Eduardo Bonomi: con hacinamiento carcelario es imposible la rehabilitación

Tomamos la responsabilidad de la cartera de Interior inmediatamente después del lapidario informe de Manfred Nowak, Relator Especial de la ONU sobre la tortura. Entre otras cosas, denunció el hacinamiento carcelario. En ese momento existían 8.500 presos y plazas para 6.000. Además, el hacinamiento estaba concentrado, concretamente en el módulo 8 de Comcar, en el 2 de Canelones y en un sector de Las Rosas. Hoy hay alrededor de 11.000 personas privadas de libertad y cerca de 10.000 plazas carcelarias. Eso te da un hacinamiento de 122%, que es menor al que se admite como máximo a nivel internacional.   “El acuerdo público privado no va al déficit” Observando cifras en el continente, no estamos ni cerca del hacinamiento que se advierte en otros países. Es así, pero la característica de Uruguay es que el hacinamiento está concentrado. Entonces nosotros tenemos un hacinamiento mayor en esos tres módulos que mencioné. Es desparejo porque en algunos lugares hay más plazas que presos. Cuando fui a Lavalleja me encontré que la gente estaba concentrada en una pieza subdividida por frazadas. Daba lástima las condiciones en que estaban las mujeres. La conclusión fue que antes de emprender cualquier política de trabajo y rehabilitación hay que terminar con el hacinamiento. En esas condiciones, si hay 30 personas que quieren estudiar y trabajar y hay dos que no quieren, esas dos se lo impiden. Cuando asumimos, le dijimos a Fernando Lorenzo que para la situación que planteaba Nowak no había arreglo si no se construían más establecimientos. Entonces Lorenzo nos planteó la alternativa del acuerdo público privado [PPP]. ¿Por qué? Porque el acuerdo público privado no va al déficit. En este caso el acuerdo es a 27 años y no forma parte del déficit. Antes de asumir el Ministerio del Interior [MI], ya estábamos trabajando para eso. Hubo que esperar dos años a que se aprobara y recién ahí se empezó a trabajar formalmente. Es el único PPP que ha funcionado. Sin embargo, en ese período hicimos cambios. Por ejemplo, cerramos Cabildo, tiramos abajo Las Latas. Construimos 6.000 plazas, destruimos 3.000 y otras 3.000 las fuimos construyendo. Vázquez nos había dejado financiadas las de Rivera y la de Las Rosas, y en Punta Rieles nos dejó el predio y un financiamiento para reparar el celdario.   ¿Eso no constituyó una solución para el problema? No, porque eso había que hacerlo rápidamente y estamos a dos años del segundo gobierno y el problema sigue planteado.   ¿Y con las 1.960 plazas que provee la nueva cárcel el problema se termina? Se termina, porque al mismo tiempo se están reparando 60 plazas destruidas en Libertad durante el motín. A su vez estamos sacando todas las cárceles que estaban dentro de las jefaturas, salvo las de Florida y Campanero, que tienen chacras anexas, lo que es una ventaja porque se establece una situación de proximidad. Para potenciar eso, estamos estableciendo un conjunto de plazas en la proximidad de las chacras, que nos posibilitan tener cerca de 2.000 lugares más. Igual quedan 1.700 plazas más con las que podés establecer divisiones entre los que quieren trabajar o estudiar, o no quieren hacer ninguna de las dos cosas.   La experiencia internacional ¿Han recogido experiencias internacionales al respecto? Sí, por ejemplo en China el espacio y la infraestructura sobran, pero el trato es malo, y no porque se destrate al prisionero, sino porque las leyes que regulan la internación son durísimas. No existe el menor contacto físico con la visita y las conyugales son una vez al año. Por lo demás, sobran los espacios y los recursos. En Estados Unidos hay también infraestructura, pero quien determina si hay castigo o rehabilitación es la opinión pública. Si las cosas andan tranquilas hay rehabilitación, si hay algún crimen muy sonado, la aguja vira para el castigo.   ¿Se cobra al grito? Algo así, pero la arquitectura y la tecnología son brutales. Los alambrados perimetrales son como cinco, prácticamente infranqueables y de allí es prácticamente imposible salir. Las construcciones que tienen son brutales, pero el trato es espantoso. Vimos una fila de menores que iban caminando solos, sin guardia, formando una fila. Nos comentaron que si rompían la fila, la próxima vez irían engrillados. Y eran menores. En España nos encontramos con un sistema de progresividad, parecido al de acá. Todo eso con un régimen disciplinario muy estricto. En los módulos de confianza, a las ocho de la mañana los presos tenían que estar formados frente a la puerta, que estaba abierta. Bajaban al patio, a los comedores, salían a trabajar o estudiar. Pero si no estaban formados a las ocho, acumulaban un demérito; a los tres deméritos se establecía una falta, lo que consistía en un régimen exactamente igual pero con la puerta cerrada. Con la acumulación de méritos llegaban hasta a beneficiarse de piscina y salidas semanales. Trabajaban y cobraban una miseria, pero aprendían todo tipo de oficios. Si acumulaban deméritos, pasaban a régimen de media y luego de alta seguridad. Si en las de baja seguridad los responsables eran unos operadores con pinta de gurisitos, todos bachilleres, en las de alta seguridad eran unos tipos enormes y curtidos. Cuando entramos, los presos nos putearon. El régimen era muy duro. Dormían con grilletes en el cuello, en los pies y en las muñecas. Las paredes eran acolchadas. Por lo demás, la arquitectura era la misma. No tienen cárceles de seguridad. Lo que tienen son módulos, ya sea de seguridad, de confianza o intermedio. Después visitamos República Dominicana, que tiene dos regímenes. Uno, el viejo, terrible. Presos que se cuelgan de arneses para dormir suspendidos en el aire por falta de espacio en el suelo. Otros que duermen en grietas en la pared. Espantoso. Después, otro modelo, gestionado por exguerrilleros católicos, en el cual al principio se admite que el preso no estudie ni trabaje y goce de todos los derechos y beneficios que tienen los demás. Pero al poco tiempo se los comienzan a recortar –no los derechos, sino los beneficios–, de manera que el preso ve que estudiando, trabajando y teniendo una conducta acorde tiene una mejor calidad de vida, mayor frecuencia  y tiempo de visitas, visitas conyugales. Les da resultados.   Progresividad y gestión Ahora bien, si en nuestro país adoptamos el régimen de progresividad, ¿cómo se procesa con tanta heterogeneidad? De manera muy dificultosa, porque Comcar es una cosa, Campanero otra, Conventos es diferente, Piedra de los Indios es otra realidad. Y además tuvimos que romper con el modelo del Centro Nacional de Rehabilitación Social (CNR), que estaba en el Musto y se consideraba ejemplar. Allí se llegaba mediante influencias. Decidimos cerrar Cabildo, llevar a las mujeres para el CNR y llevar a la gente del CNR a Punta Rieles. Al principio nos encontramos con una resistencia enorme. Los presos se negaban a ir. Hasta fuimos con una delegación de ellos a Punta Rieles. Vieron las rejas y se encresparon. Se pusieron más en la negativa. Optamos por dejarlos en el CNR. Las mujeres por un lado y ellos por otro. Con el tiempo, cuando se fue reduciendo la población, hicimos el traslado. Allí se convencieron. Tenían trabajo, talleres, surtían a los comercios de la zona, establecieron toda una red de abastecimiento.   Para la gestión de esta nueva cárcel se piensa en el mismo régimen de Punta Rieles. ¿Qué cambiaría con la dotación de tecnología e infraestructura de punta? A propósito de Punta Rieles, te cuento una anécdota. Fuimos a visitarla con Ban Ki-moon, cuando era secretario de Naciones Unidas. Fuimos con un ejército de custodias, pero cuando llegamos a Punta Rieles, entramos a caminar solos entre presos que estaban trabajando con picos y otras herramientas contundentes. Se me acerca un periodista y me dice: “Qué paradoja. Afuera venían con un ejército de custodias y aquí andan solos entre los presos y cualquiera los pude matar”. Y bueno, estaba claro que ese no era el ambiente. Terminamos la jornada hablando, Ban Ki-moon y yo, con un preso que estaba condenado a 27 años por varios homicidios. Quiero decir con esto que no eran neófitos. Era gente pesada. La última vez que fui estuve en la panadería. Allí trabajaban 147 presos que abastecían los comercios de la zona, y los que salen en libertad siguen conectados a la red comercial, así que ya salen insertos laboralmente. Nosotros queremos ir a eso, pero en Comcar no podemos. Tenemos que empezar a resolver el problema del hacinamiento, crear cuatro o cinco establecimientos conjuntos y a partir de allí, trabajar.   La vida no vale nada Para no quedarnos sólo en la política carcelaria y tocar el tema seguridad, llama la atención que los delitos son cada vez más cruentos. Sí. Están bajando en cantidad, pero son mucho más violentos.   ¿Por qué? Creo que hay más de una razón. Una de ellas es que toda la sociedad uruguaya está siendo más violenta. Incremento de accidentes de tránsito, conflictos familiares, aumento del suicidio. Cuando llegamos al MI, el año anterior se habían registrado 229 homicidios; al año siguiente hubo 205 y al otro, 199. Pero comenzó a notarse algo novedoso. Los disparos, que antes eran de la cintura para abajo, ahora iban a la cabeza. Antes, al que hacía alguna transa y no pagaba le disparaban a las piernas como advertencia, pero llegó un momento que directamente lo mataban. En 2012 se empiezan a verificar dos tendencias: el aumento de los homicidios y su carácter más cruento. Algo cambió acá. Quien entra en este tipo de procesos le pierde el respeto a la vida.   ¿En qué momento preciso se visualiza ese cambio? Yo diría que el momento en que eso queda claro es en el asalto al Correo. Allí los policías entraron de manera horrible. Violaron todos los protocolos. Es que estaban acostumbrados a que decían “Alto, Policía” y los delincuentes se entregaban. Allí hicieron eso y les tiraron, matando a dos. En ese momento se marcó un quiebre. A partir de allí los delincuentes enfrentan más a la Policía, no sólo cuando les interrumpen algo, sino cuando están patrullando, y los delitos contra la gente son más violentos también.   ¿Cómo está respondiendo el policía ante esta nueva situación? Yo creo que bien. Pero hay dos tipos de policías, y esto hablando en términos genéricos. Uno, el que llamaría “viejo”, que entró antes de 2000 y el que entró después de 2010, que responde mucho mejor. Es cierto, antes se exigía para el ingreso sólo la escuela; ahora, como mínimo, tres años de liceo. Además se ha mejorado la remuneración, con todo lo que eso significa. Este tipo de policía no es frecuente que entre en episodios de corrupción. El viejo entra más en esas prácticas y además entra más en la informalidad, en el trabajo en negro por fuera de la institución, cobrando sin percibir descuentos. Eso genera problemas, a menudo graves. Pero lo más importante a destacar es que nuestra Policía siempre fue una Policía “reactiva”. Reaccionaba cuando se producía el hecho delictivo. La policía comunitaria, por ejemplo, actuaba como el cazador que encuentra la presa y la captura. Esa mentalidad la estamos cambiando y el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) es un buen ejemplo de priorizar la prevención. Eso se debe complementar con la detección de los derechos vulnerados. Si se encuentra a un niño mendigando, malnutrido o maltratado, se está en presencia de un derecho vulnerado, y de eso se tiene que hacer cargo el INAU [Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay]; un niño que tiene una enfermedad que no se cura inmediatamente debe ser derivado a Salud Pública.   El operador penitenciario como figura excluyente Volviendo a la nueva cárcel, ¿qué habría que agregar a lo ya dicho? Algunas cosas ya las mencioné, como el valor de la experiencia de Punta Rieles, que se podría desarrollar mucho más en este nuevo establecimiento dotado de infraestructura y logística de primer nivel. Otro es la figura del operador penitenciario. Su preparación y capacidad de comunicación es un tema clave. Le estamos dando mucha importancia a la formación de operarios penitenciarios civiles y haciendo concursos para su selección. Tanto que en la Rendición de Cuentas establecimos que debíamos renunciar a vacantes policiales para, por un lado, aumentar las remuneraciones, fortalecer el PADO y atender el tema de los operadores. Entre esos operadores penitenciarios civiles, y complementándose con ellos, deben existir técnicos que apoyen este proceso. Luego, hay que tener en cuenta que el proceso de estudio de otras experiencias PPP nos fue muy útil. Por ejemplo, en los casos de Chile y Estados Unidos, la parte privada se hace cargo de temas altamente sensibles como la rehabilitación. Aquí, por ley, se estableció que ese tema era  competencia del Estado. A lo que puede llevar esto lo vimos en Estados Unidos, donde por monedas los presos confeccionaban prendas para que las empresas privadas las vendieran a las tropas del Ejército que operaban en Irak. Por supuesto que esas empresas no tenían ningún interés en que los presos se rehabilitaran y mucho menos que salieran en libertad, lo que significaría privarse de esa mano de obra barata.