Democracia directa, indirecta y política

Por Rafael Bayce.

Democracia Circuito electoral
En la foto: Circuito electoral durante votación. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.

Son temas que nos quedaron pendientes como reflexiones consecuentes al ‘firmazo’ plebiscitario pro referéndum, y que no tocamos en nuestra columna de la semana pasada.

 

Teoría: democracia directa, y/o indirecta

Tanto el plebiscito mediante firmas como el referéndum mediante voto son recursos políticos legales, constitucionales, que implican el ejercicio de la ‘democracia directa’, en la que legisla (o deroga legislación, en el caso) directamente el cuerpo electoral, el demos, los ciudadanos administrativamente aptos para ejercer la soberanía popular, la democracia plena, teóricamente originaria de la voluntad legítima y legitimante de las decisiones colectivamente vinculantes. Actúan directamente, sin intermediarios, como ocurre en cambio en la ‘democracia indirecta’, donde las decisiones legítimas y legitimantes, legalmente vinculantes, son tomadas por ‘representantes’ electos, por el cuerpo electoral, el demos, o pueblo representado; o bien por aquellos legalmente designados por los elegidos representantes.

Las ‘demo-cracias’ (poder de todos; demos=todos, cracia=poder) aparecen posteriormente a otras dominaciones legítimas -si les creemos a los primeros teóricos políticos, Platón y Aristóteles -: a las ‘mono-cracias’ (poder de uno), y a las ‘oligo-cracias’ (poder de pocos), titulares por derecho divino, real, hereditario, o por la fuerza, según las épocas.

El ‘poder de todos’, del demos, como titular de la soberanía, aparece, aunque imperfectamente (mujeres, extranjeros y menores no pertenecían) en el debate y decisiones del ágora ateniense. Pero el poder de todos, no ya simplemente como alternativo -como era en Grecia-, sino como superior al de uno o de pocos, solo aparece con Rousseau, más tarde con los teóricos anglosajones de la democracia indirecta, representativa, y finalmente con los teóricos de la democracia indirecta republicana, de representantes de mayorías.

Se plantea el problema, en los derechos positivos y en las prácticas políticas, de la coexistencia de institutos de democracia indirecta, representativa, republicanos, -i.e. las elecciones nacionales, federales, departamentales, provinciales, estaduales, municipales-, con institutos de democracia directa como plebiscitos y referenda.

Uruguay tiene, en su derecho positivo constitucional-legal, y en la legislación electoral, una mezcla de instrumentos de las democracias directas y de las indirectas, cosa que no ocurre en otros países que tienen instituciones solamente de democracias indirectas, sin la complicación teórica y política que implica la mezcla de democracia indirecta con directa. Tales instrumentos de ejercicio de democracia directa son, por ejemplo, los plebiscitos, los referenda y la iniciativa legislativa popular.

¿Por qué decimos que esta mezcla de institutos de democracia indirecta, mayoritarios, con instrumentos de democracia indirecta es una ‘complicación’?

Uno. Porque hay autores y teóricos que piensan que la ‘verdadera’ democracia es la ‘directa’; que la indirecta, por representantes, rige solo porque en las ciudades más modernas, populosas y extendidas que las polis griegas, es imposible el debate y decisión por todos en todo tiempo, lugar y ocasión; por eso rige la indirecta, no por ser mejor sino por ser la única posible en la práctica.

Dos. Porque el recurso a la democracia directa, en medio de la vigencia normal de la indirecta, como es el caso del Uruguay -no solo hoy sino otras veces anteriores también-, podría ser conceptualizado como una amenaza ‘neopopulista’ a la democracia indirecta, la republicana, la mejor, ya que la desprestigiaría frente a la de ‘última instancia’, la primigenia, soberanía originaria, del demos completo.

Tres. Por el contrario, otros verían esta mezcla como un recurso a la ‘verdadera’ democracia, que es la directa, donde todo el demos expresa su voluntad soberana, más auténtica que la de sus representantes, pero imposible de llevarse a la práctica con frecuencia, dado el número y distancia entre los miembros del pueblo soberano.

Cuatro. Además, cabe la posibilidad, en Uruguay, de pensar que la democracia adecuada para las condiciones demográficas y geográficas es la indirecta, por representantes electos o designados por éstos: la republicana, indirecta, ‘jeffersonianamente’ recurrente a mayorías decisorias a falta de consenso. Pero también es posible pensar que los recursos a la democracia directa, como plebiscitos y referenda, son correctores de que dispone el demos para revertir decisiones tomadas por los representantes que se juzgan divergentes del mandato popular deseable, como sería el caso uruguayo. Esta idea, de la directa como correctora por el demos de lo resuelto por los representantes indirectos, sería consonante con la tan famosa como poco reflexionada frase artiguista de 1813: “Mi autoridad emana de vosotros; y ella cesa ante vuestra presencia soberana”. ¿Significa eso que para Artigas -o para sus ilustrados secretarios- la democracia indirecta es segunda de la directa? ¿Que la autoridad de los representantes electos por la Banda Oriental, delegados ante las Provincias Unidas del Río de la Plata, podría ser revocada en su representación y mandatos por la asamblea del demos oriental? ¿Qué podría objetar Cabildo Abierto al plebiscito y referéndum actualmente en proceso desde su proclamado artiguismo?

Cinco. La última complicación, o complejidad, aportada por la coexistencia de institutos de democracia indirecta y de democracia directa en los marcos normativos no es tanto la discusión teórica sobre la superioridad posible de una sobre la otra, y la posible coexistencia de ambas en el ordenamiento legal: es su incidencia y significación para la práctica política coyunturalmente situada. Y a eso vamos.

 

Las democracias teóricas y su vida política real

Aquí cabría una apasionante reflexión teórica sobre las relaciones entre la soberanía popular utópicamente originaria, la autoridad representativa, la distinción entre representación simple y mandatada, y los usos políticos prácticos que se podría hacer con cualquiera de estas variedades de concepción teórica de democracias, representaciones, mandatos. Pero este no es el lugar para eso, sino para aterrizar todo esto en el proceso del presente plebiscito-referéndum contra 135 artículos de la LUC. Debemos entonces ver cómo juegan estas prioridades teóricas, pero ya en el marco concreto de un derecho positivo determinado y de una coyuntura sociopolítica precisa espaciotemporalmente, en un entorno económico-cultural dado. Demasiado para unas líneas; pero algo podremos sugerir.

El recurso, por parte de opositores al gobierno electo, a institutos de democracia directa para derogar parte de una ley central para un gobierno, sancionada y promulgada mediante recursos de la dominante democracia indirecta, republicana, plantea el asunto del uso político de ambos tipos de democracia en el decurso de un proceso político concreto espacio-temporalmente situado.

En primer lugar, no podemos dejar de señalar la torpeza política de un gobierno entrante que, disponiendo de mayorías parlamentarias suficientes como para imponer leyes acordes con su voluntad política, en lugar de hacerlo pacientemente una por una, lo que haría muy factible su aprobación y muy ardua su derogación, elige proponerlas en una ‘ley ómnibus’, conteniendo las más diversas materias, lo que le proporcionaba a la oposición partidaria y a la sociedad civil la posibilidad de derogarla mediante un ‘recurso ómnibus’, tal como lo es un referéndum electoral precedido de un plebiscito habilitante. Que implica el predominio de recursos de democracia directa sobre recursos de democracia indirecta, en el caso de victorias de plebiscito y referéndum, si se llegaran a los números legal suficientes.

Tanto en toda la sociedad agregada como al interior de la misma oposición política y civil, se reitera el debate teórico sobre las democracias directa e indirecta, sumado al de la moralidad y oportunidad del recurso a plebiscito y referéndum en la práctica política real, amén del dilema teórico. Hay posiciones diversas, como las que siguen.

Uno. Es aprobable recurrir a la verdadera democracia, que es la directa, preferible a la indirecta pero muy difícil de implementar para todas las decisiones cotidianas por razones demográficas, territoriales y de acceso a la información, capacidades y habilidades retóricas para hacerlo con eficacia.

Dos. Es desaprobable hacerlo porque debilita la democracia indirecta, representativa, republicana, sometiéndola a la espada de Damocles de la democracia directa, que queda así como implícitamente superior en su legitimidad a la indirecta. Y erosiona también la seguridad jurídica debido a esa amenaza.

Tres. Es comprensible políticamente que razones y valores derrotados en el ejercicio parlamentario de la democracia indirecta busquen imponerse mediante el uso de la democracia directa; si la torpeza política del gobierno se los permite, y también el ordenamiento legal electoral y legislativo. Y ambos lo hicieron posible.

Cuatro. Aun secundarizado el debate teórico democracia directa-indirecta, cabe el debate sobre la moralidad y la oportunidad políticas del recurso democrático directo. Porque cuestiona una ley que en parte votó la fuerza parlamentaria opositora, más afín a quienes promovieron plebiscito y referéndum que a la fuerza gobernante autora de la ley cuestionada. Porque ‘usurpa’, mediante democracia directa, las potestades legislativas que la elección como instituto de la democracia indirecta les atribuyó a los opositores electos. Deslegitimaría así al Frente Amplio y a otros opositores menores de la sociedad política frente a la iniciativa legislativa de la sociedad civil, encarnada en la central sindical, las organizaciones sociales y la gente común; debilitaría a la oposición política frente a la civil, y a la democracia indirecta, diariamente necesaria, frente a la directa, solo excepcionalmente operativa.

Cinco. Más allá de esos debates, lo que se hizo fue aprovechar, políticamente, una posibilidad legal de derogación legislativa directa de algo sancionado y promulgado por la indirecta; de validar la vigencia y potencia de la sociedad civil frente a la sociedad política; y aprovechar la posibilidad, también legal, de aprovechar la posibilidad de la iniciativa legislativa de la sociedad civil organizada y no organizada, en este caso legislando por la negativa, derogando.

Creo, lector, que este es un mapa de los debates teóricos actuales, y de algunos de los suculentos que se vendrán durante la campaña por y contra la derogación. Y habrá más relativos a los qué y los cómo de la información comunicada al cuerpo electoral en esa campaña, seguramente. Hasta entonces.

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