Ecuador ratificó el Acuerdo Escazú, un compromiso regional que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de tres derechos: acceso a información del medio ambiente y a la explotación de los recursos naturales, acceso a la participación pública en los procesos de tomas de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, el Acuerdo obliga a los Estados a proteger a las personas y grupos que se dediquen a la defensa del medio ambiente.
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El Acuerdo surgió en 2018 a raíz de la cantidad de asesinatos a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como la constante criminalización de las acciones de los defensores y defensoras. América Latina y el Caribe es la región más peligrosa en el mundo para realizar dicha labor, expresan.
De la mano a ese problema se encuentra la falta del cumplimiento al derecho de las comunidades a ser consultadas sobre los posibles impactos de grandes proyectos de inversión en su territorio y las constantes dificultades para acceder a la información oportuna sobre estos. Todo en un contexto de marcos ambientales débiles y de precarios sistemas de justicia justos y eficientes, afirman desde el el grupo Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Para que el acuerdo entre en vigencia debe ser ratificado por 11 países. Con la adhesión de Ecuador, faltan 3 países para que entre en vigencia. La lista de países que han ratificado: Bolivia, Uruguay, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Panamá, Nicaragua.
Países que han firmado: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía.
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