Un continente empapado en sangre

El porcentaje de homicidios, calculado cada 100.000 habitantes, es utilizado como el medidor más confiable para evaluar el grado de seguridad de cada país. Ante la dificultad de encontrar datos de organismos internacionales que aporten una visión hemisférica, es una opción útil recurrir a los datos de InSigth Crime, fundación creada en 1993 y financiada por el magnate George Soros.

La ventaja que ofrecen las investigaciones de InSigth Crime reside en la globalidad de sus observaciones y en la relativa exactitud de los resultados. No obstante, no está desprovista de debilidades.

El efecto Soros

Nacido en Hungría en 1930, Soros es un especulador financiero, titular de una de las mayores fortunas del mundo (se calcula en US$ 24.200 millones). Se le responsabiliza –entre otras maniobras– de la quiebra del Banco de Inglaterra en 1992. Financiador del sindicato polaco Solidaridad y creador de la Fundación Soros en Budapest, en el año 1984, tuvo un papel nada desdeñable en el desmoronamiento de la ex-Unión Soviética y más recientemente en el golpe de Estado de febrero de 2014 en Ucrania.

Soros es además filósofo y filántropo, y a menudo se le han adjudicado pensamientos de “izquierda” pese a ser un ultraliberal. Seguidor del filósofo austríaco Karl Popper (1992-1994), y en particular de su obra El pensamiento abierto y sus enemigos, Soros fundó en 1993 las Open Society Foundations, con sede en Medellín (Colombia) y en la American University (Washington DC). Su objetivo era promover la justicia, la educación pública y los medios independientes, valiéndose para ello de una profusa red de ONG. En esa empresa, invirtió US$ 11.000 millones en campañas como la despenalización de la marihuana, el movimiento feminista, el aborto libre, la protección de los inmigrantes, la eliminación de focos de conflicto (fue uno de los principales promotores del fin del apartheid) y el relevamiento del narcotráfico y la criminalidad global. En 2010 crea InSigth Crime, con presencia en 37 países.

Lo que no dicen los números

La caída del índice de homicidios no significa necesariamente una mejora en la situación de seguridad. En algunos países, las treguas entre bandas (es el caso de República Dominicana y El Salvador) o la concentración de la criminalidad en organizaciones centralizadas pueden disminuir la tasa de homicidios.

En otros casos, las cifras son subregistradas al no incluir en esa categoría a las víctimas del accionar represivo. En Brasil, por ejemplo, mueren nueve personas por día por la actuación de la policía militarizada. Esas víctimas no son contabilizadas en el registro oficial.

Luego, las estimaciones realizadas sin tener en cuenta las asimetrías regionales en los países considerados llevan a promedios engañosos. Por ejemplo, en el departamento Amambay (Paraguay), lindero con Brasil y zona clave para el control de la ruta de la cocaína, las disputas entre mafias llevaron a que los homicidios superen 12 veces el promedio nacional. Por parecidas razones, la ciudad de Tumbes, situada en el noroeste de Perú, en la frontera con Ecuador, tiene una tasa de homicidios seis veces superior a la de Perú.

Además, hay que considerar otras variables, tales como la polarización social y la discordancia entre informe oficiales y extraoficiales (es el caso de Venezuela, donde la ONG de Soros tiene una presencia “non grata”) o los imponderables políticos (Colombia).

Por último, si se tiene en cuenta que el principal problema para la seguridad pública lo constituye la marginalidad social y cultural y la proliferación de una juventud sin perspectivas ni futuro, se debe ser muy cuidadoso al utilizar baremos macroeconómicos y trasladarlos al terreno social. Un ejemplo es Brasil, donde la pobreza extrema descendió durante los gobiernos del PT 63%. Sin embargo, los Índices de Desarrollo Humano en materia de ingresos, salud y educación, descendieron 20 puntos, al tiempo que el PIB se contrae a un ritmo de 3,8% anual.

El análisis, país por país, de estos datos puede ayudarnos a comprender la dinámica de la criminalidad en América Latina.

Este ranking siniestro sigue siendo liderado por El Salvador, que ha desplazado a Honduras, que hasta hace pocos años era considerada la capital mundial del crimen. Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice (no relevada en el informe) forman parte de lo que se denomina el “Triángulo del norte centroamericano”. Constituyen el corredor por el que ingresa la droga desde América del Sur a México, y de allí es transferida al lucrativo mercado estadounidense. La criminalidad en El Salvador es monopolizada por la mara Salvatrucha (MS 13) y su rival, Barrio 18.

Las alzas y bajas de los índices de la criminalidad en El Salvador están potenciados por el hacinamiento carcelario, que en cárceles como La Esperanza o Mariona llega a 600%. En 2012 se acordó una tregua entre ambas bandas y simultáneamente el gobierno separó a las maras en cárceles diferentes. Pero la tregua se rompió en 2014 y la corrupción y el alto nivel represivo de las fuerzas de seguridad empujaron de nuevo las cifras al alza. El descenso que se registra entre 2015 y 2016 está vinculado al establecimiento de una nueva tregua.

Costa Rica asiste a un incremento sostenido de la criminalidad, partiendo de cotas muy bajas, fenómeno que se adjudica a la paulatina incorporación de ese país a la ruta del narcotráfico. En 2016 llegó a la cifra más alta de homicidios de su historia.

En cuanto a Honduras, los registros oficiales, que muestran una fuerte disminución de los homicidios (y que coinciden con los de la Alianza para la Paz y la Justicia, APJ), son cuestionados por fuentes independientes, como el respetado Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que estimó que en 2015 se cometieron 5.108 homicidios, una tasa de 59,5 cada 100.000 habitantes.

La tasa de criminalidad de Venezuela es muy alta, pero la determinación de sus guarismos es incierta en función de que las cifras oficiales (58 homicidios cada 100.000 habitantes) contrastan con las de InSigth Crime, que en 2015 reportó un porcentaje de 82 por 100.000. Pero lo que hace más confusa la estimación es que el propio Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) corrigió sus cifras a la baja, llevándolas a 54 por 100.000.

En Jamaica las tasas de homicidios aumentaron espectacularmente en 2015, con un incremento de 20% respecto a 2014, lo que se debe a la competencia entre bandas por el control del narcotráfico y de los secuestros extorsivos. Lo contrario sucede en República Dominicana, donde los homicidios operaron a la baja en virtud de una “pax mafiosa”. Algo análogo sucede en Guatemala, donde se vivió el año menos violento desde la década de los 80 (en 2009 la tasa de homicidios era de 46,5 por 1.000). Por su parte, Puerto Rico disminuyó 50% la tasa de homicidios desde el máximo registrado en 2011.

Sí puede sorprender la baja de homicidios registrados en Argentina (aunque de acuerdo a informes independientes habría que corregirla a 7,2%), dado que en el informe a que nos referimos se alude al “creciente papel que está teniendo en el tráfico de drogas a nivel internacional”.

Las incógnitas de la ecuación

Pero la clave para descifrar la evolución de la criminalidad en América Latina se encuentra en la franja media en la que se ubican tres países: Brasil, Colombia y México.

Brasil es el país con mayor índice absoluto de homicidios en el mundo, pese a que su extensión territorial maquille algo esa cifra pavorosa. La creciente polarización social, la pelea por territorio entre las poderosas organizaciones que controlan el negocio del narcotráfico, la crisis económica, el hacinamiento carcelario y la inestabilidad institucional no presagian nada bueno para el futuro inmediato en materia de seguridad.

En Colombia pasa algo análogo. Existe incertidumbre sobre lo que sucederá con la desmovilización de las FARC, sobre todo teniendo en cuenta el sorpresivo triunfo del No en el plebiscito convocado para refrendar el acuerdo de paz entre las partes. Por otra parte, recrudece el accionar de grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (los “urabeños”), herederos de las desmovilizadas AUC, que aprovecharon la precaria tregua entre el gobierno y la guerrilla para posicionarse en zonas estratégicas en la ruta de la droga.

Por último, México. Pese a que su índice de homicidios es de 16,2 por 100.000, en Guerrero es de 70 por 100.000 y en Colima de 89 por 100.000. Se trata de estados cuyo control es neurálgico para la entrada de la droga y de la inmigración ilegal a Estados Unidos. Pero sobre ese sustrato, la última palabra la tendrán las políticas que instrumente Donald Trump al respecto, que no permiten ser optimistas sobre la evolución de esta situación dramática.

Finalmente hay que precisar que en el cuadro no aparecen países como Haití (tercero en índice de hacinamiento carcelario, luego de El Salvador y Brasil), Surinam y Belice (punto estratégico para el narcotráfico).