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El gobierno de Chile rechazó las conclusiones del informe publicado por Amnistía Internacional, que reveló la existencia de múltiples violaciones a los derechos humanos debido al actuar de la policía y las Fuerzas Armadas durante las múltiples manifestaciones ciudadanas.
«El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes», comunicó la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, Lorena Recabarren, en conferencia de prensa.
Asimismo, señaló que el Ejecutivo «ha tenido una política de resguardo y protección de los derechos humanos, lo que ha sido, desde el primer día, declarada y reiterada por todas nuestras autoridades».
Recabarren aseguró que el informe de Amnistía «incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del estado de derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos».
El estudio del organismo reveló entre otras cosas que, tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros «han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población chilena, usando de manera innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar a aquellas personas que valientemente continúan en las calles exigiendo legítimamente sus derechos».
Ademas, consignó la existencia de cinco personas fallecidas a manos de uniformados y 2.400 personas heridas con distintos tipos de armas, 287 de las cuales presentan traumas oculares graves.
