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Recuperación económica en Uruguay

Dos del FMI: desindexar salarios, bajar jubilaciones

Una compleja discusión de baja intensidad atraviesa la economía uruguaya. Crecimiento, deuda externa, política contractiva, inflación, desempleo y morosidad están en la agenda que subyace en la Rendición de Cuentas. Las recomendaciones del FMI, que varían según el rango país, amenazan otra vez a Uruguay.

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El indicador más relevante ha sido siempre el crecimiento del PIB (que es prerrequisito para todo intento de distribución equitativa e inclusión social sustentable) y el dato mejora sustancialmente para el año en curso. Llegará a 3,1% en 2017 (el gobierno, como siempre, lo ha estimado “cautelosamente” en 2%), o sea que más que duplicará a 2016 (aunque esté apenas levemente por encima del promedio histórico de “los años oscuros”); se mantendrá en 2018 (2,8%) y podría sobrepasar 4% si se concreta la instalación de la segunda planta de UPM gracias a los constantes esfuerzos del presidente Tabaré Vázquez. El dato absoluto (el PIB de Uruguay alcanzó US$ 52.950 millones al fin de 2016 y llegará pronto a US$ 60.000 millones según las previsiones macroeconómicas que informó el proyecto de Rendición de Cuentas) mejora si lo comparamos con la región, donde, en Argentina, la actividad económica cayó 3,8% y Brasil decreció 4,4%, cifras de desastre, tanto para ellos como para la región, incluyéndonos. Por tanto, el motor de la economía está funcionando, y esto es lo principal. Sobre esta situación y sus aspectos colaterales, bajo el título La economía uruguaya: desafíos de una recuperación asimétrica, expusieron la semana pasada los economistas Gabriel Oddone y Santiago Rego en el marco de la segunda reunión trimestral de clientes del Servicio de Análisis y Pronósticos Económicos, realizada en el auditorio del edificio Ferrere. La disertación abarcó referencias al contexto internacional y su impacto en la economía uruguaya. Oddone mencionó el repunte del crecimiento y caracterizó sus principales rasgos, destacando que la reactivación es asimétrica y el impulso viene por el dinamismo de unos pocos sectores, como Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, como oportunamente analizó Caras y Caretas. Subrayó también que por el lado de la demanda el crecimiento es apuntalado por el consumo de los hogares y la demanda regional, en especial por servicios turísticos, “reflejando que los factores que empujan la actividad en los últimos trimestres se parecen a los que predominaron en los años 90”, es decir, inferimos, el período que incubó un proceso que terminó en la devaluación brasileña de 1999 y las crisis de 2001 en Argentina y de 2002 en Uruguay. Parece haber concluido la fase de stanflation (estancamiento con inflación, expresión que Oddone usó repetidas veces) que sufrió Uruguay entre 2015 y 2016 y que experimenta un nuevo impulso como el que vivimos en la década de los 90, cuando imperaron el “Plan Austral” y la “Convertibilidad” en Argentina y el “Plan Real” en Brasil. Hay similitudes con ese período; tenemos una región “cara” en términos de dólar debido al tipo de cambio real apreciado y padecemos inflación en dólares o atraso cambiario. En relación al panorama internacional, Rego señaló que la debilidad del dólar y las bajas tasas de interés indican que “el mercado no está internalizando la agenda ‘procrecimiento’” (se escuchan risas, N. de R.) que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante su campaña. Rego señaló que “la existencia de factores estructurales en las economías avanzadas podrían estar explicando el menor dinamismo económico y el mantenimiento de niveles bajos de en el caso de las tasas de interés”. Afirmó que en ese marco las perspectivas de las economías emergentes mejoraron en el último año, contrastando con la dinámica del período 2011-2016. Según Rego, la debilidad de las principales economías implica renovar el atractivo para invertir en los llamados mercados emergentes. En ese sentido destacó como clara muestra las recientes emisiones de deuda en Argentina, Uruguay y Chile. En relación a los commodities, sostuvo que la debilidad de la demanda opaca el efecto del bajo precio del dólar, limitando un mayor ascenso de precios. Afirmó que en Argentina “tanto la corrección parcial de los desequilibrios macroeconómicos como el repunte de la actividad no muestran aún un impacto significativo en la percepción personal de los hogares. En este sentido, las próximas elecciones legislativas serán claves para el mantenimiento del rumbo económico; en caso de que el oficialismo no tenga éxito en los comicios, esto afectará la confianza sobre el desempeño macro y puede derivar en una salida de capitales con efectos depreciatorios sobre el peso argentino”. En relación a Brasil, la turbulencia política impide la recuperación, mucho más ahora que el presidente Michel Temer puede ser sometido a juicio.   Los desafíos nacionales según Oddone   Gabriel Oddone se refirió a los desafíos de la coyuntura económica y las perspectivas para 2017 y 2018. Señaló que CPA Ferrere corrigió al alza la proyección de crecimiento para los dos años debido al mejor desempeño trimestral, “la relación de precios relativos con la región y un tipo de cambio real apreciado que sostiene la demanda agregada”. También corrigió a la baja la inflación proyectada, que cerraría el año dentro del rango meta (entre 3% y 7%), alcanzando a 6,7% en 2017 y 7,2%. CPA Ferrere prevé que el dólar cerrará 2017 en $ 29,50 y 2018 en $ 32,50. “Esto permitiría recomponer la credibilidad sobre el objetivo inflacionario y genera una ventana de oportunidad para consolidar la desindexación de los contratos salariales en la próxima ronda de negociación prevista para 2018”, expresó. No obstante, destacó que a pesar de los avances “todavía persisten ciertos desbalances macroeconómicos relevantes. Por un lado, la recuperación asimétrica de la actividad se concentra en sectores con reducido impacto laboral, por lo que no se evidencia un repunte en los niveles de empleo. En segundo término, la cadena de pagos se ha tensionado, resultando en un aumento generalizado de la morosidad (que refleja la mayor fragilidad financiera de los hogares y empresas)”. Cabe destacar que la morosidad bancaria pasó de 1,7% en abril de 2014 a 4% en abril de este año, llegando a un alarmante 7,7% en el Banco de la República, donde era 3,3% en 2015. Se informó oficialmente que 40% de dichos préstamos morosos corresponden a cinco clientes. En esta situación impactó obviamente la situación de empresas como Fripur, Fanapel, La Spezia, Molino Dolores, Union Agriculture Group, que han detenido total o parcialmente sus actividades, y otras como Tienda Inglesa y el frigorífico PUL, que atraviesan difíciles coyunturas. “Por último, señaló el expositor, el repunte en la actividad no se refleja en un incremento de la inversión: en este sentido, la importación de bienes de capital (proxy de la inversión productiva) se mantiene estable en valor, a pesar del incremento en el nivel de actividad”. Oddone culminó su exposición, como era de esperar, con referencias a la política fiscal de cara a la próxima Rendición de Cuentas. Afirmó que “la política fiscal no ayuda a procesar fragilidades, el manejo de tarifas con objetivos amortiguadores fiscales deteriora la competitividad pese a rebajar en pos de impulsar los sectores productivos. Asimismo el aumento impositivo ligado a la Rendición de Cuentas afecta la eficiencia y no colabora como amortiguador de las fragilidades asociadas al ciclo. En efecto, si bien la Rendición de Cuentas no profundiza el déficit fiscal (el incremento del gasto por sobre los ingresos está financiado mediante innovaciones impositivas), tampoco contribuye al cumplimiento de los objetivos oficiales”. En tal sentido, CPA Ferrere prevé una mejora de la situación fiscal (el ministro Astori se encargó de subrayar su fragilidad, anunciando ante la bancada del Frente Amplio la posibilidad de llegar a 4% de déficit fiscal), “pero no en la magnitud necesaria para alcanzar las metas establecidas hacia 2019”, que es 2,5% del PIB. Oddone prevé 3,6% de déficit este año, 3,7% en 2018 y 3,4% en 2019. También hizo referencia al tema del endeudamiento. Según las últimas cifras del BCU, la deuda pública se ubica en US$ 33.370 millones, equivalente a 60,5% del PIB, en tanto que la deuda neta se sitúa en 30,4% del PIB. Este año vencen obligaciones por US$ 1.400 millones, a la vez que el equipo económico prevé colocar deuda por US$ 2.050 millones. Si la deuda pública total superara 70%, podríamos perder el grado de inversión. No obstante, consideró Oddone, “el crecimiento económico por encima de lo previsto contribuirá a estabilizar el ratio deuda/producto, alejando los riesgos sobre el grado inversor”. Señaló que la deuda neta se ubicaría en 43% del PIB en 2020.   La situación térmica de la economía “La situación económica en Uruguay luce buena, pero con incertidumbres que muestran una recuperación de la economía todavía frágil”, resumió Gabriel Oddone, agregando: “Lo que las autoridades están experimentado estas últimas semanas es que tienen muy buenos datos que exhibir en materia de crecimiento y de inflación. Sin embargo, el clima no está tanto mejor. Ni los empresarios parecen estar suficientemente contentos y los trabajadores enfrentan la amenaza del mercado laboral”, dijo Oddone. Agregamos que la política monetaria contractiva, que sin duda ha colaborado decisivamente para bajar la inflación (al igual que el atraso cambiario), se siente significativamente en el movimiento de plaza.  

Las exportaciones también se recuperan
El resumen ejecutivo del Informe mensual de comercio exterior/junio de 2017, emitido en estos días por el Instituto Uruguay XXI, señala: “* Las solicitudes de exportación de Uruguay, incluyendo zonas francas totalizaron, US$ 990 millones en junio de 2017, lo que representa un incremento de 18% respecto a junio 2016. Los bienes que más incidieron en la evolución mensual de las exportaciones fueron la soja, la carne bovina y el arroz. Por su parte, el concentrado de bebidas (que sale desde zona franca) y los cueros tuvieron tendencias negativas. * En el primer semestre de 2017 las exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo zonas francas, totalizaron US$ 4.480 millones, lo que implicó un crecimiento de 8% respecto al primer semestre de 2016. Este constituye el primer aumento semestral de las exportaciones desde el primer semestre de 2014. * La economía uruguaya registró un crecimiento de 4,3% en el primer trimestre de 2017 y las exportaciones de bienes y servicios junto con el consumo privado fueron los componentes que más contribuyeron a este crecimiento. Para 2017 se estima que las exportaciones aumenten en valor en niveles cercanos a 6%”. Este incremento de nuestras ventas al exterior significa una notoria recuperación en relación a los dos últimos años, en los cuales el desempeño de las mismas había caído significativamente. En 2016, según el Informe anual de comercio exterior correspondiente, las exportaciones uruguayas de bienes –incluyendo las zonas francas– totalizaron US$ 8.301 millones en 2016, marcando una reducción anual de 7,3% respecto a 2015. Las importaciones de bienes –sin considerar petróleo y derivados– alcanzaron US$ 7.387 millones en 2016, cifra 13,6% inferior en la comparación interanual. Los principales bienes importados –vehículos, insumos para los molinos eólicos y vestimenta– sufrieron retracciones del orden de 20%, 30%, y 10%, respectivamente. En el año 2015 las exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo las realizadas desde zonas francas, sumaron US$ 8.967 millones, lo que implicó una reducción de 11,6% con respecto a 2014. Las exportaciones no registraban caída desde 2009, cuando la crisis financiera internacional afectó negativamente al comercio mundial. Este resultado era esperable dado el contexto externo y regional adverso, caracterizado por la caída de precios de los commodities, la desaceleración de China, el estancamiento en Argentina y la recesión en Brasil. La caída del valor exportado en 2015 se explica fundamentalmente por los menores precios de exportación, ya que los volúmenes exportados de los principales productos crecieron en términos generales. Es decir que en dos años las ventas de bienes al exterior experimentaron una caída acumulada de 19,75%, prácticamente una quinta parte. La recuperación de 8% experimentada en el primer semestre permite augurar un desempeño más promisorio en el sector que vende nuestro trabajo en el resto del mundo.
 
Desindexar salarios y eliminar viejos
En diciembre pasado, bajo el título ‘El FMI pide desindexar salarios’, Caras y Caretas expresó que el 8 de ese mes tomó estado público el documento Uruguay: Declaración del personal técnico del FMI al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2016, que, tras señalar los riesgos internos y externos que sufre el país, brinda las siguientes “recomendaciones de política económica”, siendo la primera la “implementación de la senda de consolidación fiscal”, lo que “exigirá más reformas, entre otras cosas, para limitar el déficit de los regímenes previsionales especiales”, e implementar “mejoras de la gestión y la rentabilidad de las empresas públicas”. Así se llega al punto 10, que afirma que “el ajuste fiscal debe estar concebido de manera tal que promueva el crecimiento económico y, además, brinde respaldo a los planes de inversión en infraestructura”. En el punto 12 se señala que “podría incorporarse a la regla actual un límite global de endeudamiento como referencia para fijar el límite anual del aumento de la deuda neta”. En el 14 se afirma que “para que la inflación regrese a la banda deseada del BCU se requiere una política monetaria restrictiva: […] las autoridades no deben demorar en endurecer las condiciones monetarias en 2017 si repuntan las presiones sobre la demanda”. En el 15 llega la tan reiterada desindexación de los salarios, que les haría perder poder adquisitivo directamente por exposición a la inflación: “Reducir más la persistencia de la inflación. Los acuerdos salariales suelen incluir una indexación retroactiva después de 12 meses o más a fin de compensar posibles pérdidas del salario real. Si bien un ajuste más rezagado ayudaría a evitar la indexación en respuesta a shocks pasajeros de precios, la eliminación completa de las cláusulas de indexación a la mayor brevedad posible sería aconsejable”. A esa recomendación tan desinteresada (todavía recordamos cuando el FMI estuvo a punto de ser cerrado en 2008 porque los aumentos salariales que se autofijaban sus jerarcas –tres de los cuales, Rodrigo de Rato, Dominique Strauss-Khan y Christine Lagarde tienen problemas serios con las Justicias de sus países de origen– habían terminado con su patrimonio) se agrega la de bajar las jubilaciones debido al “riesgo de que la gente viva más de lo esperado”. El organismo multilateral desea que la edad de jubilación se ajuste con la esperanza de vida y propone aumentar la edad de retiro, recortar prestaciones y aumentar las cotizaciones. Lo hizo en un documento reciente de su cumbre semestral, en el que el FMI se refiere al problema del envejecimiento, y, según El País de Madrid, “lo que llama la atención es la agresividad y crudeza con la que pone de relieve el problema. El Fondo reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”. Y también propone soluciones de mercado para mitigar ese “riesgo”. El documento, según la fuente, señala que “Si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto para 2050, el costo del envejecimiento –que ya es enorme para los gobiernos, las empresas, aseguradoras y particulares– aumentaría 50%” en las economía avanzadas, tomando como referencia el PIB de 2010. Para los países emergentes, ese costo adicional sería de 25%. En términos absolutos, se disparará el costo previsto en decenas de billones de dólares a escala global. Eso supone “una amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas al disparar los niveles de endeudamiento público en una proporción similar. En paralelo, es un riesgo para la solvencia de las entidades privadas”. La titular del FMI, Christine Lagarde (61 años, recientemente procesada por desvío de fondos públicos en Francia), recomendó combinar el aumento de la edad de la jubilación con otras medidas, como recortar las pensiones, aumentar las cotizaciones y estudiar la posibilidad de que los Estados contraten en aseguradoras privadas la cobertura del “riesgo de que la gente viva más de lo esperado”.
 

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