Educación, ¿en qué condiciones?

El presidente de INAU, Pablo Abdala, anunció que niños y niñas de 3 años pasarían de asistir a jardines a asistir a los centros CAIF. ¿Qué impactos tiene esto?

Hay una cierta iniciativa de frenar la política o por lo menos hay varias señales y hay que recordar que este esfuerzo requiere docentes, mobiliario, infraestructura. Se creó una carrera específica para primera infancia y un título intermedio muy demandado, Uruguay hizo un proceso de inversión en algo que nos parece importante que es que un mayor número de niños y niñas ingresen al sistema educativo a menor edad. Y tiene una evaluación positiva. Cualquiera de los subsistemas de la ANEP que en 10 años más que duplica la matrícula, esto podría significar un caos.

Por primera vez en muchos años bajó la cantidad de niños inscriptos en nivel 3 este año. La Ley de Urgente Consideración establece que los 3 años no son obligatorios. Hay anuncios de incorporar niños de 3 en CAIF cuando la propuesta tiene origen 0-3 y todavía tiene desafío de cobertura en 0-1, 1 y 2 años.

¿Qué cambios generaría en la gestión de centros, en los trabajadores, en las familias?

Hay varias situaciones. Se hace toda la inversión en infraestructura. Lo primero es el acceso, lo segundo es el tipo de propuesta. Un jardín o escuela a los 3 frente al grupo hay una maestra titulada y otro adulto que haga dupla pedagógica. El modelo CAIF no implica necesariamente eso. Yo estimo que lo que hay detrás de esto es la inversión por estudiante que en el caso CAIF es menor que en 3 años.

¿Es una redistribución del ajuste?

Hay un tema del uso de recursos que la sociedad destinó. Estos 500 CAIF y 217 jardines lo que está permitiendo es pensar en una universalización de 3 y ampliar la cobertura en 0-2 años en CAIF. Eso implica una perspectiva universalista del acceso, de que yodas las niñas y niños tienen derecho a la propuesta educativa en primera infancia.

Uruguay tiene una cobertura envidiada en la región, tiene el desafío de 7000 niños de 3 años que todavía no están en un centro educativo, pero mayor es el desafío en 0-2. No parece lo más eficiente destinar los recursos y la infraestructura de la política cuando tenés el espacio en primaria.

Que no sea obligatorio, que se pase a los CAIF y que la propuesta de jardín sea solo privada, ¿se podría traducir en que menos niños asistan?

Ya este año hay menos niños de 3. Eso habla de las prioridades de la gestión. Si año a año se venían inscribiendo más y un año se inscriben menos hubo algo que falló, menos trabajo de la administración en lograr mayores inscripciones. Si se inscriben más hay que invertir más, y presupuestalmente estamos frente a un recorte.

La LUC cambió el concepto de obligatoriedad

Implica que el Estado se repliega de garantizar el derecho a la educación. En la normativa decía que obligatoriedad quería decir que tenías que inscribir al niño en una institución, era fácil de seguir. Si la redacción dice que la obligatoriedad es que los familiares «velen por el cumplimiento»; la única razón es el conservadurismo ideológico sobre todo de algunos sectores de la coalición que entiende  que lo hecho en los últimos 150 años en educación primaria debe ser minado.

Hay sectores que también están en contra de que la ANEP tenga que habilitar los contenidos que se dan en las instituciones educativas

Porque eso no solo garantiza el derecho a la educación a pesar de las creencias o los valores de sus progenitores o tutores. Esa medida preserva al niño del mundo adulto al que le tocó nacer. Además, el país construye ciudadanía teniendo niños en instituciones educativas.

La ANEP informó que 18.000 niños no habían podido acceder a la alimentación por el paro general. Los trabajadores dijeron que habían anunciado con tiempo a las autoridades para que buscaran otra solución.

Es un tema importante que no puede ser utilizado para la política menor. El Gobierno miente. No hay manera de que sean 18.000 niños los que se quedaron sin servicio de alimentación. Los servicios los utilizan aproximadamente 250.000 niños. Hubo muchas presiones de la administración por averiguar qué comedores estaban funcionando, se dieron cuenta de que allí podía haber algo para hablar sobre el paro.

Desde turismo de 2020 se inventó un sistema de transferencias a través de asignación familiar o tickets. Cuando se abrieron las escuelas una de las cosas que se intentó fue abrir comedores y la administración optó por no hacerlo para no poner más recursos para auxiliares de servicio. Lo que hizo fue seguir con el sistema de transferencias, salvo en algunas escuelas. Es un tema complejo que ha sido mal manejado.

Cuando cerraron las clases dejaron 60.000 sin comer por dos semanas. Desde ese momento hasta hoy han sido miles los problemas que han tenido en un servicio que implicaba transferencias.

Ha habido otros episodios de control extremo, incluso persecución y despidos

Ha sido parte de la estrategia política instalar temor en los docentes. Sanción a profesores con retención de haberes y separación del cargo por una foto; comisiones investigadoras por unas horas de un dirigente sindical; docentes echadas de su trabajo por lo que publican en redes sociales; un sumario en UTU a una docente por publicaciones. Hay una política de horadar sistemáticamente la confianza de los docentes y eso es malo para el sistema educativo. El centro de estudio tiene que ser un lugar de bajo riesgo.