Por Manuel González Ayestarán
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Por un estrecho margen las elecciones ecuatorianas deberán resolverse en una segunda vuelta que tendrá lugar el domingo 2 de abril. La fórmula compuesta por Lenín Moreno y Jorge Glass debía obtener al menos 40 por ciento de apoyos y aventajar al segundo candidato más votado por 10 puntos porcentuales. La segunda condición se cumplió holgadamente por parte de la fuerza progresista a pesar de la campaña difamatoria gestada por la oposición contra el segundo de Moreno. Finalmente Alianza País logró imponerse a los candidatos de la derecha proestadounidense por una amplia franja de sufragios.
Sin embargo, aun siendo la opción más votada por los ecuatorianos, la fórmula oficialista se quedó a casi 0,6 puntos de lograr la ansiada proporción de 40 por ciento que les hubiese otorgado la victoria en primera vuelta. No obstante, logró la mayoría parlamentaria en el sistema unicameral que rige la democracia ecuatoriana, con 67 escaños de los 131 disponibles en el Congreso.
Tal como apuntaron las encuestas previas, el banquero al frente del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, quedó en segundo lugar con 28,19 por ciento de apoyos, seguido por la periodista y presentadora de televisión, líder del Partido Social Cristiano (PSC), Cynthia Viteri, con 16,22 por ciento con 98,5 por ciento de los votos escrutados. La crisis económica y la traición a una parte de las bases sociales que posibilitaron los triunfos arrasadores que Rafael Correa obtuvo años atrás han pasado factura a la Revolución Ciudadana. Lejos quedó ese 57,7 por ciento con el que el líder ecuatoriano aplastó a Guillermo Lasso en 2013.
Sin embargo, la herencia racista y antipopular que arrastra la derecha ecuatoriana resistió la vuelta discursiva modernizadora que Lasso intentó dar a su propuesta neoliberal, y apenas registró un aumento de seis por ciento de apoyos en comparación con los que logró en 2013. Sin embargo, es importante destacar que el Movimieto CREO acudió a las urnas en alianza con el Movimiento Suma, el cual en 2013 logró 3,99 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la candidatura de Lasso apenas ha logrado traer adeptos en los últimos cuatro años, durante los que se situó al frente de la oposición, aun con el favor de la mayoría de medios de comunicación privados del país.
Por su parte, la nueva candidata conservadora Cynthia Viteri, con la que Lasso se tuvo que disputar los votos derechistas, ya anunció que dará su apoyo al banquero en el balotaje del 2 de abril. “El país, el día de hoy, ha ganado al decidir cambiar un gobierno totalitario [el de Rafael Correa] a través de las urnas, que hasta el momento indican que habrá segunda vuelta electoral”, señaló la líder derechista ante sus seguidores en Guayaquil. “Votaremos por la candidatura del señor Lasso”, añadió, aunque matizó que no formará parte de ningún gobierno venidero. La unión de CREO y el PSC hoy supondría casi 45 por ciento de los sufragios, lo que garantiza una segunda vuelta altamente disputada, en la que sin duda continuarán operando las campañas mediáticas acerca de la corrupción de los líderes oficialistas.
De hecho, desde la misma jornada en la que se celebraron los comicios, con apenas 20 por ciento de votos escrutados, Guillermo Lasso llamó a través de su perfil en la red social Twitter a desconocer los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunto fraude y falta de transparencia. Al poco de cerrarse los colegios electorales, el banquero anunció que no toleraría una derrota electoral y varios grupos políticos empezaron a incendiar las redes sociales anunciando el desconocimiento de los resultados electorales si el CNE no anunciaba una segunda vuelta.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, emitió declaraciones en rechazo de los actos violentos que atribuyó a sectores de la derecha. En este sentido se manifestó también el Consejo de Generales del Ejército, el cual solicitó respeto “sin condición ni presión alguna” a la voluntad expresada en las urnas. “Las Fuerzas Armadas se permiten hacer un llamado a los organismos competentes del Estado a velar por el respeto estricto a la voluntad de nuestros mandantes expresada en las urnas, ya que es deber sagrado de las instituciones nacionales no desconocer la voluntad ciudadana”. El Ejército anunció que vigilará “que la voluntad del pueblo se garantice al cien por ciento” y exigió un “ágil y transparente escrutinio electoral por el bien de la convivencia pacífica”. Estas declaraciones tuvieron interpretaciones dispares por parte de los analistas oficialistas y de oposición.
Referéndum sobre paraísos fiscales
El domingo 19 los ecuatorianos también votaron un referéndum para prohibir que los funcionarios gubernamentales puedan poseer fondos en paraísos fiscales. Así, con 67,7 por ciento de escrutinio avanzado, 54,77 por ciento de ecuatorianos votaron SÍ a la siguiente cuestión: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.
Esta consulta fue promovida por el oficialismo y aprobada por la Corte Constitucional tras haberse destapado el escándalo conocido como Panama Papers. El opositor Guillermo Lasso lo calificó como un “capricho” de Rafael Correa. El diario El Telégrafo destapó en 2016 que en la base de datos empresarial Opencorporates.com aparecían varias empresas con sede en Panamá vinculadas a Lasso y a varios de sus familiares. El líder derechista respondió que únicamente posee una empresa en Panamá y que la legislación impulsada por el correísmo le había impedido invertir libremente en el país.
El Parlamento ecuatoriano dispone de un plazo de un año después de la proclamación oficial de los resultados para reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, así como otras legislaciones relacionadas para adecuar el marco normativo a la voluntad de los ecuatoriano expresada en las urnas. En este sentido, los servidores públicos que posean bienes en paraísos fiscales deberán acatar la nueva legislación; en caso contrario, serán destituidos.
La revolución que no fue
Teniendo en cuenta la crisis de hegemonía en la que están sumidos los gobiernos progresistas latinoamericanos, el resultado obtenido por la Revolución Ciudadana se puede entender como positivo, aun teniendo en cuenta el descenso de apoyos (18,7 por ciento aproximadamente) que se han cobrado los últimos cuatro años de administración de Alianza País. Esto hace que a priori se pueda vaticinar que Ecuador no seguirá la senda experimentada por Argentina, Brasil o Paraguay, aunque en casi dos meses cualquier cosa puede suceder.
Al igual que sus coideólogos regionales, el gobierno de Correa supuso un contraste importante a las décadas de expolio, abandono e inestabilidad que lo precedieron. Sin embargo, a pesar de la retórica seudorrevolucionaria y socialista que pregonaba su líder, en ningún momento durante los últimos diez años se llegaron a cuestionar los ejes de dominación que afectaban a la desigual distribución de la riqueza en el país ni se modificó la matriz productiva. Por tanto, ante la llegada de la crisis de las materias primas, el gobierno optó por emprender una campaña de recortes sociales, sacrificando los intereses de los trabajadores en pro de los mandatos de la burguesía nacional y de los organismos financieros internacionales.
De esta forma, el pueblo ecuatoriano vio cómo su capacidad de consumo se veía mermada y una parte importante de su base social se retiró por sentir traiciones a los principios que inicialmente iluminaron la Revolución Ciudadana. Aun así, la memoria de un pasado que en ningún caso fue mejor, en el que los banqueros robaron y contrajeron infinidad de deudas ilícitas cargadas a la población, hizo que una mayoría de la población continuase apoyando al gobierno que realizó los cambios más importantes en la historia reciente de su país.
La Revolución Ciudadana llevó a cabo una gestión situada entre el keynesianismo y la socialdemocracia, acompañada por importantes iniciativas legislativas que favorecieron la institucionalidad y la legalidad en un país fuertemente vapuleado históricamente por su burguesía nacional en connivencia con los capitales extranjeros. Asimismo, como uno de los tres grandes pilares del Socialismo del Siglo XXI junto a Venezuela y Bolivia, el gobierno ecuatoriano tomó decisiones importantes que apartaron al país de la esfera de influencia estadounidense. Sin duda, el cierre de las bases norteamericanas en 2009, la negativa a pagar más de 50 por ciento de deudas ilícitas que pesaban sobre el estado ecuatoriano y el papel trascendental jugado en el proceso integracionista latinoamericano son algunos de los principales legados de la gestión correísta.
No obstante, en los últimos años el líder ecuatoriano llevó a cabo virajes en su gestión que lo alejaron de los valores por los que su población lo apoyó en el pasado. “No es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa”, declaró el presidente en entrevista con El Telégrafo en 2012. Efectivamente, siguiendo esta máxima, la pobreza se disminuyó durante la última década, pero también aumentó la concentración de la riqueza hasta límites históricos.
La Revolución Ciudadana, contraviniendo varias promesas e intenciones compartidas con colectivos campesinos e indígenas, abrazó la megaminería privada y reprimió duramente a estos colectivos cuando reclamaron los derechos prometidos. Según denuncia el intelectual y exministro de Alianza País, Alberto Acosta, durante la era Correa, “se profundizaron los extractivismos: extractivismo agrario, en favor de los agronegocios y en detrimento de los campesinos; extractivismo petrolero, ampliando la frontera petrolera al sur de la Amazonia y enterrando la revolucionaria Iniciativa Yasuni-ITT (por manifiesta incapacidad de Correa); extractivismo minero: Correa resultó el mayor promotor de la megaminería, llegando incluso más lejos que los anteriores gobiernos neoliberales”.
A su vez, el gobierno ecuatoriano volvió a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional a partir de 2014, cuando el precio del barril de petróleo aún se mantenía a precios elevados. Así, en 2015 la deuda ecuatoriana ascendía a 30.000 millones de dólares, lo que representa 30 por ciento del PIB. Esto ha hecho que el gasto en servicio de la deuda se haya disparado en los últimos años, triplicando o cuadriplicando el presupuesto destinado a educación y salud. Por otro lado, si bien la Revolución Ciudadana se apartó de la esfera de influencia estadounidense, terminó internándose en la china mediante la aceptación masiva de préstamos e inversiones.