El Cártel de Sinaloa es de película

El gallego Enrique le sirvió un vodka doble y un whisky Johnny Walker a su acompañante de lentes oscuros, mientras comentaba que Schillaci era el italiano que le hizo un gol a Uruguay en el Mundial del 90, que perdimos 2 a 0.

Igualmente, la gente que durante quince días vio la persecución por la tele podía pensar que los Lanatta eran hermanos del célebre periodista. En realidad, los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta eran los autores materiales del triple crimen de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, el 7 de agosto de 2008. Los tres asesinados eran los vendedores de medicamentos Sebastián Forza y Damián Ferrón y el publicista Leopoldo Bina, que habían asistido a una reunión en el hipermercado Walmart de Avellaneda. Los cadáveres fueron encontrados boca abajo y tenían los pies y las manos atados con precintos plásticos. Ferrón y Bina habían recibido cuatro disparos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Forza había sido ejecutado de ocho disparos.

Todos estuvieron de acuerdo: se trataba de un crimen mafioso. Hasta el propio gobernador bonaerense de la época, Daniel Scioli, se animó a decirlo sin pelos en la lengua.

Forza tenía una Mesa de dinero en la que estaba involucrado su propio padre. Gran parte de sus ingresos -luego engrosados por los jugosos cheques que cobraba por parte de diversos laboratorios medicinales y que cambiaba en diferentes instituciones financieras- estuvieron vinculados, al principio, a este “emprendimiento”,

Sebastián Forza sabía demasiado acerca de ciertos laboratorios que negociaban con medicamentos para hemofílicos. Entre ellos, Novoseven, y otros que parecían estar involucrados en negociados multimillonarios. Sabía que lo iban a asesinar. Había sido visitador médico. Su padre era gerente de laboratorios Gador, y él se lanzó con una pequeña distribuidora de medicamentos a metros del hospital Italiano.

La viuda de Forza aseguró que el crimen era un mensaje mafioso dirigido a otra persona, y que su esposo pagaba 250.000 pesos (argentinos) por protección a un tal “La Morsa”. El apodo correspondía a una persona no identificada; un hombre, decían, con un prominente bigote. Se sospecha, a partir de las declaraciones de la viuda, que podría tratarse de Esteban Pérez Corradi, un financista de Forza. Investigaciones posteriores pusieron en evidencia vínculos de la mafia ligada a la venta ilegal de medicamentos falsificados con cárteles narco. Forza y Ferrón proveían sustancias a un laboratorio en Ingeniero Maschwitz que manufacturaba drogas ilegales que luego se exportaban a México.

“Quien dio la orden [de ejecutar la matanza] es Aníbal Fernández”, dijo Martín Lanatta al periodista Jorge Lanata cuando el bigotudo político peronista estaba en plena disputa electoral. “Forza fue un estorbo para el negocio vinculado con el precursor químico”, aseguró, en una entrevista que se llevó a cabo en la cárcel de General Alvear. Lo que siguió es conocido: Aníbal Fernández perdió las elecciones, y en la madrugada del 26 de diciembre de 2015 los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci se fugaron de un penal de alta seguridad en General Alvear, dependiente del gobierno de Buenos Aires.

Corradi y el Cártel de Sinaloa

El autor intelectual del triple crimen era Ibar Esteban Pérez Corradi. Nada menos que un empresario de la industria farmacéutica, acusado de narcotráfico por haber introducido en Estados Unidos 80 pastillas de oxicodona, un analgésico derivado del opio, mediante el envío de una encomienda por correo privado. Por esa causa, la Justicia norteamericana dictó un pedido de extradición. El tipo estaba en el tráfico de efedrina y era investigado en la megacausa de la mafia de los medicamentos. Por esta última causa debió pagar 100 mil pesos, fijados como caución real por el juez Norberto Oyarbide para excarcelarlo.

Pérez Corradi está prófugo. El pasado 12 de enero, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, anunció que se decidió aumentar la cifra de dinero ofrecida a quienes colaboren con datos que permitan capturarlo. La recompensa pasó de 100 mil a 2 millones de pesos.

Ibar Esteban Pérez Corradi -alias «Peluca» o «Colita»- nació el 16 de julio de 1977. Desde muy joven se hizo de una fortuna considerable. Trabajó como empleado del Banco Nación entre 1996 y 2002, mientras incursionaba en el mercado de medicamentos y preparados para deportistas.

Además, era socio de Martín Lanatta y acreedor de Sebastián Forza. Es un financista ambicioso y sagaz considerado por la Justicia de EEUU un narcotraficante de relevancia, puesto que con sus negocios unió las rutas de la droga que van de Argentina a México y viceversa. Hace tres años que tiene pedido de captura internacional, pero nadie logra dar con él.

Alyosha sabía que Pérez Corradi era uno de los principales nexos del narco argentino con el Cártel de Sinaloa, el de Joaquín Chapo Guzmán, recapturado el sábado 9 de enero luego de una fuga que dejó a todo el mundo de boca abierta. El triple crimen fue cometido el 7 de agosto de 2008. Sin embargo, los hombres del Cártel de Sinaloa ya estaban instalados en Uruguay.

El Chapo Guzmán y Uruguay

En la tarde del 22 de febrero de 2008, los hombres de la Brigada Antinarcóticos, dirigida entonces por Julio Guarteche, se acercaron al casco de la estancia “El Catalán” en total silencio, después de muchas horas de seguimientos. Dos casonas viejas semiderruidas y un galpón fueron rodeados con sigilo, mientras se seguía, con un radar improvisado, el vuelo de una avioneta que había salido de Santa Cruz de la Sierra con un cargamento pesado: 142 kilos de cocaína pura y una turbina enorme usada para airear los socavones de las minas recién taladradas.

La avioneta había viajado desde México hasta Bolivia. Supuestamente era alquilada, pero estaba hecha con un corazón hueco en la zona del rotor, en el que podrían haber viajado, desde Montevideo hasta México, otra vez, unos 300 kilos.

Los policías, camuflados y con rifles de larga distancia, esperaron hasta que zumbó el motor de la Cessna 210 sobre la planicie.

El campo, situado a 55 kilómetros de la ciudad de Mercedes, era propiedad de Víctor Quintana. Para llegar a él había que recorrer unos 10 kilómetros por un camino vecinal, tomando como referencia la escuela agraria de La Concordia.

La DEA y la Procuración General de México habían advertido que los vigilados eran del Cártel de Sinaloa.

La avioneta logró aterrizar pese a las dificultades y los narcos iniciaron una fiesta con asado, muy bien regada por buenos vinos y amenizada por los sonidos de corridos y cumbias hasta la madrugada, cuando se derrumbaron totalmente ebrios.

Como las leyes uruguayas no permiten realizar allanamientos durante la noche, los policías debieron esperar a la salida del sol, pero los perros de guardia de los narcos comenzaron a ladrar. La Policía pensó que con los ladridos se despertarían los dormidos, pero la borrachera era solemne.

Los “canas” lograron entrar a donde se ubicaba el avión y constataron que le habían instalado dos tanques suplementarios, para que aguantara con combustible desde Santa Cruz hasta Soriano.

Guarteche pidió que un helicóptero de la Fuerza Aérea sobrevolara el casco con reflectores.

Recién entonces, los cinco hombres que estaban adentro salieron a rendirse. Dos de los seis mexicanos tenían poder de mando y vivían en Buenos Aires, en Puerto Madero. Otro era un lugarteniente del Chapo Guzmán: el prófugo Jesús Martínez Espinoza.

En Montevideo, mientras tanto, se instalaban, en dos departamentos en el barrio Pocitos, dos jefes del Cártel de Sinaloa: Ismael Ruiz Casillas, alias Tyson, procesado por “asociación para delinquir en concurrencia” y por “introducción y tránsito de sustancias y estupefacientes”, y David Flores Tinarejo, alias Chiri.

En Montevideo uno de ellos se encargaba de llevar los papeles de la organización, que pretendía exportar pescado a Europa ocultando droga en la carga. El truco de esconder droga en barcos con pescado de exportación es muy usado.

El asunto debe ser que la Justicia no encontró pruebas de que la estancia “El Catalán” fuera propiedad de los narcos. Suele suceder. De hecho, esa estancia no figura en los informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que muestran la estructura del Cártel de Sinaloa.

Jesús Martínez Espinoza es un ciudadano mexicano sindicado como presunto narcotraficante. Martínez Espinoza admitió haber conocido a Sebastián Forza, una de las víctimas del triple asesinato, y declaró que éste le habría ofrecido el negocio de una droguería para conseguir efedrina, un precursor de drogas sintéticas. La Justicia argentina indaga si el autor intelectual de los homicidios, el prófugo Esteban Pérez Corradi, se disputaba con Forza la provisión de efedrina a los mexicanos. Y si Martínez era la cara visible de estructuras narco de mayor envergadura, como el Cártel de Sinaloa.

A mediados de 2008, un joven mexicano llamado Dámaso López, ahijado del Chapo y uno de los herederos del Cártel de Sinaloa, estuvo en Argentina y se dice que se habría reunido con Forza unos días antes de su homicidio. Un testigo del encuentro, a quien Forza presentó con el mexicano en un café de Puerto Madero, así lo aseguró. El testigo, que pertenecía al entorno del empresario asesinado junto a Damián Ferrón y Leopoldo Bina, dijo que Forza presentó a López como “el sobrino del capo de México”. El testigo también afirmó que el joven se hospedó seis meses en el Hotel Faena y que luego del triple crimen de General Rodríguez dejó la Argentina.

Cuestión de química

En julio de 2013, el Cártel de Sinaloa envió a la Argentina y a Uruguay al ingeniero químico César Cornejo Miranda, de 42 años, para que se encargara de diluir cocaína líquida en 2.360 litros de aceite dieléctrico (aislante) que fueron escondidos, dentro de dos transformadores, en un container.

El embarque fue enviado desde Buenos Aires en un barco de bandera israelí rumbo a Puerto Progreso, en Yucatán, México. Ni los escáneres de la Aduana argentina ni los equipos de rayos X mexicanos detectaron la droga.

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado (viuda del fiscal Nisman) -que venía investigando el caso hacía un año y había ordenado la detención del químico en Belgrano- viajó a ese país junto a gendarmes y efectivos de la Aduana para pedir a las autoridades mexicanas que incautaran el embarque y lo revisaran. Hubo un conflicto de competencias y finalmente se logró que los transformadores fueran revisados. Así se halló la droga diluida, que según fuentes del caso equivale a 1.000 kilos de cocaína en polvo.

Cornejo Miranda, alias “Chacito”, fue detenido el miércoles 23 de abril de 2014 en un departamento de Belgrano, en donde vivía. Para que no se lo llevaran preso había tomado como rehenes a su novia embarazada y a sus suegros, y hasta llegó a herir a un gendarme antes de terminar esposado.

Junto con Cornejo Miranda cayeron otras cuatro personas. Nadie supo decir dónde se hizo la operación para diluir la cocaína, aunque se sospecha que fue en la Argentina. Tampoco se sabe cómo entró la droga al país. El destino final del embarque era Europa.

La Bodeguita es un galpón escondido sobre la calle Luis Viale 101, a 150 metros de la Avenida Rivadavia y a 20 cuadras de la comisaría de Haedo, al oeste del conurbano bonaerense.

Las llaves de ese lugar fueron pedidas por el mexicano César Cornejo Miranda a Matías Faubel el 17 de abril del 2014, cuando regresó al país desde Uruguay. La tarea de Cornejo Miranda, especialista en ingeniería industrial y mecánica, era simple: vaciar cinco transformadores eléctricos trifásicos y llenarlos de cocaína líquida para mandarlos a México, donde esperaba «Quique», financiador y jefe de la operación.

Sin tiempo que perder, y con mucho dinero por ganar, Cornejo Miranda comenzó a desarmar los aparatos. El mexicano respondía en todo momento a las órdenes de Quique, su compatriota, al punto que guardaba los tickets de cada gasto que realizaba en el país, porque el dinero luego sería reintegrado por su «jefito».

Para disolver la cocaína, Chacito usó latas de acetona y otras de éter etílico, precursores químicos comprados por Cueroflex, una cooperativa de Villa Zagala, San Martín, presidida por un tal Flauber, quien, según la Dirección de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia de la Nación (SI) argentina, estuvo implicado en 2008 en una causa que investigaba el tráfico de efedrina por parte de empresarios aztecas.

La Concordia

El 28 de setiembre de 2008 se descubrió una célula del Cártel de Sinaloa en la frontera con Argentina. Tiempo antes, en febrero de 2008, se había descubierto un brazo del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Chapo Guzmán Loera, en el paraje La Concordia, departamento de Soriano (Uruguay).

Este resultó ser el mismo grupo que se había instalado en Argentina con sus laboratorios de metanfetamina, y que había elegido una estancia uruguaya para hacer aterrizar un avión con 142 kilos de cocaína boliviana.

Los jefes vivían en lujosos departamentos de La Barra, en Maldonado, y habían llegado a Uruguay al mismo tiempo que los enviados a Argentina, ubicados en las localidades de Pilar e Ingeniero Maschwitz.

Tres años después del exitoso procedimiento de Guarteche -más precisamente, el 21 de setiembre de 2011- un comunicado de prensa emitido por el Departamento del Tesoro de EEUU informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del mencionado Departamento, había designado ese día a cuatro individuos y doce entidades vinculadas al colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, o a otros individuos o entidades, previamente designados como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT, por su sigla en inglés), conforme a la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico (conocida como Ley Kingpin).

Como resultado, se prohibió a los estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con estos individuos y entidades, y se les congelaron los activos que pudieran tener bajo jurisdicción de EEUU. Los cuatro individuos mencionados son los colombianos Mauricio Barcenas Rivera, Omar Mejía Zuluaga y Ana María Uribe Cifuentes, y el uruguayo-ecuatoriano José María Castro. Las doce empresas están ubicadas en Colombia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay. Algunas de las entidades colombianas designadas son AS Inversiones SA y T&T Andina SA, operadoras de estaciones de servicio. También fue designada la empresa ganadera uruguaya Genética del Sur SA, ubicada en el departamento de Lavalleja.

Héctor Cifuentes no era un tipo que andaba con cadenas de oro y 25 guardaespaldas, sino que mantenía un perfil de empresario, como dijo un oficial de la embajada de EEUU que llevó de cerca la investigación. El Chapo Guzmán Loera y Jorge Milton Cifuentes Villa fueron acusados de narcotráfico y lavado de activos en la Corte Distrital de EEUU para el Distrito Sur de Florida, en noviembre de 2010. En febrero de 2011, Jorge Milton Cifuentes Villa también fue acusado por el delito de narcotráfico en la Corte Distrital de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York. ¿Por qué no hay aquí un delito precedente?, se preguntó Alyosha.

En febrero de 2010, la Policía colombiana capturó a María Patricia Rodríguez, esposa del extinto Francisco Cifuentes Villa, quien para las autoridades se inició en el narcotráfico al lado del capo Pablo Escobar. Francisco, hermano mayor de Jorge Milton Cifuentes, fue asesinado en 2007. Tras eso, María Patricia heredó el negocio y lo manejó sola, tras entrar en disputa con los hermanos de su esposo, que siguieron en el narcotráfico.

Fuentes oficiales aseguraron que la identificación de Jorge Milton, su clan y emporio, se logró con información que María Patricia entregó en EEUU, donde actualmente está presa.

El 26 de marzo del año pasado, sin gran difusión en los medios, la policía antinarcóticos colombiana arrestó en Medellín y en Pereira a Lucía Cifuentes Villa, alias La Mother, Jaime Roll Cifuentes, alias JR, y a dos socios de ellos. También decomisó ocho toneladas de cocaína y, en coordinación con las autoridades de Ecuador, otras cuatro personas fueron arrestadas. La red sacaba la droga en camiones hacia Ecuador, desde donde era despachada en buques hacia México, con destino al Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Chapo Guzmán.

Lucía es la tercera mujer de ese clan familiar detenida y con serios problemas con la Justicia. Al momento de su captura era prácticamente la jefa del grupo. En agosto de 2011 su hermana Dolly fue arrestada y extraditada a Estados Unidos. Ésta tuvo una hija, Ana María, con Jaime Alberto Uribe Vélez -hermano del ex presidente Álvaro Uribe- quien también tuvo problemas con la Justicia, y estuvo casada con el sobrino del narcotraficante Fabio Ochoa Vasco, uno de los principales enlaces del Cártel de Medellín y los narcos mexicanos.