El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, estaba entusiasmado. Horas antes de asumir el cargo por tercera vez en su carrera había recibido una noticia de su agrado: el Poder Ejecutivo les había presentado una propuesta de acuerdo transaccional a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (Adaju) que podía poner fin al largo conflicto salarial en el Poder Judicial.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Un conflicto que, por su extensión, unos seis años, era para el Libro Guinness de los récords, afirmó Chediak. Se trataba de una propuesta “digna y sustancialmente mejor” que la que días antes habían aceptado jueces, fiscales y defensores públicos, y que contemplaba buena parte del reclamo de los trabajadores, por lo que en la SCJ había buenas expectativas de que fuera aceptada.
Así lo ratificó Chediak durante su discurso de asunción: “Somos muy optimistas en el sentido de que este larguísimo diferendo se pueda terminar al inicio de este año”. Chediak dijo que la conciliación era una salida viable “en una democracia seria como la uruguaya” y afirmó que lograr una solución “era indispensable”, ya que de lo contrario “estaríamos ante una espada de Damocles, que es la puesta en funcionamiento del Código del Proceso Penal”. Sin técnicos ni funcionarios, ese código no podría ponerse en funcionamiento, aseveró Chediak.
Pero, al mismo tiempo, Chediak destacó la ponderación con la que actuaron todos los gremios judiciales durante el extenso conflicto. “Cuando en algún momento había rispideces y voces discordes y altisonantes que procedían de otros ámbitos, desde todos los estamentos del Poder Judicial se mantuvo silencio y ponderación. […] Se fue llevando, en la medida de lo posible, con dignidad”.
Sin embargo, una semana después, ese entusiasmo se transformó en incertidumbre: el miércoles 8 ambos gremios rechazaron “por amplia mayoría” la propuesta del gobierno y echaron por tierra –al menos por ahora– la posibilidad de llegar a un acuerdo. En ambos casos se desestimó la posibilidad de consensuar un acuerdo y se insistió en la obligación del Estado uruguayo de cumplir con las sentencias en su contra.
Acuerdos varios
Sobre principios de enero, el Poder Ejecutivo logró un acuerdo transaccional con tres de los cinco gremios involucrados en el conflicto salarial. Jueces, fiscales y defensores públicos aceptaron una propuesta que implicaba un incremento salarial de 6% (3% en 2017 y 3% en 2018), de 13% de adecuación salarial que debían otorgarse, y el compromiso del gobierno de abonar 50% de la deuda contraída desde el 23 de diciembre de 2012 hasta la fecha.
En los tres casos, se superó el umbral del 80% de adhesión exigido por el gobierno para ratificar el acuerdo. En el caso de los jueces se llegó a 98% de adhesión, incluidos los cuatro ministros de la SCJ, tres de los cuales (Chediak, Ricardo Pérez Manrique y María Elena Martínez) no habían iniciado ningún reclamo salarial en la órbita judicial. Ante esto, el gobierno cumplió con su parte y envió un proyecto de ley al Parlamento para habilitar los créditos presupuestales especiales para comenzar a pagar estas partidas.
Con estos acuerdos cerrados, el gobierno encaró la negociación con los funcionarios y actuarios del Poder Judicial. Se trataba de una negociación que se sabía más compleja, ya que estos gremios tenían una sentencia favorable, ya ejecutada, a su favor, en la que se les reconocía 100% de la deuda generada y se ordenaba a la SCJ otorgar un incremento salarial de 21,6% a todos los funcionarios.
En este contexto, el gobierno planteó que era “inviable” dar cumplimiento a la totalidad de la deuda, pero expresó su voluntad de arribar a un acuerdo y presentó una oferta mejorada, que incluía “lo máximo que se podía ofrecer” en el actual contexto económico del país. Este recogía los dos principales aspectos del fallo judicial, aunque en ninguno de los casos se llegaba a 100%.
La primera parte refería a la adecuación salarial de todos los trabajadores, incluidos aquellos que no litigaron contra el Estado o que aún tienen procesos civiles en trámite. En este caso, se proponía otorgar dos incrementos de 4% en los salarios (uno el 1º de enero de 2017 y otro el 1º de enero de 2018), con lo que se lograba un aumento total de 15,76% del salario (los funcionarios ya recibieron un aumento de 7,76%).
La otra parte refería a la deuda contraída con los judiciales desde el 23 de diciembre de 2012 hasta la fecha. El gobierno se comprometía a pagar poco más de 70%, con su actualización según el Índice de Precios al Consumo (IPC). Ese pago se haría en tres cuotas, iguales y consecutivas, previstas para el 1º de enero de 2017, 1º de enero de 2018 y 1º de enero de 2019, también actualizadas por IPC.
En este caso, el Poder Ejecutivo planteaba que los trabajadores dejarán de lado el 6% de interés anual –una cifra importante que se prevé en las sentencias como resarcimiento por el daño causado–, algo que se compensaba “en gran parte” con el no aporte por Montepío y Fonasa. Por todo esto, las directivas de AFJU y Adaju valoraron la propuesta y decidieron ponerlas a consideración de sus respectivas asambleas, cuando las anteriores habían sido rechazadas de plano. Todo esto abría la expectativa de llegar a un acuerdo.
La negativa
El miércoles 8, el proyecto enviado por el gobierno para solucionar el conflicto con jueces, fiscales y defensores públicos obtuvo media sanción en el Parlamento, tras ser aprobado por mayoría en la Cámara de Senadores con el voto conforme del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente y el voto contrario del Partido Nacional, en una dura sesión, cargada de acusaciones cruzadas entre los legisladores.
Pero ese mismo día, el gobierno sufría un revés importante en la dilucidación del conflicto, ya que AFJU y Adaju rechazaron la propuesta del Poder Ejecutivo. Entre los actuarios, la decisión se adoptó “por abrumadora mayoría”, afirmó el presidente de Adaju, Diego Pardo, al portal web de Caras y Caretas. De los 285 afiliados que participaron en la asamblea, unos 200 se pronunciaron en contra de la propuesta del gobierno y por reclamar el pago de 100% de la sentencia.
Entre los funcionarios el rechazo fue por un margen de tres a uno, en una asamblea tensa y que mostró la división que existe dentro del gremio. En este sentido, el Consejo Ejecutivo de AFJU había decidido por mayoría (siete votos en nueve) plantearle a la asamblea la conveniencia de aceptar la propuesta, ya que esta garantizaba “certidumbre sobre el cobro de un porcentaje aceptable del total reclamado”, dijeron fuentes gremiales a Caras y Caretas.
Para esto, el asesor jurídico de AFJU, Roberto Rinaldi, presentó un informe en el que explicó que el gobierno ya había hecho la previsión del gasto para cumplir con la sentencia, pero que aún no se sabía en qué instancia presupuestal lo haría efectivo, ya que en base al artículo 733 de la última Rendición de Cuentas puede elegir en qué año hacerlo, de acuerdo a las prioridades presupuestales del Estado. Además, afirmó que la acción de inconstitucionalidad contra ese artículo está trabada porque el gobierno aún no designó al fiscal que debe pronunciarse sobre el recurso.
Ante esto, el secretario general de AFJU, Carlos Fessler, tenía previsto presentar ante la asamblea un informe favorable al acuerdo, pero no pudo hacerlo, ya que la mayoría no habilitó el debate y se procedió a votar directamente por la afirmativa o la negativa. El resultado fue “contundente”: 1.453 afiliados votaron negativo y 589 votaron afirmativo. De inmediato, Fessler se comunicó con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, para informarle de la resolución. El secretario de Estado lamentó la decisión e insistió en que la propuesta del gobierno era lo máximo que se podía ofrecer.
En este marco, el resultado reveló las diferencias internas en AFJU, en particular entre el actual Consejo Ejecutivo y los integrantes de anteriores directivas (principalmente, Gustavo Signorelle y Jorge Mir), quienes militaron activamente por el no a la propuesta. A esto se sumó la incidencia de factores políticos dentro del gremio, principalmente en el interior del país, donde “notorios militantes del Partido Nacional” promovieron el voto negativo para “pegarle al gobierno”, dijeron fuentes gremiales a este medio. Por este motivo, la directiva de AFJU tiene previsto reunirse en los próximos días para analizar el resultado de la asamblea y el mensaje que conlleva, de forma de definir los posibles caminos a seguir ante la continuidad del conflicto.