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Economía caída |

La única verdad es la realidad

El déficit fiscal será menor a 2,9% del PIB en 2018

En el año móvil cerrado a octubre, el déficit fiscal fue 2,9% del PIB, y seguramente será menor a fin de año, pero el clamor mediático, que antes pedía a gritos un “ajuste fiscal”, ahora explica porqué no es lo que es. Implícitamente se sigue pidiendo un “ajuste fiscal”, lo que en realidad refiere a una forma de ver la economía y no a una situación coyuntural.

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El déficit fiscal uruguayo está por debajo del límite que fija el Tratado de Maastrich a la Eurozona y no está al alcance de críticas de las agencias calificadoras.

Uruguay cerró exitosamente un largamente trabajado acuerdo con Japón para la venta de nuestras carnes a la tercera economía del mundo.

La política monetaria contractiva incide desfavorablemente en el empleo, el dólar, las exportaciones y la inflación.

El PIB crecerá 2,5% en 2018 y en 2019 estará el “efecto UPM”.

El 19 de octubre, Caras y Caretas publicó un artículo titulado: “¿Es necesario (hacer) un ajuste fiscal?”, señalando que estábamos inmersos en una especie de clamor mediático polifónico que pedía a gritos una corrección de este tipo (medida que provoca contracción económica y sufrimiento social, como todos sabemos), surgido de economistas serios y otros que no lo son tanto. El déficit fiscal se situaba entonces entre 3,6% y 3,9% del PIB.

La nota señalaba que, por el contrario, no pedían un ajuste fiscal en nuestro país ni el Fondo Monetario Internacional (FMI, que elogió a Uruguay distinguiéndolo en su última Cumbre, y tampoco lo sugirió en su riguroso “Informe del Artículo IV”); ni el aún más exigente Banco Mundial. Sin desconocer que toda economía nacional tiene luces y sombras (y mucho más en un pequeño país, sometido doblemente a las turbulencias globales y regionales conocidas, castigado por caída de precios internacionales, alza de tasas de interés en los Estados Unidos, y un entorno regional altamente adverso, con Argentina y Brasil, nuestros segundo y cuarto socio comercial, en crisis y devaluación permanente), las mismas deben analizarse sin prejuicios y con la precisión técnica correspondiente.

A nadie escapa que estamos en tiempos político-electorales, y se señaló que ese “ajuste tan deseado” no figura en los planes de gobierno del Frente Amplio, ni en el programa de Luis Alberto Lacalle Pou (que sólo habla de una suave “evolución”), ni ha sido mencionado por alguien que en otros tiempos fue muy severo como Ernesto Talvi, fiel seguidor de su Universidad de Chicago, y de los consejos del falso liberal Milton Friedman, consejero y proveedor de altos jerarcas y asesores para dictadores genocidas y responsables de catástrofes económicas como los generales Augusto Pinochet Ugarte, Jorge Rafael Videla y la dictadura uruguaya, pero es “fogoneado” por economistas que les son afines.

Más allá del referido clamor “ajustista” (que los lectores pueden comprobar leyendo los artículos de esos días), ningún partido político prometía o sugería un “ajuste fiscal”, expresión que se asocia al malestar social, o directamente al pánico y tiene costo político. Eso sí, era evidente que el clamor perseguía intereses políticos y era funcional a los mismos. El que calla, otorga.

Entre quienes lo mentaban estaban Jorge Caumont, Javier de Haedo, y ahora, explícitamente, Ignacio de Posadas Montero.

Caras y Caretas no realiza, ni mucho menos, un alegato a favor del déficit fiscal (es decir, la situación en la cual los gastos realizados por un Estado superan a los ingresos), que es un desbalance esencialmente malo, como lo es para un hogar, ya que se traduce inevitablemente en un aumento del endeudamiento y problemas mayores, excepto en depresiones graves.

Pero las operaciones políticas para provocar terror en la población (alejando la inversión nacional y extranjera, y postergando el consumo), así como las diversas distorsiones que se producen en los tiempos electorales en nuestro país, obligan a redoblar el análisis de las señales que se proyectan a la sociedad o a sus élites, porque señales equivocadas han conducido a ignorar fenómenos como la devaluación brasileña del 13 de enero de 1999, a apoyar medidas como “la paridad deslizante”, o aperturas indiscriminadas de nuestra economía, que en ocasiones han conducido a catástrofes como las Crisis de 1982 y de 2002.

 

Cae el déficit fiscal; explicación del MEF y el BCU

El 30 de noviembre pasado tomó estado público un Comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas titulado: “Resultado del Sector Público Consolidado a octubre de 2018”, el cual informa que: “En el año móvil cerrado a octubre, el resultado del Sector Público Consolidado fue -2,9% del PIB. En particular, el déficit del Gobierno Central-BPS se ubicó en 2% del PIB en el referido período. Estas cifras incluyen un efecto cercano a 1,0% del PIB por el ingreso de fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS) en el marco de lo previsto en la Ley Nº 19.590*. Los ingresos del Sector Público No Financiero se ubicaron en 31% del PIB, aumentando casi 1 punto porcentual con respecto a setiembre, básicamente a causa del mencionado ingreso de fondos al FSS. En tanto, los egresos primarios del Sector Público No Financiero se mantuvieron prácticamente estables en términos del PIB. Por último, el pago de intereses se incrementó casi 0,1% del PIB por efecto de pequeños incrementos en el Gobierno Central, el Banco de Seguros del Estado y el Banco Central”. Al pie del texto se señala que los detalles metodológicos sobre el impacto del FSS en las estadísticas fiscales se encuentran disponibles en:

https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/25887/1/comunicado-registro-del-fss-mefybcu-version-final.pdf

Dicho texto, de tres densas carillas de extensión, presidido por los logos del MEF y del BCU, se titula “Impacto de la Ley Nº 15.990 en las estadísticas fiscales y de deuda del sector público”, y comienza señalando que: “El 28 de diciembre de 2017 se promulgó la Ley 19.590 (llamada popularmente “la ley de los cincuentones”, N. de R.) que habilita, bajo ciertas condiciones, la desafiliación del régimen mixto de seguridad social para trabajadores y jubilados que tuvieran cincuenta o más años de edad al 1 de abril de 2016. A los efectos de facilitar el análisis y monitoreo de la situación fiscal, este documento describe en detalle cómo se registrarán los flujos de ingresos y gastos públicos derivados de la nueva normativa, así como el consiguiente impacto en el resultado y el nivel de endeudamiento del sector público”. Luego el documento se abre en capítulos denominados “Contexto”; “Criterios metodológicos de registración”; “Impacto en la publicación mensual de ingresos y gastos públicos que publica el MEF”; “Impacto en la publicación del resultado por fuentes de financiamiento que publica el BCU”; “Impacto en la publicación de las estadísticas de deuda pública que publica el BCU”, cada uno con sus referencias a los apartados correspondientes en los sitios web del MEF y del BCU.

Se trata de un documento riguroso y absolutamente profesional.

 

Comentarios adversos

Comparado con el clamor polifónico que llenaba suplementos enteros en su preocupación por el déficit fiscal, la presente e importante novedad de su caída ha cosechado el silencio o la empecinada búsqueda de motivos para criticar esta realidad económica que aleja (al menos en el mediano plazo) el fantasma de las veladas amenazas de alguna agencia calificadora de crédito, que seguramente busca incluirnos en la triste realidad regional, dominada por las turbulencias argentina y brasileña, o algún interés de otro orden.

Uno de los comentarios más completos fue realizado por El Observador, bajo el título de El «efecto» cincuentones provocará una fuerte baja del déficit fiscal, que comienza señalando: “El rojo de las cuentas públicas se verá abatido en torno a 1 punto del PIB por los ingresos que recibirá el BPS de las AFAP por unos tres años”. Explica que “lo que juega a favor para el criterio contable del déficit fiscal son los recursos que las AFAP transfieren al BPS (actualmente casi US$ 700 millones), no así los que pasan del Banco de Seguros del Estado (BSE) al organismo de previsión social para aquellos jubilados que optaron por salir del régimen mixto para ingresar el sistema de reparto solidario”, y que el hecho aleja el riesgo de perder el Grado de Inversión, advertido por la calificadora Fitch al reducir la perspectiva de la deuda soberana uruguaya de estable a negativa.

La perspectiva de aumento del déficit fiscal era compartida por la mayoría de los analistas privados, señala El Observador, confirmando el “clamor” señalado por Caras y Caretas, que no era compartido por el ministro de Economía (no obstante su reiterativa “cautela fiscal”) ni por el presidente del Banco Central (que afirmaron una y otra vez que ese déficit era manejable), pese a que se había reconocido en la última Rendición de Cuentas que no se podría llegar a la meta de llevar el déficit a 2,5% del PIB a fin de 2019, sino a 2,9%, y que el 2,5% quedaba para 2020, en la nueva administración.

El Observador agrega que la ley “tendría un costo aproximado de US$ 2.500 millones para el Estado”. En este costo, que se hará efectivo a medida que los “cincuentones” comiencen a jubilarse (situación que seguramente se  postergará parcialmente por la aprobación de alguna medida relativa a la edad mínima de jubilación que es aguardada para el próximo gobierno, cualquiera sea el partido que gobierne), han insistido otros medios de prensa, aparentemente muy malhumorados por la mejora de situación fiscal del Uruguay. Así es la vida.

El Observador informó que “hasta el pasado 15 de noviembre, 11.701 personas optaron por salirse de las AFAP y pasar a aportar únicamente al Banco de Previsión Social (BPS) para luego cobrar  una jubilación única del organismo estatal. También hay unos 2.556 jubilados que ya eligieron pasar a cobrar una única prestación por el sistema solidario en el marco de la llamada ley de “cincuentones” vigente desde abril. (…) Este fideicomiso -que es administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)- quedó operativo el 8 de octubre. Hasta mediados de mes había recibido fondos por más de US$ 665 millones (…)”. Esto no implica que se hayan realizado la totalidad de los ingresos, o sea que la cifra del déficit fiscal debería bajar aún más en lo inmediato. Es una buena noticia y debería serlo para todos.

Es cierto que en el largo plazo se han contraído mayores compromisos, pero las cuentas públicas se miran como radiografías a determinada fecha.

Hoy el déficit fiscal es 2,9% del PIB, y sean bienvenidas todas las cautelas, pero no se debe invertir el sentido de los hechos.

Son tiempos electorales, y algunos políticos y muchos “analistas” juegan.

Pero la única verdad es la realidad.

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