En marzo de 2018, los fiscales formalizaron 732 procesos penales, lo que representa el doble de casos formalizados en noviembre de 2017, el primer mes de implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Así lo establece un informe divulgado por la Fiscalía General de la Nación, con base en los datos de audiencia de formalización cargados al Sippau –el sistema informático de Fiscalía-. El informe inicia la comparación con octubre de 2017, último mes de aplicación efectiva del CPP 1980, en el cual los jueces tenían la carga de la investigación de los ilícitos. Ese mes, según datos del Ministerio del Interior (MI), se iniciaron 975 procesos penales. Esa cifra contrastó con lo que ocurrió en noviembre: 368 casos formalizados. “Como era esperable para los primeros meses de implementación del nuevo Código, donde todos los organismos involucrados (FGN, MI y Poder Judicial) se están adaptando a sus nuevos roles, Noviembre de 2017 ofrece una cifra bastante baja”, señala el informe. Ese dato, sin embargo, no tiene en cuenta la cantidad de procesamientos dictados por el Poder Judicial, en relación a las causas que se siguen tramitando bajo el sistema del CPP 1980. “Más allá del bajo punto de partida, se advierte que la eficacia medida en términos de casos formalizados se va recuperando rápidamente en los meses posteriores”, agrega el informe. Desde noviembre, la cantidad de formalizaciones se incrementó paulatinamente mes a mes: 503 en diciembre de 2017 (aumento de 37,7%); 505 en enero de 2018 –durante la Feria Judicial Mayor-; 586 en febrero de 2018 (un 59% más que en noviembre); y 732 en marzo de 2018. Estas 732 formalizaciones representan “un 75,1% de la cantidad de procesos iniciados en el último mes de aplicación exclusiva del CPP 1980”. “Y esto, como se indicó, sin hacer la suma correspondiente de procesamientos realizados en marzo en causas que se tramitan bajo el código anterior”, dice el informe. En este contexto, la Fiscalía destaca que una evaluación completa sobre la eficacia y eficiencia del nuevo CPP debería realizarse pasados al menos dos años de iniciado el cambio, así como incluir otros indicadores como la duración promedio de los procesos y la proporción de personas privadas de libertad con pena fijada, entre otros. “Sin perjuicio de ello, el número de casos formalizados está indicando que a pesar de las dificultades ya identificadas y reconocidas en el comienzo, la implementación del nuevo CPP mejora y se va acercando rápidamente a los niveles de eficacia esperados, aún pasados recién cinco meses de su inicio”, concluye el informe. Acceda al informe de la Fiscalía General de la Nación
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