Por su parte, Mariana González Guyer, prorrectora de Extensión y Relaciones con el Medio, resaltó que esta actividad fue impulsada desde el área de Derechos Humanos de ese servicio, con el fin de promover el diálogo entre académicos de la Udelar, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos «aportando a una discusión que creemos es muy importante».
El intercambio se da en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica a causa de la pandemia, señaló, que plantea múltiples desafíos para la Udelar y la sociedad en su conjunto. En esta situación la Universidad viene jugando un rol muy importante en diferentes aspectos, «el más visible puede ser el aporte científico para la respuesta sanitaria, pero también está presente a través de la extensión trabajando con organizaciones sociales, organizaciones públicas y actores universitarios para enfrentar todas las manifestaciones de esta crisis»: se han relevado 155 líneas, iniciativas y actividades en todo el país, indicó.
Sostuvo que la mayoría de los derechos se obtienen a través de la protesta social y su logro se vincula a la libertad de expresión y al derecho de reunión. «Los derechos se conquistan y esa conquista pasa por la manifestación social pacífica, que no puede entenderse desde la óptica de la amenaza al orden público», afirmó.
Por su parte, Tania da Rosa, integrante del área de Derechos Humanos de Extensión, explicó que esta es una instancia que contribuye a llevar adelante el cometido del área de promover una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de derechos humanos.
«Desde el área tenemos una visión crítica sobre distintas disposiciones de la sección 2 del proyecto de ley, que se refiere a la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, porque entendemos que restringen el derecho a la información en el ámbito de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado», explicó. Las disposiciones previstas «crean nuevas categorías de información de carácter secreto» y «dejan sin efecto las garantías que trajo a nuestro ordenamiento jurídico la ley de acceso a la información pública», explicó; estas modificaciones habilitan la existencia de categorías que escapan al control judicial y al órgano de contralor de la ley de Acceso a la información pública. Por estos motivos, el área entiende que «estas disposiciones pueden restringir las posibilidades de control público por parte de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil sobre los órganos que componen el sistema nacional de inteligencia de Estado».
La mirada internacional en la protección de los derechos humanos
Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), señaló que «si una sociedad no discute de forma profunda e informada las regulaciones que discute un Parlamento sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, creo que es una grave omisión» afirmó y celebró esta instancia de intercambio.
Explicó que la Relatoría forma parte del sistema de protección de derechos humanos de la región, y Uruguay, por haber ratificado las convenciones de protección de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la ONU, se compromete a garantizarlos. En cumplimietno de sus fines, la Relatoría envió al Parlamento y a Cancillería una carta con algunas reflexiones, recomendaciones y preguntas sobre este proyecto. «Me preocupa que Uruguay siendo uno de los pocos países de la región que está dentro de las veinte democracias plenas, ponga en riesgo algunas de las libertades con esta reforma», opinó.
Al referirse al derecho a la protesta, subrayó que si Uruguay pasa a tener una categoría de manifestaciones que son ilegales, se generará «una serie de conflictos para determinar quién se puede manifestar o no, o de qué manera, y eso tiene un impacto en el sistema democrático», afirmó.
Impedir las manifestaciones populares
Daoiz Uriarte Araujo, docente del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Udelar, y especialista en derecho del trabajo y la seguridad social. Uriarte subrayó algunos aspectos preocupantes del proyecto, como la introducción del delito de resistencia al arresto pacífico, que se configura simplemente al negarse a ser detenido por la policía o huir ante esa eventualidad. Indicó que esta modificación, se relaciona con otro de los planteos que introduce el proyecto, la ilegalidad de los piquetes, ya que en un procedimiento policial de este tipo «es natural que alguien quiera evitar la detención y quiera escapar». Si se aprueba el artículo, esta acción se convertiría en un delito. «La criminalización de la protesta termina restringiendo la libertad de expresión», añadió.
Señaló también un agregado de la LUC que habilita a la policía a disolver reuniones o manifestaciones «que exterioricen conductas violentas o tendientes al ocultamiento de la identidad». Al respecto el docente afirmó: «es natural que en cualquier manifestación haya muchachos con bufandas o en el contexto actual con tapabocas, lo que puede ser tomado por el policía como una intención de ocultamiento de la identidad». Además el proyecto aunque mantiene la disposición vigente que el disparo del arma de fuego de reglamento en la actuación policial en estas situaciones, es la última posibilidad, excluye de esta prohibición el sólo hecho de sacar el arma.
Uriarte concluyó que la LUC en su conjunto trata de impedir por medios indirectos «que se materialicen y se canalicen las expresiones de descontento, las manifestaciones a nivel popular».
Natalia Uval, coordinadora de la sección periodismo de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar y docente de periodismo de esta institución, indicó que el proyecto presenta problemas en lo que respecta al contexto de emergencia sanitaria en el que se plantea y a su formato de LUC. Sostuvo que esta coyuntura «condiciona el debate y dificulta el intercambio democrático sobre esta norma que viene a modificar cuestiones fundamentales de la vida en sociedad».
Uval señaló que el proyecto de Ley tiene 502 artículos y un 70% de ellos fueron modificados en el proceso de trámite por sustitutivos que se presentaron pocos días antes de su votación en comisión, en algunos casos el día anterior. «No sabemos qué estamos discutiendo, hay puntos que seguimos discutiendo y aparentemente ya han sido modificados», apuntó.
Alertó que con algunas de las variaciones de redacción que se han introducido a la LUC «se puede generar una falsa idea de que un artículo se cambió teniendo en cuenta los reclamos de los organismos internacionales o de las organizaciones sociales, cuando en realidad el fondo de la disposición permanece idéntica». Indicó que este es el caso del artículo 11 de la LUC, en el que se enumeraban nueve acciones por las cuales una persona podría cometer el delito de agravio a la autoridad policial, entre ellas «obstaculizar, agraviar, atentar, arrojar objetos, amenazar, e insultar por palabras escritos o hechos». Uval informó que al texto se le quitaron tres verbos: menospreciar, menoscabar y afrentar, pero se dejaron los restantes, entre ellos agraviar. Agregó que estos términos dan lugar a una interpretación amplia y subjetiva de conductas que podrían considerarse agravio a la autoridad policial, «este artículo era preocupante para la libertad de expresión y lo sigue siendo con las modificaciones que se le aplicaron».
Por su parte, Fabián Werner, periodista y coordinador de libertad de expresión del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, (CAinfo) y miembro del comité coordinador de la red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina; señaló que en el caso del CAinfo fueron convocados menos de 48 horas antes de la hora fijada para dar su opinión sobre el proyecto. Tuvieron que elaborar el documento de alrededor de 20 páginas con suma rapidez y sin tener claro debido a las modificaciones de último momento introducidas al proyecto, cuál era el texto que finalmente se iba a discutir en la comisión.
El periodista señaló que la protesta pacífica y la libertad de expresión en general son afectadas en los artículos 11, 14, 45, 491, 492 y 493 del proyecto de LUC. Sostuvo que las restricciones a estos derechos «se aplican a través de términos vagos y tienen como resultado el debilitamiento de la democracia».
Consideró muy grave además que en ningún momento del proyecto se establece cuáles van a ser los mecanismos de acceso a la información. No se explicita la forma en que los ciudadanos en general, las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas pueden saber quiénes fueron los responsables de los operativos, si se realizaron detenciones en ellos y si estas se ajustaron al Derecho.
Cecilia Gordano, integrante de Cotidiano Mujer, planteó un paralelismo entre la LUC y el contexto de epidemia por coronavirus. Señaló que en ambas se dan manifestaciones de la post verdad, en la que «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». Añadió que a través de estas falsedades se fomenta el odio, el distanciamiento, la falta de participación ciudadana. En este sentido definió a la LUC como una mega ley que atenta contra los derechos ya consagrados.
