Consummatum est

Finalmente los vaticinios se cumplieron. Con menos de 24 horas de diferencia, el Senado de Brasil aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Michel Temer, mientras el juez Sergio Moro condenaba al expresidente Luis Inácio Lula Da Silva a nueve años y medio de prisión.   Curiosa sincronía la de ambas operativas, aunque ninguna de ellas sea novedosa. La reforma laboral sancionada por la cámara alta ya había sido aprobada por el parlamento en el mes de abril. Por su concepción restauradora, da por tierra con la legislación aprobada durante los dos gobiernos de Getulio Vargas (1930-1945 y 1951-1954) y en el mandato de Joao Goulart (1961-1964).   La restauración neoliberal La reforma aprobada por el Senado brasileño flexibiliza las normas de contratación y las rescisiones de contratos y pone las convenciones y los acuerdos colectivos por encima de la normativa legal. Se implanta la jornada de doce horas y se autoriza a los empleadores a pagar salarios sobre una base diaria, ya no mensual. De acuerdo a la nueva legislación, el empleador convocará al trabajador con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo, sin que fuera de ese lapso se genere ningún tipo de obligación. Se crea la figura del trabajador autónomo exclusivo, el que prestará servicios a un único empleador, pero sin generar un vínculo laboral permanente. Esta figura se podrá conformar de “mutuo acuerdo” entre las partes, pero prescindiendo de la validación sindical que hasta el momento preveía la ley. Por añadidura, el aporte sindical ya no se hará por planilla, sino que será opcional. A poco de asumir el gobierno de Michel Temer, el jefe de gabinete interino, Eliseu Padilha, anticipó al diario Folha de São Paulo las líneas directrices de la reforma proyectada: “En momentos de crisis, existe la hipótesis de que los trabajadores acepten reducir 25% de su salario para que el empleador no despida a nadie. La cuestión de las horas extras o acumuladas para francos es otra cuestión pasible de ser negociada. Hay que discutir la movilidad del horario de trabajo y la hipótesis de no ejecutar la función dentro de la empresa”. A su vez, Padilha anticipó que la reforma laboral iba a ir acompañada de una reforma de la previsión social, uno de cuyos principales puntos sería el aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65 años para las mujeres, apuntando a las reducciones de salarios en tiempos de crisis (para evitar despidos), al estímulo al trabajo a distancia y a la eliminación de horas extras.   El golpismo judicial De modo paralelo a esta demolición de la legislación laboral, el juez paranaense Sergio Moro dictó orden de procesamiento contra el expresidente Lula Da Silva. Lo peculiar del caso es que la sentencia del magistrado no está basada en ninguna prueba, pese a que desde marzo de 2016, la fiscalía esgrimía cargos contra Lula. Uno de ellos estaba vinculado a los montos pagados al Instituto Lula por una empresa creada por el mismo instituto para conducir las conferencias dadas por el presidente, tanto en el ámbito local como en el internacional.  De acuerdo a los argumentos esgrimidos por la acusación, esos pagos fueron hechos por las mismas empresas constructoras investigadas en la megacorrupción de Petrobras, lo que finalmente no prosperó. No obstante, dos semanas después de la destitución de Dilma Rousseff, el juez Moro aceptó una denuncia de la fiscalía por corrupción y lavado de dinero contra el exmandatario brasileño. En la misma se acusa a Lula de recibir sobornos de la constructora OAS, una de las principales empresas implicadas en el caso de corrupción conocido como Lava Jato. Por esa causa, Lula fue condenado el pasado miércoles a nueve años y medio de prisión, acusado de estar incurso en delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Se trata del único caso en la historia de Brasil en el que un jefe de Estado es procesado por delitos de corrupción. La principal y única prueba incriminatoria es que, supuestamente, Lula habría recibido de OAS un tríplex en el balneario de Guarujá, en el estado de San Pablo. El tríplex está a nombre de la constructora y Lula nunca lo habitó, pero el juez Moro se atuvo al testimonio incriminatorio del presidente de OAS, Leo Pinheiro. Por añadidura, el magistrado declaró a Lula culpable de recibir sobornos por más de un millón de dólares. Todo ello basado en el testimonio de Pinheiro, preso desde agosto de 2015 por corrupción activa, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, Moro no operó en el vacío, ya que –según argumentó la fiscalía–, en 2005, la extinta mujer del entonces presidente adelantó dinero a la cooperativa Bancoop para que construyera el apartamento. Luego, Lula se convirtió en inversor de Bancoop, que en 2008 pasó a manos de OAS, la empresa que, según Moro, reformó la vivienda y se la regaló (algo que no consta en ningún lado, salvo en las declaraciones del exdirector de OAS). Sobre la base de las denuncias de Pinheiro (que se acogió al beneficio de “delación premiada”), el Ministerio Público de Brasil acusó a Lula de ser el cerebro del esquema de corrupción plasmado en el Lava Jato, direccionando la asignación de obras públicas en beneficio de OAS. Pese a que la sentencia en primera instancia no inhibe a Lula de recurrirla en libertad, a la espera de la sentencia definitiva de la Corte de Apelación, el verdadero objetivo de esta condena está implícito en la inhabilitación para postularse a cargos públicos durante 19 años. Es decir, se borraría de la escena política al único candidato que en las elecciones de 2018 se impondría de manera indiscutible. El recurso de Moro para no cargar con todo el peso de lo que a todas luces es una maniobra escandalosa (en el propio texto de la sentencia llamó “a la prudencia”) fue dejar la sentencia definitiva en manos del Tribunal de Apelación. Empero, en esto puede también advertirse el gambito final de la maniobra dirigida a dejar a Lula fuera del mapa político, que es lo que realmente interesa.   Los costos políticos No obstante, esto tiene costos políticos incalculables. Al tiempo de escribir estas líneas, la defensa de Lula denunciaba que este fue víctima “de una investigación movida por motivos políticos. No hay ni una sola evidencia creíble de la culpa de Lula. Y las pruebas de su inocencia fueron descaradamente descartadas”. Mientras el cerco judicial en torno de Lula se estrechaba, el expresidente crecía exponencialmente en la intención de voto de los brasileños, seguido muy a lo lejos por el diputado de la ultraderecha Jair Bolsonaro y por la exsenadora Marina Silva. Según las proyecciones de las principales encuestadoras, Lula ganaría tanto en primera como en segunda vuelta con 40% de los votos emitidos. De hecho, luego de emitida la sentencia, en Planalto no se ocultaba la tensión que asomaba sobre el futuro del presidente Michel Temer y otros políticos afines al mismo, envueltos en denuncias por corrupción de mucho mayor espesor que aquellas con las que se pretendió involucrar a Lula. Esa sensación de inseguridad se vive de manera inmediatista: ya el próximo lunes la Cámara de Diputados deberá decidir si autoriza o no una investigación emprendida por el procurador general, Rodrigo Janot, contra Temer, acusado de corrupción pasiva. Si el voto del parlamento fuera positivo, Temer debería alejarse de la presidencia por un período de seis meses, lo que implicaría un peligroso vacío de poder. Joao Pedro Stédile, líder del Movimiento Sin Tierra (MST), que no oculta las profundas diferencias que lo separan del PT, difundió un video a principios de año en el que alertaba que Brasil vivía una grave crisis, semejante a las sufridas en las décadas del 30, del 60 y del 80. “La burguesía da un golpe de Estado para recuperar sus tasas de ganancia, aumentando la explotación de los trabajadores y apropiándose de los bienes de la naturaleza, como el petróleo y el agua”. El peligro que afrontan hoy los golpistas es que el campo popular  remonte el estado de desmovilización y división en que se encuentra y rechace la proscripción de Lula, único líder con el consenso necesario para aglutinar a los desposeídos. Pero para ello, según Stédile, “Lula debe ser la reinvención de sí mismo, la reactualización de un proyecto democrático popular. Su candidatura abre la posibilidad de una renovación programática del PT, de nuestro bloque, forjada al calor de la lucha”. En un breve lapso, se podrá percibir si esa alternativa se plasma en realidad. En buena medida, el futuro de América Latina depende de ello.