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Editorial Odebrecht | Uruguay |

Corrupción

El extraño caso del país donde Odebrecht operaba con personas de la oposición

Cuando saltó el caso Odebrecht en el marco de Lava Jato, la oposición puso el grito en el cielo y buscaron encontrar la conexión que afectara al gobierno del FA

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Luego de seis años de que se destapara el caso Odebrecht o bien cómo la gigante constructora brasileña coimeó autoridades y políticos de buena parte de América Latina para quedarse con obra pública en los diversos países, la serie “Viaje al centro de Lava Jato”, realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, un consorcio de periodistas de una decena de medios del continente, entre los que se cuenta Sudestada de Uruguay, continúa ofreciendo investigaciones originales que revelan la conexión uruguaya de esta megaingeniería de corrupción, con la peculiaridad de que Uruguay aparece como el único lugar investigado donde los protagonistas de la trama no eran funcionarios del gobierno de entonces, sino figuras vinculadas con la oposición, vale decir: con el Partido Colorado y el Partido Nacional.

A estar por las últimas revelaciones conocidas esta semana, queda claro que Uruguay no fue una plaza donde Odebrecht incidiera en los jerarcas para direccionar obra pública a su favor, más bien fue una plaza preferencial de lavado, donde estudios especializados y bancos ofrecieron sus servicios a Odebrecht para viabilizar el flujo ilegal de dinero a políticos y gobernantes de otros países, a la vez que le ofrecieron a los destinatarios los servicios financieros para lavarlos y mover dinero a paraísos fiscales. Los nombres que se repiten ya son conocidos: Andrés Betingo Sanguinetti, medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, que, al parecer, sigue convencido de que es un buen muchacho, aunque se acumulen órdenes de captura y ya haya estado preso hasta en Andorra, donde los presos no llegan ni a medio centenar; la contadora Maya Cikurell, pareja o expareja del Ministro Pablo Da Silveira y muy próxima al entorno del presidente; o Ignacio de Posadas, exministro de Luis Alberto Lacalle, connotada figura y usina ideológica del herrerismo y el Partido Nacional.

Algunos de estos señalados, están siendo juzgados en Panamá e indagados en otros países de la región. Por lo pronto, la contadora Cikurell ya enfrentó un pedido de extradición de la Justicia panameña, que no prosperó en Uruguay por argumentos meramente formales, pero en setiembre será juzgada de nuevo en Panamá por su participación necesaria y determinante en actos de corrupción que pesan sobre la familia del expresidente Ricardo Martinelli, destinatarios de jugosos sobornos de la constructora brasileña.

Algo que destacan los investigadores de esta Red de Periodistas es que nadie ha sido juzgado en Uruguay por esto, aunque se han acumulado pruebas y testimonios de la participación de estudios, bancos y personas con fines ilícitos en nuestro país. Eso puede o no restultarnos sorprendente, pero no es lo más extraordinario. Como señalamos antes, lo más increíble es que los actores locales de esta trama son personas relacionadas con el actual oficialismo, pero que en el momento en el que se produjeron los delitos se encuadraban en la oposición. Así las cosas es un escándalo de corrupción que le pega al gobierno, pero no al de entonces, sino al actual y, especialmente, a la principal fuerza de la coalición que integra el propio presidente, toda vez que varios de los nombres involucrados son bichos de su terruño.

No debemos olvidar que cuando saltó el caso Odebrecht en el marco de Lava Jato de Brasil, la oposición de entonces puso el grito en el cielo y buscaron y buscaron encontrar la conexión uruguaya que afectara al gobierno del Frente Amplio. De hecho, el entonces líder colorado Pedro Bordaberry mocionó y consiguió una comisión investigadora en el Parlamento para indagar a fondo y descubrir quién se habría beneficiado de coimas, sugiriendo que Odebrecht también había tocado con sobornos a nuestros gobernantes de izquierda. Pero, pasado los años, no solo esa conexión no apareció por ningun lado, sino que los nombres que sí aparecieron involucrados son el hermano de Sanguinetti, la novia del actual ministro Da Silveira e Ignacio de Posadas, entre otros contadores y profesionales, todos ligados a la derecha de entre casa. El Frente Amplio y sus dirigentes vienen saliendo completamente indemnes.

A mí nada de esto me llama la atención, porque en la historia de las corruptelas en Uruguay, la derecha tiene un amplio prontuario y la izquierda no, pese a que Raúl Sendic haya tenido que renunciar por el uso personal de una tarjeta corporativa para comprar un short, un colchón y otras chiquiteces que, sin eximirlo de su responsabilidad, representan actos insignificantes en relación con el tremendo crimen de lavar millones de dólares mal habidos por políticos corruptos de todo el continente.

Ojalá que este caso alguna vez se investigue a fondo en nuestro país o que, por lo menos, los uruguayos relacionados con estos megaactos de corrupción que afectaron a países hermanos sean juzgados en alguna parte, porque no solo es correcto que paguen por sus delitos, sino que será una forma de desagraviar a nuestro territorio, que se ha ganado por culpa de estas personas la mala imagen de ser un país donde cualquiera puede lavar dinero, esconder plata de la corrupción y granjearse una buena cuota de impunidad. Después de todo, hasta el momento nadie ha sido juzgado y a la única que le pidieron la extradición no se la concedimos, pese a todas las pruebas, por una cuestión de papeleo.

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