El diario digital español Público analizó diversos documentos de Estado en los que se evidencia que el gobierno socialista de Felipe González intercambió apoyos con la dictadura militar argentina en diversos órganos internacionales. En 1983, cuando González llegó al poder, ningún gobierno europeo podía decir que ignoraba los crímenes de lesa humanidad que la dictadura estaba cometiendo. En el caso español, su embajada en Buenos Aires era continuamente receptora de denuncias ciudadanas que eran ignoradas. El 26 de abril de 1983 el Ministerio de Relaciones Exteriores español hizo llegar una carta a la embajada argentina en Madrid en la que el gobierno solicitaba a la dictadura militar que respaldase la nominación española a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Tres meses después, el régimen argentino respondió que sus diplomáticos apoyarían a España, siempre y cuando España apoyase la candidatura argentina para el mismo cargo”. Según la documentación oficial analizada por Público, el gobierno del Psoe volvió a pactar respaldos diplomáticos con la dictadura militar argentina en, al menos, cinco ocasiones más. Mientras, a la embajada española en Buenos Aires llegaban informes continuos sobre la decisión del régimen de ocultar la información relativa a los más de 30 mil desaparecidos fruto de su represión (entre los alrededor de 700 eran de origen español). Así, en el periodo en el que la Junta Militar ultimaba su plan para garantizar la impunidad de sus criminales, el gobierno de Felipe González logró nuevos pactos con organismos internacionales en los que avalaba al gobierno genocida. En este sentido, el gobierno de González solicitó el apoyo de la dictadura argentina para acceder a puestos en el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Meteorología” (OMM), y para postularse como sede del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi). Como colofón, el medio español cita una comunicación del embajador español en Argentina, Manuel Alabart, dirigida al Ministerio de Relaciones exteriores ibérico, en el que el diplomático detallaba la reunión que había mantenido con el presidente del Tribunal de las Fuerzas Armadas argentino, Augusto Jorge Hughes. En ella se indicaba que el jerarca argentino “ha señalado que la Ley de Pacificación es imprescindible y que la totalidad de las Fuerzas Armadas, monolíticamente, se sienten solidarias con lo actuado en la guerra antisubversión”.
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