Con el director Nacional de Policía, Mario Layera: “Estamos en una situación crítica de violencia”

La implementación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) tuvo un efecto positivo en la reducción de los delitos. Sin embargo, desde noviembre a la fecha se constató un incremento de los niveles de violencia y criminalidad. En este contexto, el director Nacional de Policía, Mario Layera, expresó su preocupación por esta situación y afirmó que la sociedad uruguaya está en una situación crítica de violencia. Dijo que la Policía estudia las causas que pudieran explicar este fenómeno, pero no descartó que esté asociado con el comienzo de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Qué evaluación hace del actual contexto de seguridad pública? Nosotros evaluamos la situación siguiendo una ecuación de seguridad, a los efectos de tener un método que nos permita acercarnos lo más posible a la verdad. Tratamos el tema de la seguridad en cuatro factores: primero, la parte policial, todo lo que tiene que ver con la Policía; segundo, la conducta criminal, la manifestación criminal en todos sus aspectos; tercero, el escenario donde registramos el delito, que puede ser todo el territorio nacional o diferentes zonas del territorio, departamentos o jurisdicciones; y cuarto, el perfil de las víctimas y el daño sufrido, en cuanto si es afectada en su propiedad o en su persona, tanto física como psicológicamente, teniendo en cuenta los aspectos tipológicos del delito. Cuando se evalúa toda esta situación entendemos que estamos en una evolución de la Policía Nacional hacia una nueva forma de aplicación, donde el paradigma principal es la prevención por sobre la represión, utilizando todos los aspectos normativos, estructurales y metodológicos que se tienen, y que han ido evolucionando en estos últimos años hacia nuevas formas de tratamiento de la profilaxis del delito desde el punto de vista de la acción policial. Esta evolución nos ha llevado a desarrollar una estrategia que implica aumentar, no la cantidad de policías, sino su calidad, en cuanto a la selección, capacitación y motivación. Y estamos avanzando en el desarrollo de una estrategia para cumplir con todos esos aspectos. Además, se está desarrollando una estrategia para contener al delito. La situación criminal ha venido incrementándose en forma permanente en los últimos treinta años, pero en los últimos quince años se ha visto multiplicada por el incremento de la violencia en la comisión del delito. Además, a partir del año 2012 se marca una tendencia clara al aumento de dirimir el conflicto criminal por la violencia extrema, que significa la muerte. En lo que tiene que ver con el escenario, lo más importante es el fenómeno que se produjo a partir del año 2000 con el surgimiento de la oferta y el consumo prevalente de pasta base de cocaína. Esto cambió, con una incidencia muy negativa, las relaciones interpersonales y de conjunto, y generaciones que se iniciaron en el consumo en ese tiempo son las que actualmente están desarrollando o expresando una gran violencia a los efectos de alcanzar su objetivo, que es la obtención de la droga. En cuanto al tráfico de drogas ha habido una contracción de la oferta de pasta base, lo que lleva a una mayor competencia en su distribución y un mayor conflicto criminal para apoderarse del negocio que significa la distribución y venta de pasta base. ¿Se puede afirmar que el aumento de los niveles de violencia está asociado a los conflictos entre bandas criminales? Los componentes son dos. En general, es la violencia. Ahora, la violencia está determinada en muchas fases. Hay violencia extrema en el conflicto criminal, violencia extrema en la comisión del delito -en la acción criminal sobre las personas víctimas del delito- y violencia intrafamiliar que es afectada principalmente por el fenómeno del consumo de este tipo de drogas, que ha cambiado casi totalmente la estructura del núcleo familiar, más allá de otros factores, donde intervienen otros fenómenos sociales, económicos, políticos. Para nosotros lo más esquemático son estas situaciones. Este contexto nos da que estamos en una situación crítica de violencia, que la sociedad uruguaya la percibe con mucha alarma y preocupación y que nos presiona a obtener respuestas para salir de ese problema. ¿Cómo evalúa el incremento de los homicidios que se registró en los últimos meses? Hubo un incremento de toda la violencia en general en los últimos tres meses. Es un tema que nos preocupa mucho, porque los índices venían en descenso y comienzan a aumentar muy rápidamente, entre noviembre y lo que va de enero. Estamos realizando un estudio, viendo toda la ecuación, para determinar qué circunstancias y hechos cambiaron. Ese estudio no está terminado, pero hay un hecho que de alguna manera está interviniendo, y surge de forma primaria en todos los análisis, que es el cambio del Código del Proceso Penal (CPP). Era algo que muchos expertos en el tema -cuando se desarrollaba la normativa para aplicar este cambio de ADN, cambio cultural y metodológico absoluto del proceso penal, que tiene un fundamento muy importante en una mayor transparencia y de garantías en la Justicia- ya nos habían adelantado. Se dijo que en principio iban a existir aspectos negativos, que tienen relación con un descenso en la cantidad de personas que serían procesadas con prisión. También hubo un aumento de personas liberadas en forma anterior a la aplicación del nuevo CPP; hay una diferencia con el año 2016 que está entre un 30% y 50%, mientras que descienden los procesamientos en esa misma franja. ¿Usted dice que el cambio en el nuevo CPP puede estar incidiendo en el aumento de los niveles de violencia? ¿Existe una mayor impunidad en la acción criminal? No es un tema de impunidad, es un tema de números, del incremento de la cantidad de personas que tienen antecedentes criminales con las que nos estamos enfrentando, y que cambió la ecuación de lo que venían siendo en los últimos años. Necesitamos que el proceso de aplicación del nuevo CPP avance lo suficiente para que se formalicen los procesos y se llegue a estabilizar la situación. Pero ese es uno de los aspectos. Hay otros aspectos más imperceptibles para fijarlos en número, que tienen que ver con las actitudes de los diferentes actores frente a la aplicación del nuevo CPP, como son jueces, fiscales y policías, que también afecta la conducta criminal. Estamos ante la aplicación de un cambio total del proceso y eso está marcando una conducta de cada uno de los actores que, en un principio, puede estar afectando negativamente; y ese conjunto, sin provocarlo -porque no es el que lo provoca- interviene subjetivamente en la acción criminal y esta se vuelve muy violenta. Antes había más personas contenidas dentro de la cárcel y ahora están afuera y el conflicto criminal aumenta, no es que aumenta el delito en total, pero sí el conflicto criminal. La diferencia del cambio de tendencia -que venía a la baja y ahora viene al alza- está siendo significado por esa subjetividad de la acción criminal. La Policía, ¿está conforme en cómo se está aplicando el nuevo CPP? En general, no hacemos una evaluación de conformidad en cuanto a la aplicación, pero para todos quienes intervienen estamos en un proceso de interpretación y entendimiento del proceso y lo estamos desarrollando -a diferencia de lo que sucedió en otros lugares- con menos conflicto entre los actores, pero afectó a los números que se traían. Es normal. El hecho de que órdenes de allanamiento y de detención contra personas involucradas en actos delictivos se demoren, ¿desmotiva la actuación de la Policía? Existió una parte emocional del policía que indudablemente se ve afectada, sí. Pero luego existe una reflexión de que estamos frente a un nuevo proceso. La injusticia nos produce impotencia, nos desmotiva, porque no estamos logrando alcanzar los resultados que buscamos, pero no nos lleva a bajar los brazos. Sabemos que es parte del proceso y que lo tenemos que superar, para dejar en el menor tiempo posible la afectación negativa y pasar a una afectación positiva. Pero quiero aclarar que hay muchos otros aspectos que pueden estar confluyendo (en el aumento de la criminalidad). Homicidios impunes Usted decía que uno de los puntos de análisis es la acción criminal en el territorio. Un informe de la Fiscalía -que se presentó en mayo de 2017- dice que 82% de los homicidios cometidos en Montevideo entre 2016 y principios de 2017 se concentraron en jurisdicción de las Zonas Operacionales Nº 3 y Nº 4. ¿A qué se atribuye esa situación? La mayoría del territorio uruguayo tiene índices de homicidios muy bajos a nivel mundial, donde no hay una gran variación con los niveles históricos del Uruguay. El problema es en zonas donde se registra la residencia de la mayor cantidad de personas con antecedentes y donde ocurren los mayores índices de violencia. Allí, donde la violencia extrema es aplicada, observamos el aumento y cómo esto afecta la estadística. Las causas, cómo se origina, corresponde a fenómenos que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo que tienen que ver con la estructura de ese territorio, con la vulnerabilidad social que afecta a las personas que allí residen. La mayoría no son criminales, pero son afectados y reducidos en su propio territorio al temor, al miedo. La mayor concentración de personas vinculadas al delito afecta a la mayoría de las personas que viven en esos lugares. En ese informe también se dice que 51% de los homicidios no aclarados se concentran en siete barrios. ¿Por qué se produce esa situación? La influencia de la acción criminal tan concentrada en esos lugares crea un escenario de temor, en donde las personas se manifiestan en forma diferente a lo que sucede en otros lugares, donde el miedo no está tan presente. En muchos casos el miedo llega a debilitarlas tanto que las personas no denuncian y tienen temor a informar. Hay que hacer una diferencia entre la denuncia y el informe o testimonio para colaborar con la Policía. En estas zonas esto es casi imposible. Lo sabe la Policía, lo sabe la gente, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para atravesar ese muro, para obtener la información. Y también se hace muy difícil trabajar sobre la escena del hecho, porque tenemos que actuar bajo una gran presión y recolectar pruebas en esos escenarios se vuelve muy duro. La carencia de testimonios y la imposibilidad de levantar indicios en forma correcta hace que no se llegue a un esclarecimiento de la mayoría de esos homicidios. Operativo en Casavalle ¿Qué evaluación hace de la intervención que realizó la Policía en Unidad Casavalle contra el grupo “Los Chingas”? En principio, hablando de la actividad policial, es un esfuerzo que tiene que hacer la Policía para concentrar sus recursos humanos, planificar y llevar a cabo un operación de seguridad de esta magnitud -con 68 allanamientos simultáneos- que se produjo sin lesionados. Se realizó la totalidad de la intervención y se pudo poner a disposición de los fiscales y ellos ante la Justicia a los integrantes de este grupo. El objetivo principal era probar esa conducta extorsiva que se estaba aplicando contra los vecinos del barrio. Eso se logró. Creemos que la operación fue un éxito. Cada vez que suceda o detectemos estas situaciones o cada vez que los ciudadanos lo demanden vamos a realizar este tipo de operaciones. ¿Cuándo se detectó la existencia de este grupo y que estaba operando de esta forma? Hay detalles que no se pueden informar. No se puede informar cómo llegó a nosotros este tema, pero cuando reunimos la primera información la pusimos a disposición de los fiscales y hubo una respuesta muy rápida de ellos, principalmente, del fiscal de Corte, Jorge Díaz, que unió tres fiscales (Enrique Rodríguez, Juan Gómez y Mónica Ferrero) que estaban trabajando con distintos grupos de policías. De esa forma pudimos conformar el núcleo principal de información que permitió que desarrolláramos esta actuación. ¿Desde cuándo se estima que este grupo estaba operando? En esa zona siempre hubo grupos operando en lo relativo al tráfico de drogas y de delitos contra la propiedad de manera violenta. Han ido variando, han ido rotando, han existido conflictos criminales que terminaron con muertes y eso cambia el panorama o el liderazgo de estos grupos o de algunos de sus individuos. La acción policial y judicial procesando a las personas y enviándolas a prisión hace que eso cambie continuamente; es una dinámica permanente. Este grupo no demoramos en detectarlo. Si bien tenemos problemas para la investigación, la información fluye porque son contextos pequeños de territorio y la Policía tiene presencia en todos los territorios, observamos, y contamos con tecnología que nos ayuda en la investigación. El tema es llegar a desarrollar esa información para establecerla como prueba y que un fiscal la pueda utilizar frente a un juez. ¿Se puede decir que este grupo está desmantelado? Es difícil asegurarlo en términos absolutos. Está disminuido, pero no quiere decir que no pueda tener eventos de acción en el futuro. ¿Cuántos grupos criminales de estas características tiene identificados la Policía? En Uruguay, no existen estructuras sólidas y organizadas que nos permitan hacer ese seguimiento e identificar cuántos grupos hay. La dinámica de estos grupos rota muchísimo. Puede ser que hoy haya quince o veinte grupos y en unos meses se puede decir que bajó la cantidad o subió la cantidad. Esto sucede por la conformación del grupo: a veces son dos personas, otras veces es una persona que lidera a muchas sin formarse ni estructurarse. Casi todos los grupos criminales en Uruguay tienen esa particularidad: un cambio permanente de liderazgo, sea porque el líder es muerto por otro grupo u otra persona que quiere ocupar su lugar, o porque la acción policial lo llevó a la Justicia y termina en prisión. Eso hace que exista una variación constante de la dinámica. Eso hace que Uruguay no llegue a los niveles de otros países de la región o de América Latina, no se conforman grupos con las mismas estructuras que en otros países. La baja estructuración y la existencia de líderes que asumen el poder en forma coyuntural, ¿son rasgos distintivos de los grupos criminales en Uruguay? Sí. Y es un liderazgo muy mediático, por decirlo de alguna manera, muy corto en el tiempo. Hemos visto muy pocos liderazgos a largo plazo. Me refiero a liderazgos que incidan en la estructura criminal; muchas veces las personas permanecen, pero su acción disminuye notoriamente porque está en prisión y no se lo observa por mucho tiempo y de repente aparece, porque fue puesto en libertad y reincide en mantener su conducta criminal. También se da el hecho que, muchas veces, para comprender mejor una situación o trasmitirla se llama líder a una persona que realmente no lo es. No podemos asimilar el contexto uruguayo con ningún otro en América Latina, sí hay cosas o conductas que se parecen, pero no alcanzan los niveles de otros lugares. sa falta de estructuración, ¿es lo que ha impedido que se lleguen a apoderar de un barrio o de una zona del territorio? Sí. Es uno de todos los factores que intervienen. Si vemos la parte positiva de todo este tema se puede visualizar una fortaleza de la clase política, de las normas y del despliegue policial, ya que la Policía actúa e ingresa a cualquier lugar o zona por minúscula que sea (algunas serán más riesgosas y otras serán menos riesgosas pero la Policía entra). Todo eso está confluyendo para que el contexto uruguayo sea de un nivel que no existe en Latinoamérica. ****** Otra forma de investigar ¿Considera que el nuevo CPP, al asentarse, permitirá mejorar las condiciones de seguridad pública? Creo que sí. Porque en este momento hay mayor relación en los niveles de análisis entre la Policía y la Fiscalía. Por ejemplo, nosotros estamos diseñando una estructura nueva para producir mayor información para los fiscales. Los allanamientos y otras medidas que pueda disponer los jueces requieren una fundamentación y una mayor información por parte de la Policía. Esa producción de información nos lleva a diseñar una estructura de investigación a nivel nacional mejor relacionada en los procesos, a los efectos de que haya en toda la estructura policial una misma metodología y una misma calidad metodológica. Y que toda esa información que se produce pueda ser analizada y centralizada en un único lugar y compartirla para poder cruzar el análisis fiscal con el policial.