De sensaciones y percepciones

La interpelación tenía como objetivo analizar los hechos de violencia en el fútbol –en particular lo que ocurrió durante el último partido clásico entre Peñarol y Nacional– y la situación de “extrema gravedad” de la seguridad pública. La sesión fue convocada a pedido del diputado Germán Cardoso (Partido Colorado), quien contó como partenaire con el diputado Pablo Iturralde (Partido Nacional). Enfrente tenían a Bonomi, acompañado por un grupo de asesores entre los que se encontraban el subsecretario Jorge Vázquez y el director nacional de Policía, Mario Layera.

Como de costumbre, la sesión estuvo signada por largas exposiciones del miembro interpelante y del interpelado, acusaciones cruzadas, exposiciones sobre temas ajenos a la convocatoria y más acusaciones. Cardoso se presentó muñido de carpetas y recortes de prensa, en los que fundó medio centenar de preguntas al ministro y con los que se refirió al fracaso de la política de seguridad.

Sobre el tema de la violencia en el deporte, Cardoso apuntó al “bochorno” del último partido clásico y afirmó que el descontrol actual forma parte de la política impulsada por el Ministerio del Interior (MI) de incorporar a los barrabravas a los equipos de seguridad de los clubes. Pero también habló de la ola de asesinatos en Uruguay, del desamparo que vive la población ante la delincuencia y del aumento de las muertes violentas en las cárceles. Dijo que la delincuencia es la dueña de las calles, de los barrios, de las cárceles y del deporte. “¡Háganse cargo!”, gritó.

Aprovechó su intervención para cuestionar las cifras del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, que mostraron un descenso de las rapiñas en 2016, como parte de la aplicación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Cardoso dijo que no cree en las estadísticas del MI. “La realidad no tiene nada que ver con el relato virtual que quiere hacer el ministro y sus estadísticas, que quieren hacernos creer que estamos bien y que vamos mejorando”, dijo Cardoso. Y afirmó que la baja de los delitos se relaciona con que la población ya no denuncia.

La intervención de su partenaire transcurrió caminos similares. Iturralde habló del fracaso de la gestión de Bonomi, dijo que en el partido clásico el éxito fue de los barras y los delincuentes, que la instalación de las cámaras de seguridad derivó en un corrimiento del delito hacia la periferia de Montevideo, que la sociedad es cada vez más violenta y que en la comisarías existe un intento de tipificar casos de rapiñas como si fueran hurtos. Finalmente, pidió que Bonomi abandone el cargo.

A su turno, Bonomi hizo un extenso repaso sobre la violencia en el fútbol, que se inició en 1905, cuando se produjo la suspensión de un partido en dos oportunidades por incidentes, y siguió en 1924 cuando se produjo la primera muerte por violencia en el deporte. Después hizo un repaso del proceso de formación de las barras bravas, que derivó en la separación de hinchas en 1987, tras una serie de graves incidentes que ocurrieron en la tribuna Ámsterdam.

En este contexto, Bonomi afirmó que actualmente las barras son “una estructura criminal”, lo que quedó demostrado con la investigación policial y judicial que derivó en el procesamiento con prisión de cinco referentes de la barra de Peñarol. “Las barras extorsionan a los dirigentes y los amenazan, porque son un actor fuerte con recursos económicos, respaldo para sus actividades delictivas y además reclutan integrantes”, dijo Bonomi.

Más allá de esto, el ministro afirmó que parte de la responsabilidad en la consolidación de estos grupos fue de los propios dirigentes de fútbol, que los apoyaron durante años con entradas de favor y otras regalías. También apuntó contra la inacción de los gobiernos blancos y colorados “que consideraban las muertes [en el fútbol] situaciones aisladas”. “Háganse cargo de lo que hicieron antes. No hicieron casi nada cuando el problema de las barras bravas se instalaba en Uruguay”, criticó Bonomi. Y detalló, una por una, todas las medidas de seguridad implementadas durante su gestión.

Posteriormente, se refirió a los resultados de su gestión en materia de seguridad. Señaló la baja en 2016 de los delitos violentos (en particular, homicidios y rapiñas) y destacó que este resultado fue parte de un plan diagramado por el MI. “Esto no es fruto de una acción puntual de la Policía que tuvo un resultado inesperado; no hay improvisación”, afirmó. También vaticinó que, de continuar este rumbo, los índices se rapiñas en 2020 serán menores que los registros en 2015, lo que permite prever que se podrá cumplir con la propuesta electoral de reducir 30% las rapiñas hacia el final del período.

En este marco, Bonomi presentó los últimos datos de seguridad, con cierre en enero de 2017. Los datos del Observatorio muestran una nueva baja de los homicidios (cerca de 10%), hurtos (5,4%) y rapiñas (5,3%). “No es correcto decir que los homicidios subieron. No se ajusta a la realidad, no es cierto que hubo más de un homicidio por día en enero”, afirmó. Y reiteró que los datos de 2016 suponen un punto de inflexión, en cuanto a la baja de homicidios y rapiñas. Estos resultados son parte de la aplicación del PADO, un programa que se modifica en forma permanente, ya que apunta a tratar de identificar “cómo piensan los delincuentes”. El secretario de Estado dijo que ahora se apuesta a fortalecer el PADO con una extensión del horario y del área de cobertura.

Moción, moción

Tras la finalización del debate, el FA presentó una moción de apoyo a las explicaciones del ministro. Por primera vez en 12 años, una instancia de este tipo no contó con el respaldo del plenario, ya que no se obtuvo el voto 50. Al contrario, la moción aprobada fue la presentada por el escindido diputado Gonzalo Mujica, que consta de cinco puntos.

Los dos primeros puntos, aprobados por amplia mayoría de los diputados, destacan aspectos de la gestión de Bonomi. Así se afirma que “el Ministerio del Interior ha hecho en los últimos años un esfuerzo de gran magnitud a efectos de mejorar las condiciones de trabajo del personal policial”. (95 en 99) y que “se han implantado metodologías en los ámbitos ministerial y policial con el propósito de lograr avances en la lucha contra el delito” (93 en 99).

Sin embargo, otros tres puntos tuvieron el respaldo sólo de la oposición y de Mujica. Entre ellos, uno que afirma que “los resultados obtenidos en la mejora de las condiciones de seguridad del ciudadano no guardan relación con el conjunto de los recursos económicos y humanos disponibles” y que “la percepción ciudadana acerca de su seguridad personal, familiar y la de su propiedad, es de desprotección ante el delito y la delincuencia”.

En particular, generó incredulidad el último punto, ya que durante la sesión, varios legisladores de la oposición cuestionaron la gestión de seguridad durante los gobiernos del FA, y en particular la explicación del exministro José Díaz, en cuanto a que la inseguridad era “una sensación térmica”. En este caso, la oposición sustentó su crítica a la gestión de Bonomi en la “percepción ciudadana” de desprotección, al tiempo que se rechazaron las cifras oficiales que muestran un descenso de los delitos violentos en 2016, pese a que los delitos contra la propiedad (hurtos y rapiñas sumados) tuvieron un leve aumento.