El 10% de las empresas rurales concentra 40% de las deudas del sector

El surgimiento a comienzos de enero del denominado movimiento Un Solo Uruguay o de los “autoconvocados” puso sobre la mesa de discusión la realidad del campo y de los sectores productivos vinculados al agro, base como se sabe de la economía del país. El fenómeno tiene distintas lecturas, tantas como interesados hay en el tema. Por eso, datos de algunos organismos gubernamentales, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Banco de Previsión Social (BPS) e Instituto Nacional de Estadística (INE) ayudan a poner luz sobre la realidad social de la actividad agropecuaria. Y uno de los elementos que se han manejado con insistencia desde los “autoconvocados” es el del endeudamiento de los productores, lo que los lleva a reclamar una rebaja general de los costos, desplazándolos hacia el resto de la sociedad, que debería hacerse cargo de ellos. Los datos del BPS son reveladores al respecto y permiten ver que el endeudamiento de las empresas rurales con el Estado no tiene la magnitud que el movimiento pretende darle: del total de empresas registradas y activas en el BPS, menos de 10% están con deudas en los últimos cinco años (2012-17). Se trata de 4.500. De ellas, casi 96% son empresas de menos de 500 hectáreas y contratistas rurales y el monto adeudado es de $ 722 millones, unos US$ 24 millones. Agrega el organismo que el porcentaje de endeudamiento es similar en todos los departamentos del país y es algo mayor en empresas de cultivos de cereales (excepto arroz) y cría de vacunos (aproximadamente 15%). Estas empresas, destaca, concentran 40% de la deuda y son los giros en que se destaca la mayor reducción de cantidad de empresas (unas 6.000 y 4.000 menos respectivamente entre 2006-17) y también en puestos de trabajo (19.000 y 12.000 respectivamente). De acuerdo a datos del MTSS, cerca de 152.000 personas trabajan en el medio rural; de ellas, 62.000 lo hacen como patrones, productores, socios y cónyuges y 90.000 son trabajadores dependientes. Hasta agosto de 2017 el BPS llevaba registradas 48.530 empresas rurales. No obstante, aclara la cartera que al considerar puestos cotizantes hay que tener en cuenta que una misma persona puede cotizar por más de un empleo. Los datos del BPS, comparando 2003 (luego de la crisis) con 2016, muestran que entre esos años hubo un aumento de unos 10.000 cotizantes (de 142.000 a 152.000). No obstante, hay un descenso respecto a 2008, cuando se alcanzaron 178.550, cifra récord histórica. Y desde 2011 a 2016 se verifica un descenso constante: 22.000 menos. Se observa un aumento en trabajadores dependientes de 74.000 a 90.000 con un máximo de 105.900 en 2011 y descenso posterior constante. Sin embargo, debe destacarse que en 1998 los cotizantes dependientes rurales eran 85.600 y descendieron a 60.500 en 2002, o sea 25.000 menos en cuatro años (hoy son 30.000 más que en 2002, 50% más de trabajadores rurales). Un elemento que contribuyó a mejorar la situación laboral es la instalación, mediante el decreto 39 de 2005) de los Consejos de Salarios para rurales. Si se compara 2015 con 2005, el salario real rural (por encima del aumento de precios -IPC-) crece en promedio 31%, pero en el caso de peones de ganadería y agricultura, el aumento es de 79% y de 83% real para peones de hortifruticultura, viñedos, criaderos, entre otros. Según el INE, el sueldo promedio de un trabajador rural es $ 21.631, $ 19.324 para un cooperativista y $ 18.253 para un trabajador por la cuenta con local. Indica el BPS que la masa salarial por la que se aporta desde el sector rural, tuvo un crecimiento destacado entre 2006 y 2017, pasando de 452 millones a 1.914 millones de pesos; se multiplicó por cuatro, superior al crecimiento de la masa salarial de cotización general. Por su parte, el INE, en base a la Encuesta Continua de Hogares, señala que en 2016 había 135.500 personas ocupadas en actividad rural (trabajadores dependientes asalariados, productores, empresarios, cooperativistas). De este total, unos 40.000 eran peones rurales (21.000 ganaderos, 9.000 agrícolas y 7.000 hortícolas) y había 39.000 criadores de ganado -unos 20.000 pequeños productores sin dependientes-, unos 8.000 patrones y unos 37.000 pequeños productores familiares. Si se les clasifica por sexo, encontramos que hay 106.000 hombres y 29.000 mujeres. En otra clasificación, se destaca que 55% son asalariados privados: 74.000 personas. En cuanto a las actividades, 83.000 están empleados en la ganadería, 36.000 en agricultura y 13.000 en forestación. Estos datos permiten una mirada actualizada de la realidad social del medio rural, y en particular del empleo y los sectores en donde este se concentra. Hacen factible apreciar, también, las mejoras y avances registrados en ese medio en los últimos años. Un ejemplo de eso es el caso del empleo: si bien para 2016 el INE tenía registrados 7.400 desocupados, entre 2017 y 18 el MTSS ha logrado resolver 24 solicitudes de extensión de seguro de paro para actividades vinculadas al agro, comprendiendo 729 trabajadores de 13 empresas de sectores lácteo, citrícola, harina, frigoríficos, insumos agropecuarios, fabricación de maquinaria, cría de ganado y transporte de carga. Una mirada sobre las 48.530 empresas rurales registradas en el BPS permite ver que 34.000 trabajan en menos de 200 hectáreas, unas 7.000 entre 200 y 500 hectáreas y otro tanto por encima de las 500. Si se comparan estos datos con los de 2007, se observa una disminución de 9.000 empresas de menos de 200 hectáreas (eran 43.000 hace diez años; prácticamente se mantiene el número de entre 200 y 500 hectáreas y mayores de 500). Los datos permiten constatar, al observar la cantidad de personas -empresarios y dependientes- que trabajan en cada empresa rural, que 20.650 son unipersonales; en 12.600 trabajan dos personas; en 5.400, tres personas; en 3.080 trabajan cuatro; 4.780 con entre cinco y nueve personas y el resto con más de diez. Se destaca que 48 empresas emplean a más de 100 trabajadores. El INE agrega que 94% de los asalariados privados rurales tiene un solo trabajo y 6% más de uno simultáneamente. El 60% declara que trabaja en empresas con entre dos y nueve personas (44.000 trabajadores) y 20% en empresas con más de 50 personas (14.000). Otro dato revelador es el referido a la propiedad de estas 48.530 empresas según su organización o naturaleza jurídica: 34.850 son unipersonales y unas 4.700, núcleos familiares; 3.200, sociedades de hecho; 2.000 son sociedades anónimas y otro tanto, sociedades de responsabilidad limitada. También hay algunos centenares de cooperativas y sociedades diversas. Si se observan a los asalariados rurales, se comprueba que la enorme mayoría son hombres (78%), con un envejecimiento relativamente mayor (15% son mayores de 60 años, en relación al 10% en el total de la población; y más en ganadería: 18%) y menor proporción de jóvenes, de 25 a 29. Tras la aprobación en 2008 de la ley 18.441, se comenzaron a observar cambios en relación a la jornada de trabajo y  descanso. Así es posible apreciar que 25% trabaja más de 48 horas semanales. Se trata de unas 33.000 personas: 13.000 asalariados, 12.300 pequeños productores y trabajadores por la cuenta y 7.000 patrones. Si se observa la evolución del trabajo entre 2008 y 2016, se destaca que 11.200 trabajadores que trabajaban entre 51 y 60 horas semanales redujeron su horario y 4.800 que trabajaban más de 61 horas semanales también lo hicieron. El promedio de horas semanales baja de 47 a 44 y también se nota una reducción de la cantidad que trabajaba más de 48 horas: de 33% a 17,5% entre 2008 y 2016: 17.000 trabajadores redujeron jornada. En cuanto a la formación de los trabajadores rurales, los datos señalan que esta se encuentra más influenciada por la importancia de la experiencia adquirida, la transmisión intergeneracional y la capacitación laboral que por la educación formal. De hecho, 54% de los ocupados en el campo es de menos de seis años. No obstante, se observa que en los menores de 30 años se aprecia un  mejor nivel educativo formal. Un fenómeno que ha sido reiterado en proclamas de diverso tipo y es común entre los “autoconvocados” es el de la reducción de la población afincada en el campo. Hay que señalar que se trata de un proceso de características globales, ya que en el mundo entero se asiste a un proceso de urbanización. En Uruguay se aprecia un  corrimiento de residencia hacia zonas urbanas, en particular a localidades menores de 5.000 habitantes. Es así que entre 2011 y 2016 bajan de 55% a 43% las personas que viven en zonas rurales; suben de 11% a 20% los que viven en localidades de menos de 5.000; y de 28% a 32% en las más de 5.000 habitantes. Otro cambio importante está referido a la pobreza: bajó 14 puntos en diez años y se ubica en 2,1% de la población rural total. Indica el INE que esta incluye a 5,5% de los ocupados rurales: unas 7.400 personas (ante 5,8% del total de ocupados del país y 9,4% de la población nacional). Además, la población rural ha mejorado su acceso a servicios de diversa índole. Por ejemplo, 91% tiene celular y 52% declara haber usado internet en el último mes. Incluso 75% la usa al menos tres veces al día (en 2011 era 44%).   Aportes y contribuciones En otro orden aparecen en los datos del BPS los montos que pagan por mes los ocupados en el medio rural: hay 32.100 que aportan hasta $ 5.000, incluyendo aportes jubilatorios y Fonasa -se excluye IRPF de este monto-. Unos 39.700 pagan por mes hasta $ 10.000. En esta primera franja se encuentran unos 11.000 productores rurales familiares con mayor exoneración de aportes al BPS desde 2009. Sólo 8.800 empresas pagan más de $ 10.000 por mes a BPS: 4.400 de ellas entre $ 10.001 y 20.000; 1.560 entre $ 20.001 y 30.000 y 2.850 por más de $ 30.001. Destaca el BPS que estos montos comprenden el derecho para quienes cumplen las condiciones correspondientes a jubilaciones para productores y eventualmente socios, cuota bonificada menor y otros derechos de seguridad social, como asignación familiar, entre otros. Y también los derechos de los trabajadores dependientes. El derecho a salud opcional está condicionado a que los productores no ocupen más de cinco dependientes, exploten menos de 500 hectáreas Coneat, y no perciban otros ingresos. Según los datos, se observa una notoria mejora en los años recientes. Es así que la cantidad de jubilaciones aumentó de 66.400 en 2003 a 73.770 en 2016. Descendieron en 2008, pero con la ley de facilidades de acceso a las jubilaciones de 2009 -ley 18.395- hubo un aumento constante. Destaca el organismo que el monto promedio de las jubilaciones aumentó 58% por encima de los precios, comparando 2016 con 2004. Explica que ello se debe a los 13 años consecutivos de aumento de las pasividades por encima de los precios y además de los aumentos diferenciales mayores por decreto del Poder Ejecutivo para las jubilaciones más bajas. El monto de la jubilación mínima establecido por dichos decretos es hoy 80% superior al monto que correspondería como mínimo por la ley de 1996 (16.713) y más del triple que lo establecido por el Acto 9 de la dictadura. Algo similar ocurre con el acceso a la salud. Tanto productores y familiares como trabajadores dependientes reflejan un notorio aumento de beneficiarios: de 40.700 productores y cónyuges en 2003 a 56.000 en 2016 (37% más); y en igual período, de 53.900 a unos 83.000 trabajadores dependientes en 2014-16 (52% más beneficiarios). También aumenta la protección para los trabajadores en seguro de paro y licencia por enfermedad: en promedio unos 3.400 y 3.000 mensuales, respectivamente, cifras razonables en el total amparado. Y aumenta también la protección en licencia por maternidad, en especial desde 2014 con la nueva ley, 19.161. Según datos del INE, 61% de los ocupados rurales atiende su salud en mutualista o sociedad médica (IAMC) y 36% en Salud Pública y BPS. En los asalariados privados rurales específicamente, las cifras son similares.