La comunidad garífuna en lucha contra el capital privado en Honduras

En Honduras, el presunto procedimiento policial en que se detiene a cuatro líderes comunitarios ha encendido las alarmas a nivel internacional. Desde el pasado 18 de julio no se tiene noticia de las personas que han sido sustraídas de la comunidad garífuna y las autoridades niegan tenerlos en su poder. Estos hechos sumados a los asesinatos y otros hechos de violencia contra las comunidades residentes en territorios protegidos muestran que hay poderosos intereses económicos detrás de esta ola de violencia que ya lleva varios años.

La comunidad garífuna en lucha contra el capital privado en Honduras

Por Germán Ávila

Caras y Caretas habló con Rony Castillo, quien -desde Estados Unidos- pertenece a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que tiene, entre otras tareas, la difusión de los hechos sistemáticos en contra de la comunidad garífuna y, en su nombre, contra todos los procesos sociales hondureños.

La comunidad Garínagu, que es como se denomina el colectivo compuesto por los garífunas, es particular en su composición, se formó de la unión de los indígenas sobrevivientes a la colonia, que se mezclaron con los africanos esclavizados por los contrabandistas. Se fusionaron y establecieron en varias zonas de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belice, San Vicente y las Granadinas y, producto de la emigración económica, Estados Unidos, que alberga un importante número de representantes de esta comunidad en varios estados.

 

La narración de Rony Castillo

“Este es un momento trágico para la vida de nuestra gente, somos un pueblo de identidad mixta negra e indígena, hablamos una lengua indígena netamente, somos de los pocos pueblos negros que habla lengua indígena y no créole.

Hemos sido objeto de usurpación y desplazamiento, no solo con la venia del Estado, sino a veces por parte del Estado mismo, que patrocina y promueve la venta de las tierras garífunas, de las que hay 47 en Honduras. Llevamos mucho tiempo luchando por el territorio, pero lo actual es que el pasado 18 de julio, cuatro compañeros fueron sustraídos a la fuerza de sus casas muy temprano en la mañana, un poco antes de las seis, cuando llegó un grupo de hombres armados con vestimenta policial, por lo que les fue muy fácil sacarlos de sus casas y llevárselos.

El grupo armado iba con prendas de la Policía y la Policía de Investigación, entraron a la fuerza y se llevaron a cuatro personas, entre las que está el presidente del patronato de la comunidad del Triunfo de la Cruz en la bahía de Tela, Sneider Centeno.

Hay una cosa muy importante, nosotros responsabilizamos al Estado por este secuestro, porque el Triunfo de la Cruz, en 2015 ganó una sentencia contra el Estado de Honduras, en la que se ordena el saneamiento y la devolución de las tierras que fueron vendidas a terceros en operaciones comerciales ilegales. Esta era la lucha que tenían Sneider y los otros compañeros.

Es muy preocupante, porque estos hechos no están aislados de los hechos de violencia ocurridos contra las comunidades garífunas en los últimos años. La comunidad de Punta Piedra, en el departamento de Colón, también ganó una sentencia en la misma dirección que la de Triunfo de la Cruz. Estas demandas fueron ganadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de ser presentadas por Ofraneh, que es la encargada de liderar la resistencia ancestral en defensa del territorio.

En 2019 fue asesinada la presidenta del patronato de Masca, Mirna Teresa Suazo, quien luchaba en defensa de su territorio en contra de un megaproyecto hidroeléctrico que afectaba fuertemente a su comunidad. Ya antes habían atentado contra Omar Suazo, presidente del patronato Sambo Creek, quien había sido herido con arma blanca, y en un proceso lleno de inconsistencias fue procesado y estuvo privado de la libertad por la muerte de uno de sus atacantes.

En medio de la crisis generada por la pandemia, Edwin Fernández, miembro de Ofraneh en la comunidad de Río Tinto, fue asesinado en el interior de su vivienda y delante de su familia. El 19 de junio fue hallado sin vida y con evidentes signos de tortura y disparos en su rostro Antonio Bernárdez, de 71 años, luego de haber sido reportado como desaparecido seis días antes. Entonces, todos estos acontecimientos no son aislados, responden a intereses de grandes empresarios canadienses que están construyendo complejos turísticos pasando por arriba de las comunidades de la bahía de Trujillo.

Por otro lado, la comunidad también se enfrenta a los proyectos de monocultivo de palma de aceite, por los que fue envenenado el río Aguán, en la comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguán. Hay persecución, criminalización y violencia contra la comunidad garífuna, por eso le exigimos al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia de la CIDH.

Además de eso, nosotros exigimos que se haga una investigación independiente sobre los hechos que han ocurrido contra la comunidad garífuna, pues no confiamos en las investigaciones hechas por el Departamento Policial de Investigación, estamos seguros de que ellos han sido penetrados por el crimen organizado.

Por ahora, el gobierno solo ha emitido algunos comunicados con mentiras, pero no salen a dar una información concreta sobre la situación especial de las personas que fueron sacadas a la fuerza de sus casas, y de las que exigimos que las regresen con vida, tal y como se las llevaron”.

 

El rey del porno

Aunque parezca que nada tuviese que ver un tema con otro, uno de los principales involucrados en la disputa por la tierra en la bahía de Trujillo en Honduras es Randy Roy Jorgensen, ciudadano canadiense que hizo su fortuna con la industria de la pornografía y fue el encargado de formar una sociedad que fue realizando acuerdos comerciales de compra de tierras en territorio protegido e inalienable de la comunidad garífuna.

El proyecto de Jorgensen iba encaminado a desalojar a la comunidad de la bahía para construir un complejo turístico que incluía hoteles y muelles para la llegada de cruceros y yates. El argumento usado para el establecimiento del proyecto es el mismo que aquel al que se echa mano cada vez que se desplaza una comunidad a favor de los grandes intereses económicos, y es que estos proyectos beneficiarían grandemente a los habitantes de la bahía, que quedarían sin acceso al mar y aislados tras vallas y muros, pero podrían ser los empleados del complejo turístico.

Finalmente, la CIDH falló a favor del pueblo garífuna y ordenó al Estado hondureño regresarles las tierras a sus legítimos dueños. Es ahí donde se desarrolla la otra parte de la problemática, ya que no es el capital privado contra las comunidades, es el capital privado con las herramientas del Estado contra las comunidades, lo que complica mucho la situación de los garífunas. La mayor parte de la violencia contra la comunidad se ha desarrollado con la intervención o la anuencia de los agentes estatales.

Por otro lado, la fuerte presencia de las pandillas y el crimen organizado termina convirtiéndose en la careta de la que se aprovecha la violencia del capital para atentar contra las comunidades. Entonces los asesinatos y actos de violencia funcionales a los intereses económicos terminan siendo presentados como hechos de violencia aislados de la lucha por el territorio, como represalias de grupos armados, riñas o hechos incontrolables e inexplicables producto de las dinámicas de la ilegalidad.

Al cierre de la presente edición, no se conocía noticia sobre el destino de los cuatro líderes secuestrados, mientras que uno de los principales reclamos por parte de la comunidad es que los grandes medios dejen de especular sobre su muerte y las autoridades respondan por su paradero, regresándolos sanos y salvos al seno de sus hogares.

Por parte de la comunidad garífuna, es muy importante que los dueños del gran capital comprendan que el concepto de desarrollo local no está vinculado con el desarrollo que ofrece el capital privado, que absorbe bajo condiciones de precariedad a las comunidades y las pone a vivir como prisioneros en su propio territorio, mientras pierden la posibilidad del disfrute y autonomía sobre el mismo. Esto se resume en la frase pronunciada ante las cámaras de Solidarity Network por parte de uno de los manifestantes que en 2015 estuvo presente en el juicio contra Jorgensen: “[…] no creemos en un desarrollo que viene de afuera, ese es el desarrollo para ellos, pero no para nosotros; nuestro desarrollo viene de nosotros mismos”.

 

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