La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decidió enviar a prisión sin fianza al líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, y a Jordi Cuixart, de la organización Ómnium Cultural por sedición. Actualmente, ambas instituciones temen ser ilegalizadas y reclaman al gobierno catalán que de un paso adelante en el proceso de independencia. Lamela considera que ambos promovieron movilizaciones que no constituyeron una protesta ciudadana aislada, convocada pacíficamente para mostrar rechazo con la actuación policial, sino que se trató de «una compleja estrategia» integrada en una suerte de “hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña». En base a los informes presentados por la Guardia Civil, citados por El Diario.es, la magistrada señala que ambos fueron los principales promotores de las protestas que tuvieron lugar el 20 y el 21 de septiembre, cuando la Guardia Civil allanó las instituciones catalanas y apresó a 14 altos cargos de la Generalitat. En este sentido, Lamela considera que esas manifestaciones no eran de tinte pacífico, sino que buscaban proteger a los altos cargos afectados por la operación policial. Asimismo, considera que hay una alta probabilidad de que los detenidos puedan destruir pruebas, ya que se ha visto cómo cómo han dificultado registros y detenciones. Reacciones Los diputados de Unidos Podemos, En Comú, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCAT) y Compromís denunciaron este martes la decisión judicial y han anunciando acciones legislativas en la Cámara Baja para exigir explicaciones al gobierno de Mariano Rajoy. «Es literalmente jugar con fuego. Son detenciones de carácter político que ponen en duda la separación de poderes», declaró el portavoz de En Comú, Xavier Domènech. El líder de Podemos, Pablo Iglesias consideró a Sánchez y a Cuixart “presos políticos” cuando «delincuentes y corruptos gozan de impunidad» en España. En este sentido, ex candidato a la presidencia subrayó que a los detenidos «no les han enviado a la cárcel por robar, como hace el Partido Popular, no les han enviado a la cárcel por llevar a cabo ningún acto violento, les han llevado a la cárcel por organizar una protesta pacífica». Por otro lado, la diputada por el PDeCAT, Lourdes Ciuró, criticó el silencio y la inacción del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y la «callada cómplice del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC)». Asimismo, los independentistas piden ayuda a la Unión Europea «para que no permita que haya presos políticos en España». El presidente de la coalición independentista Junts pel sí, Lluis Corominas, declaró que “España entra en la tenebrosa lista de países que necesitan presos políticos para sobrevivir” y aseveró que «España no es una democracia”.
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