Conflicto en el fútbol: Intereses enfrentados

Por Mauricio Pérez y Edgardo Buggiano   La versión estaba instalada desde hacía varias semanas y se concretó sobre las últimas horas del lunes 16. “Los jugadores profesionales del medio local no participaremos en los torneos oficiales que se encuentran en disputa hasta tanto no se lleve a cabo la asamblea extraordinaria requerida y se cumpla lo allí resuelto democráticamente”. El paro estaba decretado. La tensa relación entre los jugadores de fútbol nucleados en el colectivo #MásUnidosQueNunca (MUQN) y la directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) hacía prever este desenlace. El colectivo inició su movilización en octubre de 2016, dos meses después de las elecciones en las que Enrique Saravia fue reelecto presidente de la MUFP, con un reclamo similar al de los jugadores de la Selección uruguaya: el control de los derechos de imagen y una mejora en el precio que reciben los deportistas por este concepto. Los futbolistas esgrimieron que no se sentían representados por la forma en que Saravia y la MUFP manejaron diversos asuntos, en su mayoría vinculados con la relación comercial con la empresa Tenfield SA. Eso generó una división interna. Dos posiciones antagónicas, que fueron polarizando su postura, con invitaciones al diálogo que escondían veladas declaraciones de guerra. La decisión de la jueza Civil de 2º Turno, Cecilia Schroeder, de no intervenir el gremio por las presuntas irregularidades denunciadas por MUQN, precipitó los acontecimientos. Los futbolistas justificaron la medida en la falta de respuestas a sus planteos. “Sentimos que nadie nos escucha. Sólo la gente en las canchas que aplaude cuando sacamos las pancartas”, dijo Matías Pérez, uno de los voceros de MUQN, al programa Tiempos de fútbol de Sport 890. La molestia apuntaba al fallo judicial y a una supuesta actitud prescindente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al resolver un planteo efectuado por el colectivo para remover a la comisión directiva presidida por Saravia. Por eso, los futbolistas decidieron jugar fuerte y aprobaron un paro hasta que se convoque una asamblea que analice la continuidad de Saravia y sus compañeros en sus cargos y que se aplique lo que la asamblea decida. “Nuestra única vía interna de expresión democrática en la institución es la asamblea, y por ello recurrimos nuevamente a solicitarla. […] La comisión directiva tiene en sus manos el evitar que se perjudique el normal desarrollo de la actividad profesional oficial, así como seguir ocasionando graves perjuicios a sus propios asociados y a las familias que dependen de nuestro fútbol”, dice el comunicado. Sin embargo, el conflicto entre los jugadores y la MUFP es el punto focal de otro que subyace y que, cada tanto, vuelve a la superficie: la distribución del dinero que genera el fútbol profesional en Uruguay, en particular, por los derechos de televisión. En este contexto, el paro de los jugadores se concreta días después de que trascendiera que Tenfield SA procura extender el contrato que la une con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hasta el año 2032.   La vía legal El amparo judicial presentado por el colectivo de futbolistas solicitaba la “remoción provisional” de la directiva de la MUFP y la designación de un veedor, auditor y/o interventor que analice el cúmulo de irregularidades en su actuación. El pedido se basaba en diversos puntos: el incumplimiento del plazo establecido para la convocatoria de una asamblea extraordinaria; falencias en la confección de las actas de asamblea, en particular, la que se realizó el 10 de febrero de 2017; la presencia en la comisión directiva de dos personas (Braian De Barros y Pablo Munhoz) que no reúnen la calidad de socios activos; y que la directiva presentó denuncia penal contra cinco jugadores sin consultar previamente a los socios. Se trataba, en efecto, de los mismos argumentos utilizados en el recurso administrativo interpuesto ante el MEC (que aún está en plazo de ser resuelto). Sin embargo, la jueza Schroeder desestimó el pedido de amparo al considerar que los futbolistas no agotaron las vías internas para la solución del conflicto y que no se percibía en qué forma un interventor podía solucionarlo.   “En la medida en que no se probó haber movilizado los mecanismos internos previstos en el estatuto para la subsanación de las irregularidades denunciadas, la medida solicitada carece del carácter de ‘imprescindible’ para la tutela del derecho previsto en el orden jurídico”, señala el fallo, al que accedió Caras y Caretas. No obstante, la jueza no se pronunció sobre el fondo del asunto, pese a lo cual el fallo fue celebrado por Saravia y el resto de la directiva y considerado un respaldo a su actuación. Ante esto, el colectivo MUQN decidió movilizar nuevamente “los mecanismos internos” y solicitó que se convoque a una asamblea extraordinaria -prevista en el artículo 24 del estatuto- para analizar un punto clave en el conflicto: la renuncia de toda la comisión directiva. “No admitiremos modificación alguna del orden del día, ya que se estaría violentando lo dispuesto por nuestro estatuto y tomaremos como inválido lo actuado por la comisión directiva”, señaló el comunicado. El martes, la MUFP aceptó la convocatoria, pero declinó tratar el asunto como “de extrema gravedad”, por lo que -hasta el cierre de esta edición- no existía una fecha concreta para realizarla. Pero Saravia y otros integrantes de la directiva, como Héctor Morán, descartaron la posibilidad de renunciar y afirmaron que terminarían su mandato sea cual sea la resolución de la asamblea. “En los estatutos no está previsto [la destitución]. Dice que toda directiva que fue elegida democráticamente tiene que terminar su mandato”, afirmó Saravia al programa 100% deporte de Sport 890. El colectivo, sin embargo, tiene otra postura. Argumentan que la asamblea es la máxima instancia del gremio y que la directiva debe acatar sus decisiones. Pero además estudian aplicar algunos de los argumentos del fallo de la jueza Schroeder, que planteó una posible “hoja de ruta” para lograr la destitución de Saravia. “Ante la eventual ocurrencia de irregularidades graves de integrantes de la comisión, podría promoverse internamente ya sea la suspensión o pérdida de la afiliación prevista en el estatuto (capítulo IV) -que es natural y lógico que deba alcanzar a los propios miembros de la comisión directiva-. Podía también promoverse la adopción de medidas disciplinarias previstas en el capítulo XVII”, escribió la jueza. “Todo ello aun cuando la cuestión a dirimir en el ámbito interno involucrara a la actuación de la propia comisión directiva, cuyos miembros no gozan ni legal ni estatutariamente de inmunidad o impunidad alguna, sino que -al menos- debe exigírseles la misma calidad de actuación que se le exige a cualquier otro socio. Que sean los integrantes de la comisión directiva quienes sean objeto de denuncia que ameritare sanciones disciplinarias o medidas de suspensión previstas en el estatuto no vuelve impracticables los mecanismos previstos en el estatuto, debiendo -en su caso- abstenerse los denunciados si fueren los integrantes naturales del órgano resolutivo según estatuto y ser debidamente sustituidos al efecto por los subrogantes respectivos que integrarán el órgano que deba adoptar resolución”, añadió.   Una decisión polémica El paro de los futbolistas generó reacciones en distintos ámbitos. El Consejo Ejecutivo de la AUF decidió no intervenir por tratarse de un conflicto interno de un gremio. Distinta fue la postura de los clubes. En una reunión de presidentes, se decidió, por unanimidad, fijar la fecha del campeonato sin cambios, ya que entienden que no son parte del conflicto. En caso de que los jugadores mantengan la decisión y no se presenten, se volverá a convocar a una asamblea de la AUF con carácter de grave y urgente para decidir posibles medidas a adoptar. Según el estatuto del jugador, no presentarse a un partido se considera “una falta grave” y puede acarrear una sanción económica. Según el artículo 19 del estatuto, la sanción puede llegar a la retención de entre 20% y 35% del sueldo. La aplicación corresponderá a cada club. Algunos clubes plantearon, además, la posibilidad de enviar a los futbolistas al seguro de paro, pero eso tendría algunos inconvenientes. Por ejemplo, el envío al seguro de desempleo no integra el elenco de sanciones aplicables a los futbolistas y, para concretarla, los clubes deben estar al día en el pago de sueldos. Y estar al día, en este caso, implica pagar todo el sueldo y no sólo el subsidio -pago mínimo- que permite a los clubes seguir participando del torneo. Ejercer este mecanismo podría implicar un despido indirecto del futbolista, con la obligación de pagarle una indemnización. Por este motivo, comenzó a tomar fuerza entre algunos dirigentes la posibilidad de denunciar el convenio entre la AUF y los futbolistas, lo que complicaría aun más la situación porque podrían caer los contratos de los jugadores.   Pero el conflicto también llegó al ámbito político. La Comisión Especial de Deportes de la Cámara de Representantes decidió intervenir y convocó a las partes (MUFP y MUQN) para interiorizarse de la situación y abrir un camino de diálogo. Ambas partes comparecieron este jueves, por separado, y presentaron su postura. A esto se sumó una reunión de Valdez con el senador y expresidente de la República José Mujica, en la que le pidió mediar en el conflicto por su buen vínculo con Saravia y con algunos integrantes de MUQN. Mujica aceptó la propuesta siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo en abrir el diálogo. Y no descartó realizar alguna llamada a jugadores que están en el exterior. En el fondo, todos saben, que el problema es más importante que la actual directiva.   El trasfondo El colectivo MUQN apuesta –según sus integrantes- a impulsar una mejora general en el fútbol uruguayo. Se reclama una transformación que mejore las condiciones de trabajo y que termine con la situación de penuria de varios futbolistas, que sufren atrasos en el cobro de sus salarios. También una mejora de la infraestructura para la práctica del deporte profesional (vestuarios, baños, canchas) y de seguridad para los espectadores y todos los partícipes del espectáculo. Para esto se necesita dinero. Y allí está un punto central, que el colectivo planteó en un comunicado divulgado el lunes 9 de octubre: “Exigimos participación en mecanismos transparentes de negociación a los efectos de transformar nuestro fútbol en un producto de calidad, en el que los beneficios económicos lleguen efectivamente a todos los que trabajamos en esta actividad y se vea ello reflejado en la mejora de las condiciones y servicios”. Ese comunicado se iniciaba con casi una declaración de principios: “Somos cientos de futbolistas profesionales dispuestos a modificar un sistema perverso, en el que la necesidad y el abuso de poder son herramientas cotidianas utilizadas impunemente, sin respetar en absoluto los derechos de los actores de esta actividad”. Esa postura pareció una respuesta a una noticia que trascendió hace unos días: el empresario Francisco Paco Casal y la empresa Tenfield SA habían iniciado gestiones para extender el contrato por los derechos de televisión del fútbol uruguayo hasta 2032. La propuesta suponía una mejora del 30% en el dinero que se paga a las instituciones desde el momento de la firma del nuevo contrato. Incluso, Casal mantuvo una reunión con el presidente de la AUF, Wilmar Valdez, para interiorizarlo de la idea. En esa reunión, Valdez le afirmó que toda propuesta debía presentarse por escrito. Que la información se hiciera pública generó la reacción de los futbolistas del medio local, pero también de los principales referentes del actual proceso de selecciones nacionales: Diego Lugano y Diego Godín, a quienes la directiva de la MUFP acusa de ser los hacedores del colectivo. En una entrevista con el programa Fox Sports Radio, Lugano fue categórico: “Es una barbaridad […] Es tragicómico. No existe en el mundo”. “Los derechos hoy se venden cada tres o cinco años con licitaciones públicas, con llamado a interesados […] ¿Cómo vas a vender un producto que no saben hoy cuánto vale? No van a saber cuánto vale en 2032”, afirmó. Lugano dijo que sus dichos no eran una alusión a la empresa Tenfield SA y que ojalá la dueña de los derechos fuera “una empresa uruguaya”, pero “que pague lo que paga el mercado”, ya que el fútbol uruguayo factura entre 40 y 50 millones de dólares por año en concepto de abonados. Un planteo similar realizó GodÍn en el programa La caja negra de Tevé Ciudad: “Los futbolistas no están peleando contra Paco Casal, lo que pasa es que en los caminos hay un punto de encuentro donde chocan intereses, y él es dueño de una empresa y nosotros luchamos por nuestros derechos que creemos que son legítimos; creemos que tenemos la razón, y ahí es donde existe ese conflicto”, señaló Godín. Un problema de derechos, en cuyo fondo está en juego cómo se reparte el dinero que genera el fútbol uruguayo.