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Si la vara cambia según quién tenga la camiseta puesta, no estamos combatiendo la corrupción: estamos aprendiendo a convivir con ella.
Hay algo peor que el dinero público mal utilizado: la costumbre de utilizarlo mal y que, después, todos hagamos como si nada hubiera ocurrido.
Si Uruguay no se ha indignado lo suficiente con el caso Gonzalo Gómez/Pablo Leiva, es porque ha naturalizado la corrupción.
El lunes 5 de octubre presentamos ante la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas dos solicitudes de investigación que tienen un mismo origen y una misma preocupación: saber qué está ocurriendo realmente con los recursos públicos destinados a ediles, asesores, secretarios y funcionarios que trabajan en las 19 Juntas Departamentales.
No acusamos a todos; no decimos que todos hagan lo mismo ni confundimos una sospecha con una condena. Pedimos algo mucho más sencillo: que se controle; porque cuando hablamos de dinero público, la pregunta no debería ser quién lo administra, sino para qué se utiliza.
El caso de Gonzalo Gómez y Pablo Leiva fue el detonante. El propio edil reconoció que su asesor cobraba unos 52.000 pesos mensuales y que durante varios meses no tuvo tareas asignadas. El Partido Nacional terminó suspendiendo a Gómez por dos años y aceptó su compromiso de devolver a la Junta Departamental el dinero pagado por tareas que no fueron realizadas. Es una decisión que considero correcta.
Más aún: creo que es saludable que un partido político sancione a uno de sus representantes cuando entiende que utilizó incorrectamente recursos públicos. Pero es lamentable que la vara no sea la misma para todos. Si estamos de acuerdo en que utilizar dinero público sin una contraprestación efectiva constituye una conducta éticamente reprochable, entonces debemos estar preparados para mirar hacia todos los rincones del Estado, aunque allí encontremos amigos, adversarios, compañeros o dirigentes de nuestra propia familia política.
Si la vara cambia según quién tenga la camiseta puesta, no estamos combatiendo la corrupción: estamos aprendiendo a convivir con ella.
Por eso resulta imposible no recordar nombres como los de Pablo Iturralde, Carlos Albisu, Guillermo Besozzi, Pablo Caram y Valentina Dos Santos, entre muchos otros.
No estoy diciendo que las situaciones sean idénticas. No lo son. Tampoco estoy sustituyendo a la Justicia ni atribuyendo responsabilidades que correspondan determinar a los tribunales. Pero sí sostengo que la ética pública no puede funcionar como un interruptor que se enciende cuando conviene y se apaga cuando incomoda.
Con Gonzalo Gómez se aplicó una suspensión política y se exigió la devolución del dinero. Bien. Lo que lamento es que no se haya procedido con el mismo rigor en otros episodios que también involucraron recursos públicos, decisiones políticas o responsabilidades de dirigentes.
El caso de Artigas debería obligarnos a una reflexión todavía más profunda. La Justicia condenó a Pablo Caram por omisión de denunciar irregularidades y a Valentina Dos Santos por usurpación de funciones. El escándalo estuvo relacionado con el pago de horas extras en la Intendencia y las cifras difundidas fueron enormes: aproximadamente U$S 8 millones en horas extras entre 2020 y 2022.
Ocho millones de dólares.
No ocho millones de pesos.
Ocho millones de dólares.
Si alguien pregunta cuánto deberían devolver al pueblo de Artigas los jerarcas involucrados, la respuesta responsable es que primero debe determinarse judicial y administrativamente qué pagos fueron efectivamente indebidos y quiénes resultaron responsables de ellos. Pero la pregunta debe hacerse; porque el dinero no era de ningún jerarca ni de ningún partido. Era del pueblo de Artigas.
Como sea, el actual intendente, Emiliano Soravilla, ha vuelto a acomodar a Dos Santos y Caram. Pese a la condena judicial, Valentina Dos Santos es secretaria general de la Intendencia, y Pablo Caram director del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Artigas. Pero si el pueblo de Artigas no ha salido a copar las calles para protestar por semejante aberración, hay que decir que el pueblo ha naturalizado la corrupción y la acepta sumiso, porque los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.
Es preocupante e indignante el abuso de los políticos artiguenses; pero la tolerancia y pasividad popular es tan peligrosa como el abuso mismo.
Cuando un peso público se pierde, no desaparece: lo paga alguien. Lo paga el ciudadano que espera meses por una obra. Lo paga quien necesita una calle reparada. Lo paga quien reclama un medicamento, una policlínica, una escuela, una vivienda o una respuesta que nunca llega.
Por eso las notas presentadas por 36 uruguayas y uruguayos de diferentes departamentos del país ante la JUTEP y el Tribunal de Cuentas no se limitan al episodio Gómez-Leiva. Hay algo más grande detrás.
En Montevideo, cada edil dispone de una partida de aproximadamente 262.000 pesos mensuales para secretarios o asesores. Multiplicada por los 31 ediles, esa cifra puede representar más de 8 millones de pesos mensuales y casi 100 millones al año, sin contar otros mecanismos como los pases en comisión.
¿Quién controla que esas personas trabajen?
¿Quién verifica qué hacen?
¿Quién comprueba que el dinero que figura en los contratos sea efectivamente el dinero que reciben?
¿Quién controla que una persona remunerada con fondos públicos no termine realizando tareas partidarias o sectoriales?
¿Quién controla a los funcionarios en comisión?
Y, sobre todo, ¿qué ocurre en las otras dieciocho Juntas Departamentales?
Una democracia seria no debería necesitar un escándalo para comenzar a controlar.
Las propias declaraciones públicas de algunos ediles han planteado dudas inquietantes sobre asesores que realizan actividades para sectores políticos, funcionarios que prácticamente no tienen tareas asignadas y mecanismos cuyo control parece, como mínimo, insuficiente.
Si todo está en orden, magnífico; pero que se demuestre. Que aparezcan los contratos, las tareas, los controles, los comprobantes, las rendiciones y las responsabilidades. Que cada peso tenga detrás una función pública concreta y si algo está mal, que se corrija.
Eso es precisamente lo que estamos pidiendo. No queremos una cacería política. Queremos control institucional. No queremos que se condene a nadie antes de tiempo. Queremos que los organismos que tienen competencia investiguen. No queremos una justicia selectiva. Queremos una ética que no pregunte primero de qué partido es el sospechoso; porque la corrupción no cambia de color cuando cambia de partido y el dinero público tampoco.
Por eso celebro la sanción a Gonzalo Gómez. Y precisamente porque la celebro, quiero que ese criterio se convierta en regla y no en excepción.
Muchos han usado este episodio para replantear que los ediles no deben ser honorarios. Podemos discutirlo; pero lo que no acepto es utilizarlo como explicación o excusa de una eventual utilización indebida de las partidas públicas. Nadie está obligado a ser edil; y mucho menos está obligado a apropiarse de lo que no le corresponde. Si alguien roba siendo edil, lo que pueda robar cuando sea director de una empresa pública, diputado, senador, ministro o presidente, no está escrito.
Mientras el artículo 295 de la Constitución diga que los ediles deben ser honorarios, debemos combatir esa práctica de desvirtuar el destino de las partidas asignadas para el funcionamiento de las bancadas. Los sueldos encubiertos no admiten excusas. La Carta Magna es clara y no admite en este punto dos lecturas, así que cualquier moneda del erario que termine en el bolsillo de un edil, es corrupción.
Nadie cuestiona que se paguen viáticos cuando corresponda; por ejemplo, si el curul debe desplazarse a otra ciudad. En tal caso, es justo que se le pague combustible o pasajes, restaurante y alojamiento… Pero si se toma un pinche café y no presenta la boleta, que se lo pague él mismo.
La gente está comenzando a hartarse de que se meta mano al erario de manera descontrolada; pero ese hartazgo no es malo.
Ese hartazgo es lo que Uruguay necesita para poner las cosas en su sitio y convertirse en un país digno de respeto.