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Controversia en Guatemala en torno a ley de búsqueda de desaparecidas

En los últimos dos años unas cuatro mil 500 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, según informes de la Secretaría contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de personas.

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Opiniones divergentes prevalecen hoy en Guatemala en torno a la aprobación de una iniciativa de ley sobre la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, orientada a coartar eventuales secuestros con fines de explotación sexual. El proyecto, legitimado la víspera con el voto de 89 de los 158 integrantes del Congreso, establece la creación de una coordinación de instituciones para la pronta búsqueda de las desaparecidas y con ello contribuirá a prevenir porque «si no se hace la búsqueda pronto, las mujeres son forzadas a redes de trata», afirmó la diputada Sandra Morán. «En Guatemala cuando reportas a una joven desaparecida, la policía lo que dice es que se fue con el novio. Con esta ley, esa explicación tendrá que cambiar e iniciar su búsqueda inmediata», explicó a periodistas la jefa de la bancada del partido Convergencia. Destacó que la conquista alcanzada con la validación de ese cuerpo jurídico es el resultado del trabajo de varios años de las organizaciones de mujeres en Guatemala, pues el tema de las desapariciones es de emergencia. Cuando una mujer desaparece comúnmente se le integra a la fuerza a redes de trata para trabajo doméstico o para explotación sexual, remarcó Morán, quien alentó a retomar esa propuesta para su análisis y votación en el plenario del parlamento unicameral. Informes de la Secretaria contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de personas dan cuenta de unas cuatro mil 500 mujeres reportadas como desaparecidas en los últimos dos años en este país centroamericano. Guatemala es considerado un territorio de tránsito hacia el norte del continente, no sólo de la migración desde el sur u otras partes del mundo, sino también del narcotráfico y de redes dedicadas a la trata de personas, así como a otras expresiones del crimen organizado. No obstante, varios diputados, ciertos consultores y ciudadanos, cuestionaron la proclamación de una ley a la cual califican de discriminadora y enfocada en apenas un sector de la población en una sociedad afectada en sentido general por los secuestros y la criminalidad. El cuerpo jurídico aprobado este jueves entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario de Centroamérica, órgano oficial, y en consecuencia deberán estrechar lazos en la batalla contra la problemática el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil y otras instituciones. También deberá ser creado un registro de agresores juzgados y sentenciados, al mismo tiempo que un banco de ADN de los casos procesados en ese orden. (Tomado de Prensa Latina)

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