Se está perjudicando principalmente a «la población portadora de defectos congénitos y enfermedades raras, con problemas de salud bucal complejos que afectan a la primera infancia y la afectación de servicios de promoción de salud en atención primaria en áreas metropolitanas donde el prestador público ASSE no es suficiente».
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Según expresan los trabajadores organizados en la ATSS, «se evidencia una política que viene desmantelando entre “gallos y medias noches”, servicios que restringen la asistencia a la discapacidad y a la primera infancia, recortan derechos y someten a los trabajadores a la presión cotidiana de no poder dar respuestas a demandas genuinas de los compatriotas más necesitados».
Basados en los principios que los rigen – de idoneidad, compromiso e independencia- denuncian:
1) La demora del Poder Ejecutivo en la designación de los servicios de Salud del BPS como Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras (CRENADECER), al amparo del Art. 10 de la Ley de Centros de Referencias (Nro. 19666 del 4/10/2018), que deja en la incertidumbre el acceso de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en lo que refiere a detección precoz de enfermedades raras y defectos congénitos con fuerte impacto en la mortalidad infantil. Estos servicios se componen por cinco unidades que efectivizan el ciclo asistencial: Unidad de Medicina Embriofetal y Perinatal, Unidad de Pesquisa Neonatal, Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, Sector de Internación en Sanatorio Canzani y Unidad de Rehabilitación. Estos servicios poseen más de medio siglo de historia en el Uruguay. Han sido pioneros en América Latina en la atención a la infancia y la discapacidad. Su consolidación es un imperativo de una política de protección social con criterio
de equidad y eficiencia.
2) La disposición del traslado de los médicos psiquiatras del área asistencial Crenadecer al servicio de Evaluación de Incapacidad. El traslado de los únicos médicos psiquiatras del área asistencial de pacientes con defectos congénitos y enfermedades raras a otro servicio deja al descubierto la atención de pacientes altamente complejos con problemas de salud mental. Quedan sin asistencia psiquiátrica sistemática y oportuna en el marco de una estrategia interdisciplinaria e integral que se ha venido construyendo con mucho esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los referidos pacientes y sus familias. La Salud Mental ha sido definida como una política estratégica a nivel estatal. Pero en concreto, la población queda rehén de la falta de servicios sin una agenda de consulta acorde a sus necesidades. La estrategia de atención a la salud mental se vuelve así marginal, restrictiva, sin incorporación a una perspectiva interdisciplinaria e integral.
3) El cierre de la Farmacia del Centro de Promoción Social en Salud (Centro Cordón) especializado en la atención odontológica, ortodoncia y cirugía especializada para la primera infancia, deja a los pacientes de este servicio rehenes de una peregrinación por la medicación necesaria a su tratamiento. La población atendida son pacientes pobres de Montevideo e del interior. El no obtener la medicación en el servicio que realizan las consultas los obliga a trasladarse por servicios de farmacias en distintas zonas de Montevideo, con el costo que implica a nivel económico y social. Es de sentido común que un servicio asistencial no puede funcionar sin los servicios de apoyo. Son pacientes pobres, sin recursos materiales, sin capacidad de orientación en el traslado en una ciudad compleja. Es un contrasentido cuando el Plan de Salud Bucal es el buque insignia del Poder Ejecutivo. El cierre de la farmacia del servicio de odontología y ortodoncia se fundamentó en la jubilación de la única funcionaria auxiliar de farmacia. Un servicio público no puede depender de un funcionario.
4) El desmantelamiento del servicio de Admisión del Centro de Salud /Pando en convenio con ASEE, deja sin recursos humanos, nada más y nada menos, a la ventanilla de entrada de la población a uno de los servicios de atención primaria que posee como población objetivo la atención directa a la primera infancia en una de las zonas metropolitanas con mayores niveles de concentración de población y altos índices de vulnerabilidad social.
Finalmente expresan que: «Por los motivos y fundamentos expuestos, damos la más amplia difusión a la problemática expresada y solicitamos a todos los actores sociales y políticos, emitan un claro mensaje al Poder Ejecutivo para que detenga esta política de desmantelamiento y tome las medidas necesarias para revertir, en los hechos, las situaciones de vulnerabilidad de derechos y restricciones de servicios en materia de salud».