Este lunes, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, compareció ante un tribunal británico, donde deberá hacer frente a la solicitud de extradición presentada en el mes de mayo de 2018, por el Gobierno de EE. UU.
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Estados Unidos acusa al periodista de 18 presuntos delitos de espionaje y conspiración para cometer intrusión informática.
La jueza Vanessa Baraitser escuchará los argumentos que se aporten para definir una decisión con respecto al pedido de extradición solicitado.
El periodista ha afirmado que de aprobarse la extradición enfrentaría un juicio con claras motivaciones políticas a partir de las acciones de denuncia que realizara sobre las actuaciones de Estados Unidos en Irak y en el mundo, en general.
En caso de aprobarse la extradición, Assange podría enfrentar hasta 175 años de prisión.
La abogada defensora Jennifer Robinson, ha señalado, según reporta Reuters, que este caso podría conducir a la criminalización de actividades cruciales para los periodistas de investigación y que su trabajo ha proporcionado revelaciones sin precedentes sobre la forma en que Estados Unidos llevó a cabo sus guerras en Irak y Afganistán.
«Estamos hablando de asesinato colateral, pruebas de crímenes de guerra», dijo. «Son un recurso extraordinario para aquellos de nosotros que buscamos hacer que los Gobiernos rindan cuentas de los abusos».
El equipo de abogados de Assange expresaron que argumentarán la persecución política que sustenta el pedido norteamericano, algo que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Gran Bretaña no habilita.
Además de toda la argumentación jurídica correspondiente, el equipo de trabajo para la defensa de Assange presentaá pruebas médicas, variadas denuncias públicas de figuras políticas de Estados Unidos y los detalles del caso de Chelsea Manning, exanalista de Inteligencia que fuera condenada por un consejo de guerra del ejército de Estados Unidos en 2013 por espionaje y otros delitos por filtrar cables secretos a WikiLeaks.
En el supuesto de que se acepte la extradición por parte de la jueza, la misma deberá ser aprobada por la secretaria del Interior (ministra del interior en Reino Unido) Priti Patel.
El equipo defensor tiene además, en caso de un fallo adverso, el derecho de apelar al Tribunal Superior de Londres y posteriormente al Tribunal Supremo, máximo organismo judicial de Reino Unido.