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Crysol, organización que nuclea a ex-presos políticos, señaló en un comunicado que el Dr. Carlos Matta, representante del Gobierno uruguayo por el caso de Diana Maidanik, Eduardo González y Óscar Tassino, mintió en la audiencia de la Corte Interamericana de DDHH, al decir que el Estado ha «reparado en salud» a las familias de las víctimas.
Según se indica en el documento, «la ley 18.596, ley de reparación aprobada en setiembre de 2009, no les otorga a ellos, familiares de asesinados y desaparecidos, específicamente, reparación en salud. El artículo 10 de la norma, que aborda la temática, no los incluye».
Además, manifiestan su descontento con que dicho representante haya aludido a los familiares de las víctimas de terrorismo de estado, como «presuntas víctimas», y advierten que «el propio Estado ya ha reconocido el carácter de víctimas en todos los casos que se tramitan en esta causa, habiendo incluso un procesado, el coronel retirado Eduardo Ferro en el caso de Tassino».
En el comunicado, también se denuncia que los expresos políticos que reciben atención sanitaria por la ley 18.596, «desde la asunción del actual gobierno han visto sustancialmente disminuida la calidad de dicha atención».
Agregan que «el Ministerio de Salud Pública suspendió, desde el año 2020, la atención especializada en salud mental», la cual era llevada a cabo por la Oficina de atención a las víctimas del terrorismo de Estado y la Cooperativa Cossamed.
Parecido destino tuvieron «las prestaciones oftalmológicas, odontológicas y otros beneficios similares que establece la Ley», ya que «en el marco de la restricción de gastos que se viene aplicando», el Ministerio de Economía y Finanzas dejó de aportar los recursos necesarios a los proveedores, lo que determinó que tales beneficios se redujeran «al mínimo», según se indica en el mensaje.
Como último punto, Crysol señala que el Estado «sigue sin cumplir con las recomendaciones formuladas por los Relatos Especiales de las Naciones Unidas y la Institución Nacional de DDHH», en cuanto a la compensación de las víctimas, quienes «a 15 años de la aprobación de la Ley 18.033, deben seguir renunciando a sus propias jubilaciones y pensiones para ser reparados, violentando las normas internacionales que Uruguay como país ha ratificado».
