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Elecciones nacionales

Ecuador en la mira

El 19 de febrero la Revolución Ciudadana, instaurada en Ecuador por Rafael Correa diez años atrás, se pondrá a prueba en las urnas en medio la crisis económica y las medidas de ajuste fiscal emprendidas por el gobierno, que han dado aire a la dividida derecha neoliberal del país.

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Por Manuel González Ayestarán

El pasado 3 de enero dio comienzo la campaña electoral ecuatoriana de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 19 de febrero. Toda Latinoamérica mira este proceso debido a que en él está en juego el equilibrio regional de fuerzas. Intelectuales ligados al progresismo latinoamericano, como el investigador argentino Juan Manuel Karg, ven en el posible triunfo del sucesor de Rafael Correa, Lenin Moreno, al frente de la coalición Alianza País, la “revitalización del espacio nacional-popular, progresista y de la izquierda continental tras dos años –2015 y 2016– en que la derecha retomó la iniciativa por todas las vías posibles”.

En los comicios ecuatorianos el progresismo latinoamericano espera lograr una suerte de revancha tras la serie de derrotas que han sufrido sus dirigentes durante el último año. Este proceso de decaimiento del conocido como socialismo del siglo XXI se inició en diciembre de 2015 con dos eventos trascendentales: la derrota del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar en las elecciones parlamentarias venezolanas, en las que la derecha se hizo con la Asamblea Nacional, y el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones argentinas. A estos acontecimientos se sumó la derrota del presidente boliviano Evo Morales en el referéndum constitucional, celebrado en febrero de 2016, en el que el líder indígena perdió la posibilidad de presentarse como candidato a las elecciones de 2019. Por otro lado, las contrariedades para las fuerzas progresistas regionales se multiplicaron con la orquestación del golpe parlamentario en Brasil contra Dilma Rousseff y con la suspensión de Venezuela del Mercosur a cargo de los nuevos gobiernos representantes de la burguesía regional proestadounidense. Con este marco de fondo, las expectativas puestas en Lenin Moreno trascienden las fronteras ecuatorianas para insuflar esperanza a los resquicios de la aventura reformista que supuso el socialismo del siglo XXI, emprendida en América Latina dos décadas atrás.

El próximo febrero casi trece millones de ecuatorianos están llamados a elegir los cargos de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, así como a los representantes del Parlamento Andino y los integrantes de la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021. En esta jornada también tendrá lugar una consulta popular sobre la posible prohibición a funcionarios públicos de tener bienes o capitales en paraísos fiscales. El candidato progresista al frente de Alianza País, Lenin Moreno, lidera junto al actual vicepresidente de la República, Jorge Glas, la mayoría de encuestas de intención de voto, acaparando entre 28 y 37 por ciento de apoyos. El segundo puesto está disputado por el exbanquero Guillermo Lasso, al frente del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), y la abogada y periodista Cynthia Viteri, líder del Partido Social Cristiano, cuyos apoyos oscilan entre 22 y 14 por ciento dependiendo de la encuestadora. En cuarto lugar se ubica el exmilitar izquierdista Paco Moncayo, liderando la coalición Acuerdo Nacional por el Cambio.

La división de la derecha facilita las cosas a las fuerzas oficialistas, las cuales deberán contrarrestar su pérdida de base social debido a las medidas de ajuste implementadas a raíz de la crisis económica. Para que en Ecuador se renueve la Revolución Ciudadana, instaurada por Rafael Correa en 2007, la fórmula Moreno-Glas deberá obtener un apoyo igual o mayor a 50 por ciento de los sufragios o igual o mayor a 40 por ciento con 10 por ciento de ventaja sobre su rival más cercano en cantidad de apoyos. En caso contrario, se convocará un balotaje previsto para el 2 de abril. El 24 de mayo la formación triunfante tomará posesión del gobierno.

Fuerzas en disputa

Lenin Moreno lidera la formación Alianza País, integrada por diversos partidos y movimientos de izquierda moderada como el Partido Socialista Ecuatoriano, Iniciativa Ciudadana, Alianza Bolivariana Alfarista o Ruptura 25. Moreno fue vicepresidente de Ecuador entre 2007 y 2013. En su etapa previa a su participación en el gobierno, era empresario turístico y llegó a ostentar el cargo de director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo de Ecuador. En 1998 perdió la movilidad en ambas piernas a raíz de un asalto a su domicilio; desde entonces su figura se hizo conocida por desarrollar iniciativas sociales en el marco de causa ligadas a la discapacidad como la Misión Solidaria Manuela Espejo y el Programa Joaquín Gallegos Lara.

Tras su período como integrante del Ejecutivo ecuatoriano, Moreno se desempeñó como enviado especial sobre Discapacidad y Accesibilidad en la ONU, nombrado en 2013 por el secretario general de esta institución, Ban Ki-moon. Su candidatura presidencial defiende los logros sociales alcanzados durante los últimos diez años, ligados al desarrollo de la educación, la sanidad, las infraestructuras públicas, la reducción de la pobreza y la estabilidad política. Su formación se apoya especialmente en una alianza interclasista con la sección de la burguesía ecuatoriana beneficiada por las relaciones con China y las potencias emergentes.

Por otro lado, la oposición derechista se encuentra dividida entre el Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Creando Oportunidades. En representación del primero, la expresentadora de televisión Cynthia Viteri defiende su propuesta en base a los pilares de la anticorrupción y el descenso del gasto público, y promete respetar determinados programas sociales como la construcción de viviendas, los subsidios energéticos y el reparto de iPads. Por otro lado, en el marco de la política exterior, Viteri defiende la desvinculación de Ecuador de alianzas como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en pro del acercamiento a Estados Unidos y sus gobiernos afines. La fórmula del PSC se completa con Mauricio Pozo como candidato a la vicepresidencia. Pozo es un tecnócrata que se presenta a sí mismo como economista sin ideología, que se desempeñó como ministro de Finanzas en el gobierno de Lucio Gutiérrez y como director de la Bolsa de Valores y de la Cámara de Comercio de Quito.

La campaña electoral del PSC se basa en el propio carácter mediático de Viteri, que aprovecha su bagaje previo como figura televisiva, y en la promoción de su condición de mujer, con especial énfasis en la dimensión más conservadora de la feminidad, ligada a la maternidad y la familia. “Búscame en la papeleta, soy la única mujer” es el eslogan de varios de sus spots televisivos, los cuales fueron criticados por las otras dos mujeres que también aparecen en las papeletas electorales: Monserrat Bustamante (Acuerdo Nacional por el Cambio) y Doris Quiroz (Movimiento Fuerza Compromiso Social). Su eslogan político es “Cambio Positivo”, y en su cuenta de Facebook asegura: “Mejoraremos la vida de la gente desde los hogares. Cambiaremos odio por amor, enfermedad por salud, crisis por bienestar! #CambioPositivo”.

Por otro lado, Guillermo Lasso es conocido por haberse desempeñado como presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, entidad de la que también es uno de los principales accionistas. Lasso fue gobernador de la provincia del Guayas y superministro de Economía del gobierno conservador de Jamil Mahuad. También es presidente del think tank neoliberal Fundación Ecuador Libre. En 2012 fundó el partido político Creando Oportunidades (CREO), con el que quedó en segundo puesto en las elecciones de 2013. El eslogan de Lasso es “Vamos por el cambio” y los ejes de su propuestas son la creación de empleo basada en la desregulación laboral, la eliminación de impuestos y la liberalización de la economía, así como la estimulación de la inversión extranjera y la otorgamiento de créditos productivos. Lasso promete eliminar gravámenes como el anticipo de impuesto a la renta, los impuestos a la salida de divisas, a los ingresos extraordinarios y a la contaminación vehicular ambiental, entre otros.

El empresario ecuatoriano ya ha anunciado que en caso se hacerse con el gobierno procederá a la eliminación de instituciones estandartes de la gestión correísta, como la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, encargada de la gestión de la educación superior de la nación y responsable de los logros educativos de la Revolución Ciudadana. También anunció la eliminación de legislaciones como la Ley de Comunicación y la Ley de Plusvalía. La primera se destinó a redistribuir el espacio radioeléctrico, quitando privilegios a los medios de comunicación privados, y la segunda se encarga de eliminar la especulación sobre el valor de la tierra y de proteger los derechos de la clase trabajadora. “El cambio que queremos para Ecuador es trabajo para la familia ecuatoriana”, afirma su frase de campaña en su página web.

Por último, la principal oposición de izquierda a la Revolución Ciudadana es Acuerdo Nacional por el Cambio (ANC), liderada por el exgeneral y exalcalde de Quito Paco Moncayo. Esta coalición la integran formaciones que oscilan entre la socialdemocracia y el marxismo, como Izquierda Democrática, el indigenista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano o el Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano. Su identificación discursiva con la izquierda contrasta con proclamas como “No ahogar a la producción con impuestos. No más impuestos. Suprimiendo salvaguardias y aranceles a materias primas y bienes de capital. Revisando el impuesto a la salida de capitales”, tal como se puede leer en la página web de la formación. En este sentido, Moncayo promete también reducir “el impuesto a la renta para empresas generadoras de empleo”. ANC promete también afianzar la educación laica gratuita y la sanidad pública universal, así como el impulso de fórmulas público privadas para la promoción de la vivienda popular.

La crisis de la Revolución Ciudadana

Siguiendo la corriente experimentada por sus gobiernos aliados, el Ecuador de Rafael Correa se encuentra en un proceso de recesión económica propiciado por la baja de precios de las materias primas y por la apreciación del dólar. Ante esto, el gobierno progresista ha iniciado campañas de recortes en el gasto público en aras de “responder a la realidad”, en palabras del propio presidente. Estos han incluido el cierre de varias empresas públicas entre las que se encuentran la Empresa Pública Cementera del Ecuador y el Banco del Pacífico, la liquidación de otras como Enfarma y Gran Nacional Minera, y el cierre de secretarías técnicas como la encargada de Discapacidades, la de Regulación de Poder del Mercado o la que se centraba en Economía Popular y Solidaria. Esto, sumado a la precarización del nivel de vida derivado de la crisis económica, ha provocado descontento entre la población, que se materializa en la disminución de apoyos en su base social. Sin embargo, con este panorama de fondo, el presidente Correa insistió en que “nos tienen que evaluar según los últimos 10 años […] El mejor parámetro se llama ‘reducción de la pobreza’ y somos los campeones regionales en reducir la pobreza y mejorar la equidad”, según expresó en setiembre del pasado año.

La Revolución Ciudadana se ha caracterizado por adoptar plenamente la retórica del socialismo del siglo XXI y, con base en ello, por llevar a cabo iniciativas de política exterior contrarias a los intereses de Washington en la región. Algunas de las medidas más importantes fueron la terminación del contrato de arrendamiento a Estados Unidos de la base militar de Manta, el cuestionamiento de una parte de la deuda externa contraída en el pasado por los gobiernos anteriores, la crítica de las incursiones transfronterizas de Colombia, la crítica de los tratados de libre comercio y el apoyo a la integración progresista latinoamericana.

El gobierno de Rafael Correa asentó la estabilidad política ecuatoriana tras las décadas de expolio y crisis de gobernabilidad que asolaron al país. Sin embargo, su gobierno, lejos de promover un cambio de sistema productivo de corte socialista, se mantuvo en un esquema político que oscila entre la socialdemocracia y el keynesianismo, el cual caduca inevitablemente con la llegada de la crisis económica. Para analistas como James Petras, “la diferencia más notable respecto a cualquier reivindicación creíble del socialismo [por parte de la Revolución Ciudadana] es la persistencia y la expansión de la propiedad privada capitalista extranjera de los recursos estratégicos minerales y energéticos”. Según Petras, durante las administraciones de Correa se han renovado contratos a gran escala con transnacionales mineras y energéticas, las cuales continúan controlando los principales sectores de entrada de divisas por exportaciones del país. En la promoción de este tipo de explotaciones, Alianza País se puso en contra a los principales sectores indígenas amazónicos y andinos que fueron reprimidos cuando denunciaron cuestiones como la contaminación de las aguas, el aire y la tierra, y la generación de enfermedades y muertes en sus comunidades a raíz de ello.

Así, para James Petras el pilar izquierdista de la Revolución Ciudadana “se basa en decisiones de política exterior (susceptibles de ser revertidas), en lugar hacerlo en cambios en las relaciones de clase, la propiedad y el poder popular. El socialismo del siglo XXI, en el caso de Ecuador, aparece como una forma conveniente de combinar unas acciones innovadoras de política exterior con una estrategia de desarrollo neoliberal de modernización”. Por ello, al igual que la mayoría de gobiernos asociados al reformismo propio del socialismo del siglo XXI, la Revolución Ciudadana se encuentra entre la espada y la pared, haciendo frente a la embestida de la derecha pronorteamericana, a la vez que pierde apoyo popular debido a la implementación de medidas de ajuste que traicionan los intereses de sus bases sociales.

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