Deportaciones: un giro en la política para los inmigrantes en EEUU

En Estados Unidos, miles de inmigrantes ilegales pero con permisos temporarios están en vilo. La razón es simple: un cambio en la política de inmigraciones que, obviamente, les perjudica. Hasta hace poco, las revisiones para la residencia temporaria no significaban la deportación, sino todo lo contrario. Un artículo firmado por Liz Robbin para The New York Times, da cuenta que lo «normal» era que, para que un extranjero fuera deportado, se requería que tuviera antecedentes criminales («discreción procesal», le llaman), de lo contrario, el funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas decía expeditivo: «Te veo el año que viene». Esa frase implicaba que, si bien la residencia permanente no se concretaba, por un año la persona podía continuar en el país sin mayores problemas. Pero en enero, apenas asumió Donald Trump, las cosas cambiaron. Por medio de una orden ejecutiva, todos los inmigrantes ilegales o sin residencia permanente, son pasibles de ser deportados, aunque tengan años en el país, sin problemas legales y con permiso laboral vigente. En su artículo, Robbin asegura que «ahora las reuniones han cambiado. Lo que antes era un trámite de rutina, se convirtió en una ruleta rusa». Como ejemplo de ello, cita el caso de un funcionario de migraciones que le dijo a una abogada: «Lo siento, me están presionando porque el nombre de mi cargo es oficial de deportación. Entienden que mi trabajo es deportar gente». Los abogados que defienden a los inmigrantes están indignados. Una de ellas, la defensora Tiffany Javier, asegura que los funcionarios de migración «se sienten envalentonados en un lugar donde, en cierta forma, pueden hacer lo que quieren». La protestas por la forma en la que paulatinamente va cambiando la manera de tratar a los inmigrantes, se hace sentir en varias ciudades estadounidenses. Robbin escribe: «En la sala de espera del noveno piso del edificio Federal Plaza de Manhattan donde se llevan a cabo las revisiones ante los funcionarios de migración, la preocupación era palpable un día de marzo. Había dos televisiones sintonizadas en CNN: el presidente Trump estuvo por un momento en la pantalla, ante la mirada ausente de las personas de muchas nacionalidades y edades. Desde una de las cuatro puertas sin señalización —por lo que nadie sabía hacia dónde ver— un oficial del ICE saldría y pronunciaría un nombre. Ramesh Palaniandi, un residente permanente legal de Guyana que había cumplido una condena breve por robo, pasó ese día, pero ya no salió. Lo llevaron a un centro de detención después de su revisión ante el ICE, dejando atrás a su esposa, Janice Hoseine, quien lloraba». Como contrapartida, hay abogados que están convencidos que, aun bajo la nueva normativa, se puede hacer algo. Nicholas Tishler es el defensor de María Martínez, una salvadoreña cuyo esposo está arrestado por ingresar a EEUU de manera ilegal. Tienen dos hijos estadounidenses y en la revisión le dieron a María nueva fecha para volver. Tishler está convencido de poder pedir el asilo para su defendida con grandes chances de salir victorioso porque, según él, hasta ahora han ejercido la discrecionalidad humanitaria con sus clientes.