El “Esquema P.C. Farias”

Corrupción y coimas en los años 90

Un documento de la Inteligencia Militar vincula al empresario brasileño que montó el esquema de corrupción utilizado durante el gobierno de Fernando Collor de Mello en Brasil con el pago de coimas a policías y políticos uruguayos.

Los archivos de la Inteligencia Militar – conocidos como “Archivo Berrutti” y divulgados por el semanario Brecha– son un collage variopinto sobre los diversos asuntos de interés para los servicios militares en tiempos de democracia. Se trata de unos 14.000 documentos en los cuales puede encontrarse información variada sobre el acontecer político, sindical y social en Uruguay entre 1987 y 1999. Los informes, elaborados con base en diversas fuentes, revelan el interés por conocer lo que sucedía a la interna de los principales partidos políticos (Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado) y los movimientos producidos dentro de ellos. Por ejemplo, entre 1991 y 1993 son constantes las referencias a la eventual escisión de un grupo de dirigentes blancos –encabezados por el hoy canciller Rodolfo Nin Novoa– hacia filas del Frente Amplio (FA). También existió un especial interés en saber qué pasaba en los diferentes sectores de la coalición de izquierda, en particular en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y el MPP, el Partido Comunista (PCU) y el Partido Socialista (PS). Según reveló Brecha, ese interés incluyó una serie de seguimientos a los integrantes de la fórmula presidencial del FA en 1999 (Tabaré Vázquez y Nin Novoa). Los informes también abundan sobre la interna del Pit-Cnt y de los diferentes gremios, en especial, Fancap, la FOEB, FUS, entre otros. Entre todo el material, se encuentran referencias a una visita del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva al Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, y otras a un supuesto malestar en la interna de la FOEB porque el dirigente Richard Read regenteó un puesto de chorizos en un tablado. Los medios de comunicación, en particular la situación interna del diario La República, fueron otros de los asuntos de interés para los servicios. Pero existen algunos que relatan hechos o situaciones desconocidas, que contienen un nivel de detalle que, al menos, genera suspicacias. Eso sucede con un documento que aparece en los folios 15 a 17 del rollo 1.326, que cubre de marzo a diciembre de 1993. Se trata de un informe de un agente que, en poco más de 2.000 caracteres, refiere a uno de los mayores casos de corrupción política de la historia de Brasil, la fuga del poderoso empresario brasileño que montó ese esquema de desvío de fondos y el pago de sobornos a policías y funcionarios de alto rango del gobierno de Luis Alberto Lacalle.   Los informantes El informe elaborado por el agente Robert, con base en una conversación con una “fuente amiga”, está fechado el 27 de setiembre de 1993 y titulado como “Información general”. Allí se relatan dos casos de presunto pago de coimas a policías por parte de ciudadanos brasileños. El primero, sobre un ciudadano brasileño, indocumentado, detenido en el marco de una investigación por presunto tráfico de armas (Uzi o similares) y que recuperó la libertad por la módica suma de 20.000 dólares. El segundo tenía un título significativo para esa época: “Posible presencia de P.C. Farias en Uruguay y corrupción”. El documento –cuyo contenido fue divulgado por el portal web de Caras y Caretas refiere al momento en que el banquero Paulo Cesar Farias (responsable del esquema de corrupción que se montó durante la presidencia de Fernando Collor de Mello en Brasil) emprendía su fuga desde el país norteño rumbo a Europa. La fuente decía que, tres meses antes, o sea, en junio de 2013, un subcomisario de apellido Bentancur (alias Perico) –que había estado demorado en averiguaciones por el reciente homicidio del empresario de free shop Luis Eduardo González, cuyo cuerpo apareció en un aljibe– obtuvo información sobre una maniobra de lavado de activos en dólares. Al investigar el dato, el oficial llegó al gerente del Banco Real. Este, ante la inminencia de un procedimiento policial, “trató de solucionar el problema de otra forma”. El subcomisario le solicitó 250.000 dólares; el gerente replica que eso “excede su competencia”, por lo que deberá hablarlo con el presidente del banco, Paulo Cesar Farias (en el documento dice “Pablo César Farías”). Tras esa reunión, Bentancur trata el tema con el jefe de Policía de Montevideo de la época, Máximo Costa Rocha. Al enterarse de la situación, Costa Rocha (director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia entre 1982 y 1990 y sindicado como agente de la CIA en los años previos al golpe de Estado por el agente secreto cubano Manuel Hevía) le ordena que pida un millón de dólares, “de lo contrario, que amenazara con realizar el procedimiento legalmente”. Y Bentancur cumplió con la orden. “Mediante llamada telefónica, el gerente del Banco Real le avisa a Bentancur que concurra al Aeropuerto de Carrasco a determinada hora que allí estaría P.C. Farias. Al realizarse el contacto en una avioneta particular, Farias accede a la petición de US$ 1.000.000 (dólares), entregándolo el día martes posterior a la entrevista”, dice el documento. Sin embargo, un día antes, el lunes, Bentancur es citado para hablar con el ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez. El ministro “le menciona que conocía los hechos, pero que actuara con cautela, demostrándole la voluntad de que no fuera a proceder legalmente”, agrega. “El día del cobro, el gerente del Banco Real le entregó a Bentancur dos paquetes de US$ 200.000 (dólares), uno para él y otro para Costa Rocha”. En tanto, según la versión aportada por otro comisario –de apellido Melo– el resto del dinero hasta completar el millón de dólares había sido repartido entre tres notorios dirigentes políticos del gobierno: 200.000 dólares para el ingeniero Carlos Cat, presidente de la OPP; 200.000 dólares para el ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez; y 200.000 dólares para el ministro de Economía, Ignacio de Posadas. El informe se cierra con el dato de que Bentancur, que cumplía funciones en la seccional 19ª, se compró casa nueva y un auto 0 km. Pero la referencia central era sobre los tres dirigentes de peso del gobierno de Luis Alberto Lacalle. Uno de ellos, De Posadas, un reconocido abogado, cuyo estudio jurídico (Posadas, Posadas & Vecino) es insistentemente señalado por la creación y administración de empresas utilizadas para el ocultamiento de fondos y el lavado de activos (incluso, la reciente investigación del Lava Jato refiere a la utilización de empresas creadas por este estudio para el blanqueo de capitales de origen ilícito). El otro, Juan Andrés Ramírez, reconocido abogado y referente del Partido Nacional, que impulsó su candidatura presidencial en 1994 basado en una fuerte postura de denuncia contra los casos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Lacalle.   El “Esquema P.C. Farias” En junio de 1996, Paulo Cesar Farias, titular del Banco Real, fue encontrado muerto en una casa de veraneo de Guaxuma, en Maceió (Brasil). Tenía un disparo en el corazón. A su lado estaba el cuerpo de su amante, Suzana Marcolino. La investigación policial determinó que la mujer le disparó a Farias y se quitó la vida. Un “crimen pasional”. Pero las dudas sobre la veracidad de esa historia surgieron de inmediato. “Un tiro silencia la caja fuerte de Collor”, título el diario O País, de Brasil. Farias era un empresario con estrechos vínculos con el sistema político brasilero, en particular, con el expresidente Fernando Collor de Mello. Fue el tesorero de la campaña presidencial, una tarea que efectuó con éxito: Farias recaudó millones de dólares de empresarios para financiarla. Posteriormente se mantuvo cercano al gobierno, con mucha influencia en las decisiones de política económica, del Banco Central y varios ministerios. Una especie de Rasputín de Collor de Mello, el operador en las sombras del gobierno brasileño. En ese contexto, Farias conformó un emporio de empresas fantasmas en el exterior, manejadas por testaferros. Una denuncia de Pedro Collor de Mello, hermano del entonces presidente, dejó al descubierto un esquema de corrupción vinculado con estas empresas, con manipulación de contratos de obra pública, tráfico de influencias, confección de documentos falsos, coimas y creación de cuentas fantasmas para el depósito del dinero ilícito. El caso se conoció como “Esquema P.C. Farias”. Un informe del diario O Globo establece que en un período de dos años y medio (1990-1992), Farias movilizó más de 100 millones de dólares en materia de desvíos de dineros por contratos públicos-privados y coimas. Además, se estima que recibió unos 32,2 millones de dólares a través de testaferros. Esta operativa incluía un entramado de empresas y cuentas bancarias de Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Islas Caimán, Aruba, Panamá, Reino Unido, Francia, Suiza, Italia, Brasil y Uruguay. La investigación vinculó al propio Collor de Mello con una serie de transferencias hacia una cuenta bancaria de su secretaria en el exterior y la confirmación que varias de las empresas vinculadas con este esquema de corrupción solventaban sus gastos personales y los de su esposa. El caso derivó en el impeachment y la posterior renuncia de Collor de Mello. Tras estos acontecimientos, la investigación se centró en Farias. El 30 de junio de 1993, el juez de 10ª Vara Federal de Brasilia, Pedro Paulo Castelo, libró una orden de prisión preventiva en su contra por un delito de fraude. Pero Farias no estaba dispuesto a entregarse: el 19 de junio de 1993 fugó de Brasil en un avión bimotor junto a su socio en la empresa de taxis aéreos Brasil-Jet. El vuelo tuvo varias escalas hasta llegar a Argentina. Días después tomó un vuelo hasta su destino final: Londres (Inglaterra). Ese vuelo habría salido desde Montevideo. Farias fue localizado por las autoridades británicas, por lo que emprendió una nueva fuga: su destino fue Bangkok (Tailandia). De paseo por el país asiático, un turista brasileño lo reconoció y efectuó la denuncia. Farias fue detenido, extraditado y condenado a siete años de prisión. En junio de 1995, se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Un año después apareció muerto. Pero su historia era mucho más compleja.   Farias y el narcotráfico En 1994, la Justicia italiana llevaba adelante una de las mayores investigaciones por tráfico de drogas en su historia. Un operativo permitió incautar uno 5.500 kilos de cocaína y desbaratar una organización de narcotráfico que, entre 1990 y 1994, llegó a ingresar 11 toneladas de esa droga a Europa. La investigación permitió descubrir al contador de la organización, Angelo Zanetti y permitió establecer los vínculos entre este y el “Esquema P.C. Farias”. En efecto, la investigación confirmó que Zanetti efectuó dos giros de dinero a cuentas de Farias: el primero fue un depósito de 2,1 millones de dólares a una cuenta en el ABN Amro en Holanda; la segunda, por 7,8 millones de dólares, llegó a las cuentas del empresario brasileño en la filial del ABN Amro en Montevideo. En marzo de 1993, otros dos mafiosos italianos, Luciano Raggi y Giulio Marcozzi, depositaron 300.000 dólares cada uno en las cuentas del empresario. Así lo consignó el periodista brasilero Lucas Figueiredo (autor del libro Murciélagos Negros. P.C. Farias, Collor, mafias y la historia que Brasil no conoció) en sucesivos artículos sobre el esquema de corrupción montado por Farias. Varios de esos artículos aportan detalles sobre el proceso judicial tramitado en Italia y el vínculo de Farias con diversos actos de corrupción. La causa italiana involucró en este esquema al abogado argentino Luis Felipe Ricca –quien terminó ejerciendo como magistrado del Poder Judicial en Argentina-. La indagatoria determinó que Ricca ofició como titular de tres cuentas bancarias, por las cuales pasaron unos 300 millones de dólares del “Esquema P.C. Farias” y de los narcos, según afirmó Figueiredo en entrevista con el diario La Nación. La operativa de lavado de activos se realizó a través de Eurocapital SA, una empresa con sede en Montevideo, propiedad de Farias, pero cuyo titular (o testaferro) era Ricca. Por esos años, Uruguay oficiaba como una “guarida fiscal” para el dinero de operativas ilícitas en los países de la región al influjo de la idea de “Uruguay, plaza financiera”; un período en el que diversos estudios jurídicos uruguayos se dedicaban a la creación y administración de Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) para clientes extranjeros y Uruguay era percibido como la lavandería del Cono Sur. Uno de esos estudios jurídicos era Posadas, Posadas & Vecino. En ese contexto se produce el documento elaborado por los servicios de Inteligencia Militar sobre el presunto pago de coimas de Farias en Uruguay. Cuatro años después, en 1997, ese documento fue confirmado, en parte, por el testimonio de Ricca ante los tribunales italianos. Ricca afirmó que durante su fuga en 1993, Farias ordenó a los propietarios de sus cuentas bancarias (a sus testaferros) que retirarán 1.000.000 de dólares para sobornar a agentes de Interpol de Brasil y de Uruguay para evitar ser detenido, según reveló un artículo de Figueiredo publicado en el diario Folha de São Paulo. Las autoridades judiciales italianas viajaron a Buenos Aires (Argentina) para recabar el testimonio de Ricca –como parte de un acuerdo de colaboración–, un hombre clave dentro del “Esquema P.C. Farias”. En su declaración, Ricca dijo que Farias ordenó pagar “600.000 dólares al personal de Interpol en Brasil y otros 400.000 dólares a sus colegas de Uruguay”. El dinero se retiró de una cuenta en Suiza, perteneciente al banco Trade Link Bank, de Islas Caimán, cuyos apoderados eran Ricca y el empresario argentino radicado en Brasil Jorge Osvaldo La Salvia, en representación de Farias. El dinero tenía como objetivo facilitar la salida del empresario de Montevideo, donde Farias se había escondido después de recorrer el interior de Brasil y pasar por Paraguay y Argentina, afirmó Ricca. El dinero retirado (2,5 millones de dólares, en total) fue utilizado para efectuar cuatro pagos distintos relacionados con la fuga del empresario desde Montevideo hasta Londres. Según el testimonio de Ricca, el dinero fue utilizado de esta forma: 1.000.000 de dólares para el pago de coimas a los agentes de Interpol Brasil e Interpol Uruguay; “otra suma que desconozco permitió alquilar un avión privado con capacidad suficiente para efectuar un vuelo transoceánico, el cual salio desde Estados Unidos, llegó a Montevideo y transportó a Farias a Londres”; “el pago de los honorarios de los abogados”; y el transporte de Farias de Londres a Bangkok. Sin embargo, en su declaración Ricca se refirió a otras operativas de dinero ilícito efectuadas por Farias en Uruguay. En 1992, en momentos del impeachment contra Fernando Collor de Mello, su hombre de confianza, Farias, ordenó el retiro de 5 millones de dólares en cash (efectivo) desde una cuenta en la sucursal del ABN Amro en Montevideo para sobornar a un grupo de diputados que participarían de la votación del impeachment contra el presidente y evitar un resultado adverso. Ese retiro se efectuó el 28 de setiembre de 1992.

“Una infamia”, dijo Ramírez
El exministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, afirmó que la información divulgada en archivos de Inteligencia Militar es “absolutamente falsa” y “una infamia”, y señalo que la historia que se presenta es ridícula. “No tiene la más mínima aproximación a la verdad. Si algo hice, fue luchar contra la corrupción en los cuatro años que fui ministro. Nunca fui interpelado y creé la Fiscalía para investigar a la Policía”, afirmó Ramírez al sitio Montevideo Portal. Asimismo el abogado cuestionó el origen de la información: “¿El espionaje militar prohibido es una fuente fidedigna? Es una fuente de una fuente que no se identifica”.

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