El 1 de enero de 2015, Dilma Rousseff tomó posesión de su segundo mandato al frente de la presidencia de Brasil. Las urnas también le habían dado continuidad a la vicepresidencia de Michel Temer. Pero algo se había salido del carril ordinario por el que transcurren esas etapas: la corrupción política ya estaba siendo investigada por la Justicia de ese país. El PSDB, partido derrotado en la campaña de 2014, denunció ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la fórmula Rousseff-Temer había recibido dinero de «propinas» (coimas), beneficiándose del esquema de corrupción de Petrobras. Esa investigación siguió su curso y ahora entra en una etapa final, en la cual se dilucidará si fue o no de esa manera que se financió la fórmula que resultó ganadora. De comprobarse la denuncia, Michel Temer no podría seguir al frente de Planalto, cargo que ocupa luego del juicio político que destituyó a Dilma Rousseff (31 de agosto de 2016). El futuro de Rousseff también se vería afectado, ya que se le mantienen los derechos políticos a pesar que la normativa marca lo contrario. Pues, de salir un fallo favorable a la denuncia del PSDB, Rousseff será suspendida por ocho años de ser electa para cargos públicos. Este juicio, que liderará el presidente del TSE Guilar Mendes, constará de cuatro sesiones y no se sabe cuándo será la sentencia. Previéndose un alto número de concurrentes (el juicio es público y ya hay cerca de 200 periodistas acreditados de los que sólo podrán ingresar un 10%), la Corte Electoral instaló pantallas gigantes en dos auditorios. La medidas de seguridad también serán excepcionales: sólo se permitirá ingresar por la entrada principal, ya que los otros accesos estarán bloqueados. A su vez, la Policía Militar intensificará el patrullaje, no sólo en el TSE sino también en edificios cercanos como el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Superior de Trabajo.
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