Por Edgardo Buggiano y Mauricio Pérez La detención masiva de dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Suiza marcó la historia del fútbol sudamericana. El caso tuvo repercusiones en distintos ámbitos, también en el plano económico. Después del Fifagate -como se conoció a esa redada-, los premios en la Conmebol subieron considerablemente. Pero antes de esto, en el propio seno de la conferencia, los problemas por los derechos de televisión abrían heridas graves. Lo cierto es que varios meses antes, en el comienzo del segundo semestre de 2013, un grupo de clubes del fútbol sudamericano se reunieron en Brasil -convocados por el club Corinthians- con el objetivo de sacar a los directivos de Conmebol. El argumento eran “los manejos corruptos de las finanzas en Conmebol”. A esa reunión acudieron representantes de cuatro clubes uruguayos, entre ellos, los presidentes de Peñarol y Nacional, Juan Pedro Damiani y Eduardo Ache. Y tenía como trasfondo los movimientos impulsados por Global Sports SA, propiedad de Francisco Paco Casal, que desde hacía varios años presentaba, sin éxito, sus ofertas para obtener los derechos de televisión de los principales torneos del fútbol continental. Era un momento bisagra; el paraguayo Nicolás Leoz acababa de dejar la presidencia de Conmebol y el uruguayo Eugenio Figueredo tomaba las riendas del fútbol continental. Casal presentó sus ofertas y las comparó con las cifras que pagaba T&T Sports y los clubes comenzaron a presionar. En Uruguay uno de los más activos fue Peñarol. En la reunión del Consejo Directivo del 9 de diciembre de 2013, decide promover una denuncia penal contra la Conmebol porque los balances del organismo continental eran “impresentables”. “No queremos más dirigentes ricos y clubes pobres”, dijo Edgar Welker en su momento. Detrás de la denuncia, estaba toda la situación de los derechos de televisión y la necesidad de más dinero por parte de los clubes. Peñarol aducía que la ampliación del contrato con T&T Sports, sin licitación, le generaba a la institución una perdida de 1,5 millones de dólares. A Peñarol se le sumaron otros clubes uruguayos: Miramar Misiones, Cerro Largo, El Tanque Sisley, Rentistas, Cerro, Racing. Un par de días después se sumó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) por los presuntos manejos delictivos. La Comisión Directiva -presidida por Enrique Saravia- argumentó que la denuncia apuntaba a algo que sería beneficioso para los jugadores. La gremial uruguaya consultó incluso con agremiaciones de otros países, quienes mostraron su apoyo. La denuncia se presentó formalmente el 23 de diciembre de 2013. Allí se refería a eventuales delitos de estafa, apropiación indebida y lavado de activos por parte de las autoridades de la Conmebol en el manejo de los dineros provenientes de los contratos de televisión, y se solicita un “seguimiento de la ruta del dinero para determinar quiénes fueron los que se beneficiaron indebidamente”. El sustento fáctico de la denuncia era el argumento promovido en la reunión que se produjo en Brasil unos meses antes: la Conmebol cedió los derechos de televisión a la empresa T&T Sports, dirigida por el argentino Alejandro Burzaco -testigo colaborador de la Justicia de Estados Unidos en el caso de corrupción de Conmebol-, en detrimento de las ofertas presentadas por las empresas Gol TV y y Global Sports. Esa decisión le impidió a la Conmebol recaudar unos 433 millones de dólares, lo que implicó un perjuicio económico para los clubes y los futbolistas sudamericanos. Tras conocerse la denuncia, comenzaron las presiones. Conmebol amenazó a Peñarol con excluirlo de la Copa Libertadores si la denuncia seguía su curso; los dirigentes del resto de los clubes fueron sancionados con pérdida de su calidad de dirigentes por algunos meses. Detrás de esta movida estuvo el entonces secretario general de Conmebol, el español Gorka Villar. La presión tuvo efecto a medias: los clubes desistieron de continuar el proceso, por lo que la denuncia fue ratificada sólo por la MUFP. En abril de 2014, los dirigentes de la mutual, encabezados por Saravia y Fabián Pumar, concurrieron ante la Justicia y brindaron su testimonio sobre los motivos de la denuncia. En esa instancia, Saravia argumentó que la diferencia entre la oferta que existía y la que finalmente aceptó la Conmebol era muy grande y que eso les implicó un perjuicio a los futbolistas estimado en 4 millones de dólares al año. “Estamos convencidos de que si ese dinero viniera para los clubes, nuestro fútbol estaría mejor”, dijo Saravia Apareció la plata para los clubes Al parecer, el movimiento gestado esos meses tuvo efecto. La Conmebol oficializó las cifras para la Copa Libertadores 2014: por cada partido de local en la fase de grupos se iba a pagar 300.000 dólares, lo que aseguraba 900.000 dólares, y la recaudación a cada institución, cobrando en octavos de final 650.000 dólares. Era un incremento importante, sobre todo en la fase de grupos. Casi el doble de lo que se cobraba hasta entonces. El 27 de mayo de 2015 se produce el denominado Fifagate y los cambios se suceden como un alud en diciembre; la Conmebol difundió los cabezas de series para la Copa Libertadores 2016 y anunció un incremento de 40 por ciento en los premios respecto a la edición anterior del torneo. Y se anunció que esa cifra sería ajustada anualmente. El 21 de diciembre de 2015, el organismo rector del fútbol sudamericano anunció que el pago por partido como local para la primera fase (ronda previa) sería de 400.000 dólares y por los encuentros de la fase de grupos se aumentaría a 450.000 dólares. El resto del torneo también traería consigo incrementos: 750.000 dólares por los octavos de final; 950.000 dólares por los cuartos de final; los semifinalistas recibirían 1.250.000 dólares por jugar en casa; y el subcampeón embolsaría 1,5 millones de dólares adicionales. El campeón de la Copa Libertadores embolsó 3 millones de dólares. El presidente de la AUF, Wilmar Valdez, entonces presidente (interino) de la Conmebol, dijo que el organismo asumiría también otros costos que normalmente cubrían los clubes y que el monto de los premios tendrá un nuevo ajuste en 2016. El anuncio no se demoró: el 3 de febrero de 2016 la Conmebol presentó las nuevas cifras por la participación en cada etapa de la competencia de la Copa Libertadores. Fue una respuesta a un pedido de clubes cabezas de serie. Con esta decisión, los equipos reciben desde ese momento 600.000 dólares por partido jugado como local en la fase de grupos, lo que representa 1,8 millones de dólares seguros sólo por clasificar a la etapa de grupos. “La mejora para los clubes representa una distribución total de más de 70 por ciento de los ingresos de los contratos de retransmisiones, publicidad y patrocinio de las competiciones continentales de clubes”, expresaba un comunicado en la página oficial de la Conmebol. Además, la confederación eliminó el cobro del 10 por ciento de la recaudación bruta de cada partido. Para 2018, las fases 1, 2 y 3, al igual que la fase de grupos no han cambiado por el momento, pero por estas horas se entregarán las carpetas con los detalles económicos del torneo. Los aumentos de los ingresos para los clubes también se produjeron en la Copa Sudamericana. En 2015 se pagaba por la primera fase 150.000 dólares por partido de local, al igual que la segunda fase, lo que subía a 225.000 dólares en octavos de final, 300.000 dólares en cuartos de final, 360.000 dólares en semifinal; el vicecampeón recibía 550.000 dólares y el campeón embolsaba 1,2 millones de dólares. Esto aumentó en 2016 y se mantuvo en 2017: en primera fase se pagaron 250.000 dólares por el partido de local; en segunda fase, 300.000 dólares; en octavos de final, 375.000 dólares; en cuartos de final, 450.000 dólares; y en semifinales, 550.000 dólares. El vicecampeón recibió un millón de dólares, al tiempo que el campeón recibió 2 millones de dólares.
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