De la pobreza cero, a la privación de alimentos: catástrofe social en Argentina

Los datos se desprenden del último informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), publicado recientemente. En el mismo, se relevan muestras del año 2018 que marcan el ascenso de la pobreza infantil a su nivel más alto en toda una década: 51,7% de los niños y adolescentes del país son afectados. De estos, un 29,3% tiene algún déficit en sus comidas; mientras que el 13% pasó hambre, y la asistencia a comedores creció un 35% en forma constante.

Ianina Tuñón, autora de la investigación «Infancias. Progresos y retrocesos en clave de desigualdad», es categórica: «El riesgo alimentario se incrementó de modo significativo en los niños”, y asegura que “en esos hogares, en general, los primeros que dejan de acceder a los alimentos son los adultos, en un principio las mujeres, luego los hombres, para finalmente ser los niños».

El indicador que utiliza la universidad para sus trabajos tiene la característica de ser “multidimensional”, ya que analiza las desigualdades que afectan a los derechos de los niños en relación a distintos aspectos como el acceso a la alimentación, a la salud, al hábitat, a la información, a la educación; también valora  los modos de subsistencia, la crianza y socialización, y el trabajo infantil.

“Vemos que hay padres, madres y hermanos más grandes que dejan de comer para que coman los más chiquitos”, afirma Oscar Andrada, referente del Frente Carlos Cajade, quien trabaja y vive en el barrio “El Carmen” de la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires.

La pobreza estructural

La pobreza afecta a 12,7 millones de personas, el 31,3% de la población Argentina. La cifra subió 4,7 puntos en 2018, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA), y más de dos millones de personas pasaron a ser pobres en solo un año.

Distintos especialistas coinciden en que en términos generales en el país se ha constituido una pobreza estructural -que ronda el 25%- y una más transicional relacionada a los ciclos económicos. “Se producen variaciones de 4, 5, o 6 puntos para arriba o en descenso dependiendo el ciclo”, argumenta Agustín Salvia, director de ODSA.

“En este momento, el crecimiento de la pobreza tiene que ver con el aumento de la inflación y el estancamiento del mercado de trabajo -que más allá de que no ajuste por desempleo y lo haga vía precios de salarios, remuneraciones y honorarios hacia la baja- va generando la caída en la pobreza de los sectores medios bajos. Se trata de empleados de baja calificación, pequeños comerciantes, pequeños productores, que caen en la  situación de pobreza en términos de ingreso”, remarca Salvia.

“De la misma manera -agrega- en un período de expansión económica, como ha sido 2006-2007, 2011-2012 o 2017,  estos sectores logran salir de la pobreza y se ubican en una situación al límite de la línea pero dejan de ser pobres”.

En este sentido, Daniel Arroyo, diputado nacional y exministro de Desarrollo Social bonaerense, plantea que el 25% de pobreza estructural de Argentina se explica  por el modelo de la organización de la estructura productiva, y plantea que ese porcentual se eleva “por las políticas que implementa el actual gobierno”.

“Hoy está quebrada toda la estructura social argentina, el más pobre no accede a la canasta básica de alimentos, los que hacen changas trabajan muy poco, se perdieron 300.000 empleos, y el que tiene trabajo ve disminuir su salario a causa de la inflación”, destaca Arroyo.

Respecto a las consecuencias que genera este flagelo, Salvia detalla que “tiene efectos psicológicos y sociales en la población, como las limitaciones en los accesos a la educación y salud, a la vivienda digna, al desarrollo personal y social”. A su vez, asegura que las tasas de indigencia y pobreza extrema no aumentan aún más por la existencia de los programas sociales, pero en el mismo proceso “se cristaliza la desigualdad”.

“La población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza y no consigue trabajo regular y estable, esa que se sostiene a través de changas o ayudas sociales, se constituye en un segmento que se va cristalizando como una Argentina distinta al resto de la sociedad argentina, marcando una dualidad, una desigualdad aún mayor”, explica.

Por su parte, Arroyo considera que hay un “círculo que genera más pobreza” y que la diferencia con la crisis de 2001: es el precio de la canasta de alimentos, que “es muy alta, sube mes tras mes, cada vez hay más personas que asisten a comedores escolares y comunitarios, la gente consume terceras marcas, las que a su vez aumentan su valor -más que el resto- a raíz de esta demanda”.

El estudio de ODSA revela que en 2017 había un 16,7 por ciento de pobres estructurales, indicador que subió hasta el 18,6 por ciento en 2018, mientras que -vale resaltar- los pobres no estructurales pasaron del 9,9% al 12,7%.

El costo de los alimentos

La última medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Argentina (Indec) marca una suba en la canasta básica de alimentos del 2,9% en el mes de mayo, con un acumulado anual del 61,1%.

“El gobierno cree que el país es minería, bancos y granos, un modelo que deja afuera a 20 millones de argentinos”, denuncia el exministro de Desarrollo Social bonaerense.

La inflación en productos de primera necesidad golpea más fuerte a los empobrecidos. Según lo muestra el relevamiento del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), los alimentos básicos treparon hasta un 164% en un año. Entre los productos que sufrieron los mayores aumentos están la harina (164,3%), los fideos (96,4%), el pollo (90,9%), el pan (80%), la carne picada (73,9%) y el arroz (71,7%). Todos forman parte de lo que se conoce como “bienes de baja elasticidad”, es decir, que no pueden ser reemplazados por otros más baratos, resalta el estudio.

“El problema no es el pan y el mate cocido, solamente, hay un exceso en el consumo de productos elaborados en base a harinas y de terceras marcas”, dice Arroyo. “Las familias se sobreendeudan porque la plata no les alcanza, el que paga el mínimo con tarjeta tiene 130% de interés anual, el que va a la financiera del barrio el 180% de interés, y otros le piden al que vende droga en el barrio, porque tiene billete y termina dando crédito”, continúa el diputado.

Los datos difundidos por la UCA señalan que son 600.000 los niños que pasaron a ser pobres en un año, y puntualizan sobre el principal drama: la dificultad para acceder a comida, debido a factores como la recesión y la suba en los precios de los alimentos, según detallan. En 2018, experimentaron hambre por falta de dinero 1,4 millones de niños y adolescentes en el territorio nacional.

“Es un claro plan económico de concentración de la riqueza y de grandes masas de habitantes con trabajo precarizado, bajos salarios e imposibilitados de consumos diarios. El aumento indiscriminado en el costo de los alimentos es letal para las familias, a lo que se suma la suba en transporte y tarifas”, sentencia el director del Programa de Niñez y Adolescencia de la Comisión provincial por la Memoria, Marcelo Iafolla.

Los números se agravan en la provincia de Buenos Aires

Un 51,7% de menores padece pobreza y un 10,2% indigencia. Los porcentajes empeoran en la zona de la periferia de la provincia de Buenos Aires, donde la cifra abarca al 63,6% -de esta manera supera al 54,2% medido en el año anterior- , de los cuales un 15,4% son indigentes.

Lidia Fernández, secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación La Plata (Suteba), explica cómo se ve reflejada la crisis en las escuelas. “En los relatos de las maestras aparece una frase que era clásica en los años 90: los chicos se nos desmayan de hambre”.

“Sobre todo en la secundaria, donde hay pibes más grandes, y muchas veces esas familias priorizan la comida de los más chiquitos, a lo que se suma que en la secundaria no hay cobertura de comedor como sí la hay en la primaria”, manifiesta Fernández.

En la estadística que elaboró la universidad de Avellaneda, puede leerse que de los productos más consumidos todos superaron el índice inflacionario, pero, de manera específica, en el conurbano bonaerense la carne pasó los 16 puntos, el café y la yerba los 15, los lácteos y huevos los 13 y las verduras aumentaron más del 11%.

Desde la Defensoría del Pueblo provincial, se solicitó que se conformen los consejos de niñez para paliar la realidad agravada por el aumento de los indicadores de pobreza. Un relevamiento realizado en 2017 por ese organismo,  basado en consultas a 45 comunas, da cuenta que “sólo en uno de cada tres municipios se conformaron los consejos locales”.

Según la Ley N° 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Sppdn), que rige desde hace 12 años en la provincia, estos consejos tienen la función de elaborar un Plan de Acción del Estado en conjunto con organizaciones de derechos humanos y sociales; representantes de Universidades y Colegios Profesionales; representantes de los niños, adolescentes y familias que deben tener garantizado el apoyo técnico y de capacitación para conformar sus propias estructuras.

“En conglomerados más humildes, con menos accesos y menos confort social, llegamos a un nivel de pobreza, respecto a la niñez en la provincia, del 74,8%”, revela Iafolla.

Un aplazo en reducción de la pobreza

Desde ODSA, explican que la problemática incide más en las poblaciones de niños porque son hogares más numerosos “donde hay chicos, hay más comensales y son mayores las demandas de consumo y, por tanto, el factor pobreza aumenta porque los ingresos se reducen para atender grupos familiares enteros”.

“Son cada vez más los chicos a los que se los ve con rostros demacrados y angustiados, porque no es solamente no tener las cuatro comidas, sino el marco social, familiar y de pobreza que también tiene una cuestión de  frío-calor, de hábitat”, describe Andrada.

El informe Barómetro de Deuda Social de la Infancia también concluye que el 24% de los niños y adolescentes viven en hogares precarios y un porcentaje similar en situación de hacinamiento (23,4%); el 17,4% tiene déficit en el acceso a la atención de la salud (muchos no tienen las vacunas correspondientes con el calendario); el 19% no accede a la información a través, por ejemplo, de pantallas, libros infantiles o bibliotecas. Al mismo tiempo, el 18,5% no posee agua e inodoro con descarga; y el 13,4% no participa de la estimulación temprana y educación por factores como las inasistencias, escolarización deficiente y maltrato. Por último, el 8,7% tiene problemas para alimentarse.

“En las escuelas crece el ausentismo, que se relaciona a la calidad de vida que tienen los chicos, al tiempo que la demanda en los comedores escolares también aumenta”, relata la dirigente de Suteba.

En igual sentido, Iafolla cuenta que el inicio de clases 2019 se hizo “muy cuesta arriba para las familias en los barrios, porque conseguir los elementos necesarios para los hijos en edad escolar es cada vez más difícil” y evidenció que “en chicos más grandes se produjo el abandono de la escolaridad, porque a los más chiquitos la familia trata de sostenerlos con toda su fuerza para que continúen en el sistema educativo”.

Orgulloso de inaugurar comedores

Una de las promesas de la campaña presidencial en 2015 del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue “pobreza cero”. El entonces candidato explicaba la consigna, eje de sus declaraciones públicas: “Quiero que juzguen mi presidencia por cómo avanzamos en este objetivo”, en referencia a la reducción de la pobreza.

“A partir de la mitad del año pasado, las maestras empezaron a decir que en el barrio hay hambre, los chicos vienen con hambre y se nos desmayan”, remarca Fernández.

En distintas oportunidades, durante su gestión, Macri asistió a la inauguración de comedores donde manifestó sentirse “feliz” por el evento, y  en referencia a la obra, dijo que se trata de “una nueva situación, una mejora, una transformación. Eso es lo que construye, aunque duela“. En uno de esos actos, los asistentes repetían, casi como un mantra: ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajo!

El deterioro social en el país no tiene piso, “hay que frenar la caída”, expresa Arroyo, “los alimentos tienen que ser accesibles y hay que parar el brutal endeudamiento de las familias”, insiste.

Los recortes presupuestarios en programas sobre temáticas vinculadas a la niñez completan la descripción de un sistema implementado para excluir. “Ocurre tanto a nivel nacional como provincial, reducción de políticas de asistencia, cierre de lugares, falta de medicamentos en salitas y hospitales, todas cuestiones que afectan de manera más directa a quienes están en la precariedad social y tienen niños”, advierte el funcionario de la Comisión Provincial por la Memoria.

La crisis es “un poco más grave que las de 2009, 2010 o 2014, porque se va extendiendo en el tiempo, y las herramientas de compensación, como la asignación universal por hijo, las jubilaciones y los planes de crédito no logran bajar la pobreza”, afirma Salvia.

El funcionamiento de un sistema para la exclusión tiene como contracara al estado punitivista, sostiene Iafolla. “A nivel nacional, la doctrina Chocobar, que habilita a matar por la espalda, es festejada por los funcionarios, y a nivel de la provincial se recurre al discurso de mano dura, que dio lugar a prácticas terribles como el gatillo fácil”.

Un panorama desolador de un pueblo que define en octubre quién será su próximo presidente.