Ecuador ante una nueva modalidad de golpe de Estado

En las elecciones del 2 de abril, el candidato de Alianza País (AP), Lenín Moreno, se impuso a su contendor, Guillermo Lasso. El resultado final de los comicios arrojó un 51,15% de los votos para el candidato oficialista, contra el 48,85% de Oportunidades (CREO), la agrupación de centro derecha liderada por Lasso. El anuncio de impugnar de manera completa los comicios del 2 de abril, para los cuales, antes, durante y después de su realización, la oposición había denunciado “fraude”, sin aportar pruebas al respecto, tomó de sorpresa al Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE). El mismo, en procura de “la transparencia y la tranquilidad del país”, de acuerdo a lo declarado por su presidente, Juan Pablo Pozo, había dispuesto el recuento de 1.275.450 votos, lo que no resultó suficiente para el maximalismo del CREO. Los mismos se corresponden con 3.865 actas de votación, en las que –según observaciones realizadas tanto por AP y el CREO-  se habían constatado irregularidades. Al respecto, el CNE dio por válidas las peticiones debidamente documentadas que realizaron los contendientes. AP lo hizo sobre 536 actas, mientras el CREO las realizó sobre 3.442. 113 de las actas fueron impugnadas por ambos contendientes. El recuento anunciado por el CNE se realizará el 18 de abril en el Coliseo General Rumiñahui, el principal complejo polideportivo de la ciudad de Quito. Sin embargo, Lasso, que se proclamaba ganador antes de que se realizaran los comicios, al tiempo que denunciaba de antemano el fraude del que sería objeto, continúa diciendo que él es el verdadero triunfador en las urnas, por lo que reclama ante el CNE el escrutinio del 100% de los votos. En su cuenta de Twiter, Lasso anticipó que su fuerza política no estará presente a la hora del recuento de votos, expresando: “No avalaremos con nuestra presencia ninguna apertura parcial de urnas en ninguna provincia del país. No dejaremos que se burlen así de la ciudadanía”. Ante la posición intransigente del CREO, Pozo se limitó a declarar que el CNE “no tiene nada que esconder” y que un recuento total de los votos emitidos en la totalidad de las mesas electorales carece de sustento jurídico. La modalidad de proclamar por anticipado el fraude a la hora de realizarse los comicios, para posteriormente –si se verifica un resultado adverso- transformarlo en una “profecía autocumplida”, parece ser una nueva modalidad que las derechas están adoptando en toda América Latina. Esta técnica, que se inauguró en Venezuela con anterioridad al golpe de Estado fallido contra el extinto presidente Hugo Chávez, se ha ido sofisticando con el paso del tiempo. La originalidad de la misma, en su versión ecuatoriana, es el haber utilizado como expediente una encuestadora (Cedatos), que mediante sondeos a boca de urna, anticipó la victoria en las urnas de Lasso, cuando aún se estaban desarrollando los comicios. La encuestadora, con sede en Quito, ya había sido denunciada, en ocasión de la primera vuelta electoral, por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, la que la acusó de manipular las encuestas para favorecer a Lasso, generando “conmoción social, desembocándose en un caos por la presunta información falsa emitida”. El viernes por la mañana, la Fiscalía ecuatoriana ordenó el allanamiento y registro de las dependencias de Cedatos. Decenas de policías irrumpieron en las mismas e incautaron documentación y ordenadores, que serían investigados en procura de información que permita documentar de qué manera la encuestadora operó para orquestar la operativa. El condimento de esta técnica, a la que se define como “golpista”, es el llamamiento a los seguidores de la oposición a manifestarse en las calles, lo que para la derecha es perentorio, en tanto el mandato de Lenín Moreno se inaugura el próximo 25 de mayo y los tiempos para la desestabilización se acortan.