convocó a una junta de acreedores para fines de octubre con el objetivo de definir la posibilidad de un acuerdo entre estos y el deudor.

Sin embargo, la preocupación del exdiputado nacionalista pasa por otro lado, dado que varios de los acreedores cumplieron su palabra y ejecutaron los cheques. En este marco, tres jueces penales (Ricardo Míguez, María Noel Odriozola y José María Gómez) indagan en simultáneo los negocios del escribano Zoulamian y su financiera PYX SA por el presunto delito de estafa, tras la presentación de diversas denuncias penales por el supuesto libramiento de cheques sin fondos. Zoulamian ya declaró ante la Justicia Penal en relación a dos cheques sin fondo, al tiempo que fue citado en otras dos causas por cheques que no pudieron cubrirse.

Los procesos judiciales

La audiencia fijada para los primeros días de agosto no llegó a concretarse. En esa oportunidad, Zoulamian presentó un certificado médico en que señalaba su imposibilidad de asistir al juzgado, por lo que la misma debió suspenderse. Finalmente, el viernes 18 de agosto, el juez Penal de 5º Turno, Ricardo Míguez, y la fiscal Brenda Puppo interrogaron al exparlamentario por dos cheques sin fondos por un monto total de 100.000 dólares. En esa instancia, el denunciado explicó que tenía problemas económicos, que su intención era pagar, pero no se llegó a un acuerdo concreto con los denunciantes. Por este motivo, el expediente pasó a estudio de la Fiscalía.

Sin embargo, otros procesos judiciales contra Zoulamian continúan su trámite. En efecto, la jueza Penal de 20º Turno, María Noel Odriozola, dispuso su citación para el próximo 27 de setiembre, en torno a una denuncia penal presentada en su contra. Asimismo el juez Penal de 5º Turno, José María Gómez, resolvió la citación de Zoulamian y de su socia, Claudia Seijas, en torno a una serie de cheques sin fondos a nombre de PYX SA, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.

Hasta el momento, las denuncias penales contra Zoulamian y PIX SA refieren a una decena de cheques sin fondos por poco más de 500.0001 dólares. La mayoría de los cheques -casi 90%- están en poder de Recupero SRL, una empresa con amplia trayectoria en plaza en el cobro con cheques, dirigida por Leonardo Miller y el abogado Héctor Grimoldi, que litiga en nombre de varios de los acreedores de Zoulamian y PYX SA.

Pero, en los próximos días, las denuncias penales contra Zoulamian y PYX SA podrían aumentar en forma considerable. Según pudo saber Caras y Caretas, un empresario tiene en su poder cheques firmados por Zoulamian por un monto de casi 2,5 millones de dólares, los cuales estarían próximos a ejecutarse. De esta forma, se podrían abrir un nuevo flanco judicial contra el escribano por una cifra difícil de cubrir.

En este contexto, el exdiputado nacionalista trabaja en busca de un acuerdo con sus tres principales acreedores en procura de una solución, lo que derivó en una reunión entre los representantes de las partes. “Estos tres acreedores son lo que mueven la pelota”, dijo una fuente cercana a Zoulamian a este medio. La reunión se concretó el lunes 28, sobre el mediodía. Allí sus abogados insistieron en su voluntad de pago, pero que no podía hacer frente al total de la deuda. Se ofreció cubrir 50% de la deuda, pero hasta ahora no existe un trato.

La búsqueda de un acuerdo con los acreedores es fundamental para Zoulamian, en atención de la relevancia que el mismo tiene en la órbita penal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Cheques (Ley 14.412). El artículo 59 de esta norma establece que la pretensión penal “se extinguirá si se efectuare el pago del importe del cheque, los intereses bancarios corrientes por las operaciones activas, los gastos y los honorarios arancelarios que se hubieren ocasionado”, siempre y cuando ese pago se efectúe antes de que se formule la acusación por parte del Ministerio Público. O sea, antes de que la Fiscalía solicite la condena del deudor. Pero Zoulamian pretende no llegar a esta etapa.