La prensa española reveló que hubo presiones sobre el gobierno uruguayo para la extradición de los militantes etarras en 1994. El diario Público señaló que el exsecretario de Seguridad del gobierno socialista de Felipe González, Rafael Vera -condenado por sus vínculos con los GAL, los escuadrones de la muerte-, «impulsaba una campaña de persecución contra supuestos miembros de ETA en el extranjero, para lo cual tenía previsto «presionar» a distintos gobiernos latinoamericanos».
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Un documento desclasificado del Departamento de Estado de EEUU, señala que los presuntos etarras llegaron a ser considerados como posibles ´»regalos» que González buscaría obtener a toda costa».
El informe, fechado el 1°de julio de 1992, señala que el gobierno Luis Alberto Lacalle «había accedido a detener a unos 30 vascos que vivían en Montevideo, lo que fue publicitado en Madrid como la mayor operación contra ETA en el extranjero».
La justicia procesó a 13 vascos. España demandó el envío de ocho de ellos, pero los tribunales accedieron a extraditar a tres, precisa.
Como se recuerda eso derivó en la denominada «masacre del Filtro»: el 24 de agosto de 1994, «mientras los presuntos miembros de ETA hacían una huelga de hambre contra su extradición, miles de personas se movilizaron en el exterior del hospital de Montevideo donde permanecían ingresados para pedir que se respetara el derecho de asilo que consagraba la Constitución. La Policía reprimió salvajemente y hubo dos manifestantes muertos».
Subraya que la cooperación con el gobierno de Lacalle se explica por el interés de González de «un buen golpe a ETA.
Bajo sospecha
Los alcances de esa cooperación, marcada por sospechas, llegaron al Parlamento donde el diputado Guillermo Chifflet denunció que en los interrogatorios realizados en las oficinas de la Dirección de Inteligencia «había policías españoles».
Una investigación publicada a principios de 2017 por el periodista Samuel Blixen en el semanario Brecha señaló que los interrogatorios fueron realizados «por el comisario antiterrorista español Carlos Fuentes».
El artículo indicaba además que Vera «hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4.000 revólveres».
Sin embargo, en el documento desclasificado no hay alusiones a esa entrega de armamento, aunque sí se destacaba que España tenía previsto ejercer «presión» sobre distintos gobiernos para buscar que se negara el «refugio» a los miembros de ETA y se les extraditara.
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