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Economía LUC |

Debate sobre combustibles: Un problema de difícil resolución

El nuevo régimen de fijación de precios de los combustibles a partir de la Ley de Urgente Consideración volvió a traer al tapete la vieja discusión sobre el monopolio de Ancap.

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Caras y Caretas Diario

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Quizás una de las contras que encontró el gobierno uruguayo es que hubo dos subas consecutivas de los combustibles y la última tan discrecional como el sistema anterior.

Una noticia, recientemente difundida por el portal Surtidores puede generar expectativas para el gobierno incluso con vistas al referéndum sobre la LUC.

En los mercados internacionales se está dando el denominado backwardation que se produce cuando el precio actual (al contado) del petróleo físico es más alto que los que se negocian en el mercado de futuros. Esto quiere decir que la demanda presente de petróleo es fuerte respecto a la oferta”, publicó Surtidores el 5 de agosto de 2021.

La agencia internacional de calificación crediticia Fitch Group pronosticó una baja sostenida del barril Brent para 2022 y auguró que el petróleo rondará los US$ 57.

Según la agencia Fitch, la debilidad de la economía global podría presionar a la baja los precios.

El martes 3 de agosto el barril Brent bajó unos 4 dólares (llegó a los 70 dólares). Entre el 15 de julio de este año el barril Brent pasó de US$ 74,23 a US$ 70,75, el 10 de agosto. Sin embargo, el precio del combustible subió en los dos últimos meses.

 

Diferentes crudos

El crudo Brent es una mezcla de petróleos extraído de los campos petrolíferos del Mar del Norte: Brent, Forties, Oseberg y Ekofisk (denominados en conjunto como BFOE).

El Brent -normalmente se refina para obtener combustible diésel y gasolina- es uno de los puntos de referencia para el petróleo en el mercado mundial, como Oriente Medio, Europa, África y también para Ancap, que aunque compra el producto más conveniente, según aseguró a Surtidores una fuente del ente. “La especificación final del producto manda”, dijo.

“Algunas refinerías usan crudos más baratos para llegar a una especificación de producto que otras no alcanzan si no es con uno más caro”, aclaró la fuente.

El West Texas Intermediate (WTI) es extraído del fondo del Mar del Norte, en las zonas de Texas, Louisiana y Dakota del Norte.

Llama la atención entonces que la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea) base su precio de paridad de importación (PPI) en un tipo de crudo como el WTI diferente al que utiliza Ancap (el Brent) para referenciar sus compras de crudo, advierte Surtidores.

 

Refinería de La Teja: la más eficiente

“La planta de La Teja obtiene lo mejor de cada crudo que procesa, o sea, es más eficiente que otras en la conversión. El problema de escala nos pega porque necesitamos los mismos costos fijos que una gran refinería. El margen de Ancap por pequeño volumen no compensa la pérdida de competitividad”, explicaron desde la compañía a Surtidores.

Sin embargo y a pesar de ser el Brent el crudo de referencia para la mayoría de los mercados mundiales, en el caso del PPI de la Ursea, por el procedimiento de cálculo que se puso en consulta pública y posteriormente se aprobó, se toman los productos refinados, pero en base al WTI “por ser un mercado con mayor movimiento” sostuvo una fuente de la Unidad Reguladora consultada por Surtidores.

El Poder Ejecutivo se basa en dos factores al amparo de la LUC: el PPI de Ursea (cuya fluctuación mensual depende del costo internacional del petróleo) y del denominado “factor X”, un porcentaje que pesa sobre el combustible y que es directamente proporcional a las subvenciones que Ancap vuelca al negocio del portland, al negocio del supergás y al sobrecosto de los biocombustibles que mezcla en un 5 por ciento.

 

Desmonopolizadores

Un Solo Uruguay (USU), que no se sabe bien a quiénes representan, reunió un grupo de 120 personas en Durazno y resolvió reclama liberar la importación de combustible, reformular el Imesi en las naftas y quitar exigencia de biocombustibles. Así, aprobaron movilizaciones nacionales que comenzaron el viernes 13 en San José y también solicitaron una entrevista al presidente Lacalle.

Según su dirigente, el ingeniero agrónomo Marcelo Nogués, hay que desmonopolizar los combustibles “para que Ancap pueda competir en el mercado y sea más eficiente”.

Además insisten en eliminar el subsidio al boleto capitalino, que hoy es de $ 3,48 más IVA.

Por su parte, los senadores Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, y Germán Coutinho, del Partido Colorado, anunciaron que presentarán un proyecto para liberar la importación de los combustibles, el próximo 15 de octubre, justo cuando Ancap cumple 90 años.

Da Silva aseguró a En perspectiva, el 5 de agosto, que “hoy Uruguay no tolera más un organismo vetusto y anacrónico como es Ancap” y dijo que “hay que hacer un proyecto que tenga una mirada un poco más grande; si logramos persuadir a los sectores más modernos del Frente Amplio, sería un batacazo y sacaríamos el tinte partidario a un tema que tiene que tener una perspectiva realista y moderna”, concluyó.

En su audición del martes 20, por radio Oriental, el Senador Guido Manini Ríos dijo que “en el precio que conforma el combustible en Uruguay, hay muchas partes que nada tienen que ver con el propio combustible, con la propia refinación del combustible”. Agregó que “los impuestos que se les ponen a los combustibles son significativos en el total de el componente del precio. Hay un fideicomiso al boleto metropolitano que también contribuye a incrementar el precio del combustible. Existen actividades de Ancap que tiene que financiarlas de alguna forma porque no son redituables”. Sin embargo, Manini advirtió “que quede bien claro que Cabildo Abierto no se opone a la desmonopolización. Lo que se opone es a transformar el actual monopolio de Ancap en un monopolio privado”.

Más tarde, en una entrevista en radio Sarandí, el 9 de agosto, Manini sostuvo que “no le podemos enmendar la plana al pueblo. La gente en su momento se expidió en contra» de la apertura a la importación de combustibles.

En junio de 2017, un informe de la consultora CPA Ferrere, titulado El precio de los combustibles en Uruguay, disponible en www.cpaferrere.com, expresó que “como se trata de un mercado con economías de escala, la libre importación no asegura precios competitivos para los consumidores”.

“Desde el punto de vista teórico, la libre importación podría implicar sustituir el monopolio de Ancap por un mercado oligopólico o incluso por un monopolio privado […] la libre importación podría afectar la viabilidad económica de la refinería de Ancap”. “También se deben analizar costos económicos derivados (efectos patrimoniales sobre el sector público, pérdidas de empleo, etc.)”.

La situación actual parece sintetizarse en “monopolio público o mono u oligopolio privado”.

 

El referéndum de 2003

Hace unas semanas el expresidente Luis Lacalle Herrera dijo que “la agenda que fijó el gobierno del 90 al 95 es la agenda que hoy tiene el país” y señaló como aprendizaje del referéndum por la Ley de Empresas Públicas de 1992 que la comunicación, la explicación y los medios son una parte “esencial”.

Parte de esa agenda era privatizar a las empresas públicas, lo que fue rechazado en el referéndum del 2003 por el 62,3% de los ciudadanos.

Como recuerda el periodista Carlos Peláez, en el portal Claridad, “el gobierno hace más. A través de algunos de los directores de Ancap -casualmente no de su presidente Alejandro Stipanicic, un hombre con muchos años como funcionario del ente y que conoce su funcionamiento-, se lleva adelante una campaña de desprestigio señalando las pérdidas del cemento, las de ALUR y el biocombustible y el hallazgo de materiales comprados y nunca usados.

Es una campaña consecuente del herrerismo que nunca quiso a Ancap. Tanto que el 15 de octubre de 1931, cuando a iniciativa del entonces diputado Luis Batlle Berres se creó la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, los diputados del Partido Nacional Herrerista no la votaron. Vale recordar que tampoco la votaron los representantes del Partido Socialista y del Partido Comunista. Pero con el paso de los años estos dos últimos partidos modificaron su posición, no así los herreristas a los que se debe reconocer su coherencia histórica.

Los batllistas de la época ya veían el potencial de Ancap en el desarrollo industrial y de infraestructura del país, porque la ley original también preveía el monopolio de la fabricación de cemento.

Entonces los herreristas se oponían al monopolio. En un editorial publicado el 18 de octubre de 1931 en La Tribuna Popular, un diario identificado con ese sector del Partido Nacional, se decía : “El batllismo si no pone coto a sus atropellos, nos conducirá al sovietismo. El monopolio de la industria de los combustibles es acabadamente leninista y no solo atenta el derecho inalienable de la iniciativa particular, sino que sembrará desconfianzas que impedirán la implantación de nuevas industrias, con grave perjuicio a nuestra economía. ¿Quién será el guapo que se atreva a establecer una nueva industria bajo la vehemencia monopolizadora del batllismo?”, se preguntaba el editorialista.

En el año 2003 el vontralmirante Oscar Lebel publicó el libro Ancap: una visión geopolítica del Uruguay en el mundo del petróleo y allí aporta un dato desconocido por la gran mayoría. En 1936, ya en dictadura, un ignoto diputado colorado de apellido Baltar, representante del riverismo, logra la aprobación urgente de un proyecto de ley presentado por él.

Esa ley liquidó el monopolio del ente sobre la importación y venta de combustibles y favoreció a un trust integrado por las petroleras Shell, Esso, Atlantic y Texaco mediante la firma de convenios secretos con la empresa pública y por la que el conglomerado se quedó con la mitad del negocio de combustibles.

Increíblemente ese convenio estuvo oculto al Parlamento hasta 1973. Jamás nadie explicó cómo fue posible mantenerlo en secreto. Tanto que ni en la página web de Ancap figura alguna mención a la ‘ley Baltar’”.

 

Al borde de desaparecer

Recuerda también Carlos Peláez que “fuentes de todos los partidos representados en el Parlamento y de Fancap coincidieron en que en 2004 “Ancap estaba al borde de desaparecer”. Tenía una deuda de 350 millones de dólares, pero lo peor era que su infraestructura necesitaba inversión urgente a un costo de centenares de millones de dólares.

En 1997 el directorio del ente presidido por Eduardo Ache [hoy asesor del senador Manini Ríos] e integrado por Milka Barbato, hizo negocios en Argentina con delincuentes buscados por Interpol. Unos 200 millones de dólares perdimos con ese ‘negocito’. Y no perdimos más porque nos salvó Pdvsa que compró el ‘choclo’ llamado Sol Petroleum.

Una investigadora parlamentaria solicitada por el FA probó varias irregularidades y algún delito que pasaron a la Justicia. En febrero de 2001 el entonces presidente Jorge Batlle destituyó a Ache. Pero nadie fue procesado porque la Justicia no tenía fondos para solventar las pericias que debían hacerse en Argentina”.

La historia es mucho más larga. En 1998 se firmó un convenio con la empresa argentina Loma Negra, propiedad entonces de María Amalia Lacroze de Fortabat, que dio origen a Cementos del Plata SA integrada entonces con un 55% de Ancap y un 45% de la cementera argentina, que sin embargo tenía mayoría en el directorio. El resultado de esa asociación fue tan deficitario que, según el libro de Lebel, “a partir de entonces la División Portland comenzó a dar pérdidas. Y nunca se recuperó. Hoy Cementos del Plata SA se integra con un 99,8% de la empresa uruguaya y 0,2% de Loma Negra”.

Desde fines de los 90, Ancap pagó 429 millones de dólares para la construcción de tres gasoductos. La empresa Montevideo Gas, recientemente en manos del Estado, provee gas por cañería tan solo a unos 6.000 clientes. Tenemos tres gasoductos, por dos de ellos solo circulan ratas.

Al deteriorado estado de las cañerías de hierro fundido se sumó que fueron hechas para un gas “húmedo” como el manufacturado. El gas natural “seco” llevó a que las juntas de las cañerías perdieran. El 40% del gas que provenía de Argentina se fugaba al aire, lo cual fue denunciado por el Sindicato del Gas, y algunos sectores políticos lo calificaron como “una gran mentira de gente resentida”. Pero en 2006 Gaz de France reconoció que era verdad cuando traspasó el contrato a Petrobras, quien luego también se retiró.

“Otro negocio a pérdida millonaria absoluta fue la asociación con una destiladora escocesa en el año 2001, presuntamente para potenciar las bebidas alcohólicas que producía Ancap. Pero el resultado fue la pérdida del 50% del mercado del whisky nacional. La empresa pública decidió no hacer un juicio por incumplimiento de contrato y se acordó una salida negociada de una deuda de la escocesa, que jamás pagó. En el año 2018 CABA tuvo que cerrar después de acumular pérdidas por unos 30 millones de dólares”, señala Carlos Peláez.

 

Un poco más de historia

En el año 2005, Pdvsa, encabezada por Rafael Ramírez, ofreció a Ancap, presidida entonces por Daniel Martínez, un acuerdo que estableció que Uruguay pagaría el 75% de cada embarque en un plazo de 90 días y el 25% restante a largo plazo y sin intereses, el cual fue firmado entre ambos países. Finalmente se canceló en 2015 con una quita del 38%.

Uruguay importaba entonces unos 12 cargamentos de 900.000 barriles cada uno al año, por lo que el acuerdo firmado le dejaba al ente una caja de decenas de millones de dólares con los que podía solventar las inversiones necesarias.

Daniel Martínez, aconsejado por una consultora, eliminó la Gerencia General y puso a todos los gerentes de las empresas de grupo Ancap al mismo nivel, por lo que se les otorgaba facultades importantes para definir el rumbo de cada una de ellas. El problema es que, salvo la refinería, todas las otras operan bajo derecho privado.

Luego Raúl Sendic y Leonardo De León, entre otros, dieron origen a la planta desulfurizadora que fue proyectada con un presupuesto de 60 millones de dólares, terminó costando 430 millones de dólares; el día de la inauguración se organizó una fiesta sobredimensionada y hubo que oír a Cristina Fernández decir que había sido financiada por Argentina, cuando fue enteramente pagada por Uruguay.

La planta de ALUR terminó costando 150 millones de dólares cuando originalmente estaba proyectada para un costo de 50 millones.

La reconversión y ampliación de la planta de cemento portland de Minas estaba presupuestada por 45 millones de dólares, costó 120 millones y el directorio dijo que eran necesarios otros 27 millones para completarla.

Para la planta de cemento de Paysandú se adquirió un tercer horno a un costo de 85 millones de dólares, pero para montarlo son necesarios otros 100 millones, por lo que el horno permanece guardado desde hace 5 años en decenas de contenedores.

A esto se agrega lo sucedido con el remolcador Ky Chororo. El contrato con la empresa Pleno Verde para trasladar a Candiota la cal que se produce en Treinta y Tres, sin licitación, y a la que se le entregó un adelanto de dos millones de dólares para la adquisición de camiones.

La planta de fabricación de cal construida en Treinta y Tres tuvo un presupuesto inicial de 80 millones de dólares, pero terminó costando 147 millones.

En la Regasificadora, compartida con UTE, se despilfarraron, según los números actuales, 200 millones de dólares en un proyecto inviable antes de empezar.

En 2015 hubo que recapitalizar a Ancap en 900 millones de dólares porque estaba fundida. Eso provocó un ajuste fiscal.

Si en 1931, antes de Ancap, la Standard Oil vendía combustible a 14 centésimos el litro en Montevideo y a 20 en el interior, con un precio a merced del mercado, nadie puede asegurar que en recónditas ciudades del interior, donde hay una sola estación de servicios, el precio será igual para todos.

Para importar combustible a un costo millonario es necesario contar con una gran infraestructura que permita transportarlo desde una terminal portuaria apropiada hasta los tanques de almacenamiento. Claro que ello sería posible si regalasen las instalaciones y las terminales de Ancap.

La empresa estatal solo recibe el 42% del precio del combustible y con eso debe comprar petróleo, los dólares para pagarle y sostener su infraestructura. El restante 58% son impuestos y costo de distribución. Por lo tanto, a mayor suba de precios, mayor recaudación impositiva, algo que no están dispuestos a ceder.

Argentina no tiene excedentes petroleros y la nafta de Brasil es de muy mala calidad. Para importarlo de otros países se presenta otro problema. Según el Portal Portuario, “en junio de este año los costos de los fletes marítimos de combustible aumentaron hasta un 30%” y su tendencia es al alza.

 

El cemento

En cuanto al cemento las pérdidas no solo se generan por un asunto de gestión. Es un área donde se cruzan muchos intereses e incluso, como intereses de jerarcas del ente que han hecho negocios sin conocimiento de las autoridades.

Ahora operan dos grandes cementeras privadas con las que Ancap no puede competir.

También recuerda el periodista Carlos Peláez que el 11 de junio del 2020 y a propuesta del ministerio de Economía y Finanzas el presidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución por la que exonera del impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE), del impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a empresas cementeras administradas por el estudio Posadas, Posadas & Vecino.

En julio del 2016 las empresas Colina Justa SA, Eromar SA y Mondello SA resolvieron “disolverse sin liquidarse y pasar todo su patrimonio a Cemento Artigas SA”. El trámite ante el Ministerio de Economía se inició en mayo de 2017.

Pero la exoneración se otorgó un mes antes de que se publicara en el diario oficial la liquidación de estas tres empresas y su balance, y por lo tanto recién adquiriera valor legal.

El patrimonio más importante de esas tres empresas son los yacimientos de calizas que según fuentes de Dinamige se estiman en unas cien millones de toneladas.

El valor ficto de cada tonelada es de 350 pesos, por lo que la operación solo en calizas tiene un valor de 35.000 millones de pesos. Además está el valor de la tierra donde se encuentran esos yacimientos. Sobre este monto, que tiene esa base mínima, no se pagará ningún impuesto.

Por los perjuicios sufridos por Ancap un funcionario de Dinamige fue destituido a propuesta de Pedro Bordaberry, entonces ministro de Industria, por conjunción de intereses, aunque nunca fue denunciado ante la Justicia.

La decisión presidencial se sustenta en el artículo 26 de la Ley 16.906 aprobada el 7 de enero de 1998 y conocida como Ley de Protección de Inversiones que dice: “(Fusiones y escisiones). Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales que graven las fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades, siempre que las mismas permitan expandir o fortalecer a la empresa solicitante”.

Cemento Artigas, la principal empresa del sector portland, está radicada en Lavalleja. Fue adquirida en 2009 por la española Cemento Molins y la brasileña Votorantim. Hoy tiene una posición dominante en el mercado del cemento.

En agosto de 2011, Ancap anunció la conformación de una sociedad con la empresa de cemento brasileña Votorantim, representada por Eromar SA y la española Cemento Molins (Cementos Artigas)  para la construcción de una planta de portland que produciría 750.000 toneladas al año. El emprendimiento se ubicaría en el paraje Otazo, departamento de Treinta y Tres. La inversión sería de US$ 160 millones y generaría 200 puestos de trabajo directos y 500 indirectos.

Por tanto en el año 2011, Ancap (20%), Eromar SA (Votorantim) (20 %) y Cementos Artigas (60%) conformaron la Sociedad Comercial Colina Justa SA para la construcción de esa planta.

El estudio De Posadas ha sido durante más de 15 años el que asesoró a la empresa Eromar, que se benefició de los servicios del infiel exfuncionario de Dinamige Eduardo Medina Estefan. Este antiguo funcionario ocupó los cargos jerárquicos más importantes en la Dirección de Geología de la Dirección Nacional de Minería y Geología, como lo denuncia el periodista Carlos Peláez.

Vendió y extendió sus servicios de consultor privado a la empresa Eromar SA, en conjunto con sus socios Hector Morales y Juan Ledesma. Estas referencias están consignadas en el expediente 504/01 de Dinamige, sobre sumario y destitución del funcionario corrupto.

El expediente 599/98 de la Dinamige se inició el 6 de octubre de 1998. Como parte de ese expediente se acordonó el plano con padrones a denunciar para su posterior explotación números 816, 817 y 5935 del departamento de Treinta y tres. El plano lo hizo ingeniero agrimensor Fernando Lema, exfuncionario de Dinamige.

 

El PPI
El Precio de Paridad de Importación (PPI) es un ejercicio teórico que se realiza a partir de valores de referencia para simular cuál sería el precio de un importador que trajera combustibles a Uruguay cumpliendo con todas las normativas vigentes. El resultado de ese ejercicio teórico es el que determina el precio al que Ancap debe vender sus productos en planta a los distribuidores. Además, el Poder Ejecutivo fija el precio máximo de venta al público de esos productos.

 

Precios

Precio de la gasolina súper. El precio de la gasolina súper se compone de: precio de ingreso Ancap 42%, fletes 1%, Impuesto Específico Interno (Imesi) 43%. La Intendencia de Montevideo cobra la tasa de inflamabilidad de 1%, que las demás intendencias no perciben. El margen de las distribuidoras y bonificaciones representan el 13%.

Precio del gasoil. El precio del gasoil está compuesto por: ingreso neto a Ancap sin factor X 54%, factor X 6%, regulación Ursea con tributos 16%, IVA 15%, fideicomiso al boleto capitalino 7%, tasa de inflamabilidad de 1%, flete secundario 1%.

Precio del supergás. El precio del supergás se compone de: precio de ingreso Ancap 24%, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un 18%, tasa de inflamabilidad de 1%, margen de distribución promedio y envasado 57% .

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