El desafío de la doble inclusión

Muchos de estos programas son conocidos por el grueso de la población, aunque algunos aún no han tenido realmente suficiente difusión y representan un gran aporte a las políticas sociales y por ende a toda la sociedad.

Uruguay Trabaja es uno de los programas a cargo del área de Economía Social e Integración Laboral del Mides y quizás el más conocido debido al gran impacto que genera a nivel social y en cada uno de los departamentos de nuestro país. Este programa no es el único, es uno de los programas mediante los cuales el Mides contribuye al sistema de políticas públicas orientados a la doble inclusión social y laboral. «No hay inclusión laboral posible si la gente no se incluye socialmente generando redes y capacitación. Ese doble desafío de inclusión social y laboral nos obliga a tener una mirada integral, con la centralidad puesta en las personas», explicó Fodde.

Según la jerarca es necesario pensar la inclusión social como un concepto y práctica multidimensionales y en eso el Mides está articulando y trabajando junto a otros organismos públicos. «Las personas necesitan un trabajo digno y decente como vector principal de esa inclusión, pero también necesitan tener acceso sostenible a la educación, a la salud, al cuidado y a servicios básicos de infraestructura para poder incluirse socialmente». Repitiendo, en “eso está el Mides como gran desafío de las políticas”.

Esa doble inclusión a la que hace referencia la directora implica mejorar las condiciones económicas, sanitarias, sociales, culturales y medioambientales para lograr un mejor desarrollo socioeconómico de las personas.

Para poder cumplir este objetivo la Dinesil cuenta con una oferta programática orientada a contribuir con la reducción de las desigualdades. Esta oferta se divide en dos grandes áreas: una dedicada al trabajo protegido y/o promovido, y otra vinculada a la economía social y el cooperativismo. En esta instancia Mariela Fodde dio a conocer las diferentes políticas y programas, marcos normativos y metodologías de trabajo que se enmarcan dentro de este sistema de trabajo protegido o promovido.

Trabajo promovido

«La inclusión laboral es la llave maestra para la igualdad, el desarrollo personal y el crecimiento económico», aseguró Fodde parafraseando a Cepal. Por tal motivo, desde el Mides, y en particular desde la dirección de Economía Social y Laboral, se trabaja para que la mayor cantidad de personas en condiciones de exclusión y vulnerabilidad de derechos puedan acceder a políticas sociales vinculadas al trabajo decente. «Las herramientas para hacerlo posible son el acompañamiento social, la formación y la asistencia técnica y las prestaciones sociales», explicó la directora.

Se trabaja en dos niveles: políticas y programas. Según manifestó la jerarca es necesario trabajar el concepto de economía social desde las políticas sociales como estrategia para lograr la reducción de desigualdades. Sobre este punto, también destacó que los programas sociales que se impulsan constituyen un fuerte componente educativo y laboral abordado desde una perspectiva de economía social y a la vez desde una perspectiva de derechos. «Los asuntos de género y desigualdad, los derechos de las personas trans, afrodescendientes o aquellas personas con discapacidad, así como otros sectores vulnerados en sus derechos, son aspectos que han sido incluidos en los propios diseños de nuestros programas con el objetivo de reducir esta brecha de desigualdades de estas poblaciones que, además de las dificultades socioeconómicas, son atravesadas por otras desventajas».

«El eje estratégico de esta dirección es fortalecer las trayectorias sociolaborales de las personas que participan en estos programas. Esto se hace a través del trabajo protegido, que es un dispositivo de acompañamiento cotidiano», explicó.

De acuerdo a las palabras de Fodde, la oferta programática de la dirección está respaldada en el marco de 6 normas legales y responden en todos los casos al objetivo de la doble inclusión. Sobre este punto, mencionó la Ley de uso de envases no retornables, llamada de forma coloquial Ley de Envases Nº 17.849, Ley de Uruguay Trabaja Nº 18.240, Marco Regulatorio de Cooperativismo en Uruguay, capítulo Cooperativas Sociales Nº 18.407, Ley de Monotributo Social Mides N° 18.874, Programa de Primera Experiencia Laboral Nº 19.133, y la Ley de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, Nº 19.292.

Según cifras que aportó la directora, basadas en los informes periódicos que desarrolla la Dirección de Evaluación y Monitoreo, aproximadamente son 12.000 personas que participan anualmente de estos programas a nivel nacional, de los cuales algunos cuentan con algún tipo de proceso tendiente a la inserción laboral.

Uruguay Trabaja

El programa socio-educativo-laboral Uruguay Trabaja (Ley Nº 18.240) le dio la oportunidad de ingresar al universo del trabajo protegido a más de 30.000 personas desde que se creó. Este año 3.000 personas participarán de este programa en todo el país. «No podríamos hablar de generación de empleo porque se trata de experiencias protegidas que duran 8 meses, pero sí podemos decir que constituyen un gran valor y oportunidad para las personas que lo transitan. Estas personas egresan de una forma diferente a la que ingresaron. El programa trabaja enfocándose no sólo en la prestación y en lo educativo, sino también en la inserción laboral en el sector privado. Para ello los técnicos de inserción laboral acompañan a cada una de las personas en su trayecto o itinerario de inserción”, valoró la directora.

Este programa incluye un componente de tareas de valor público. Les da la posibilidad a quienes participan de trabajar, por ejemplo, haciendo tareas de índole comunitaria, que significa mejoras edilicias en distintos organismos públicos, por ejemplo, escuelas y hospitales. «La filosofía que asume la metodología del programa es la de aprender en el hacer, la de la alternancia», agregó. Para desempeñarse en este tipo de tareas cuentan con el acompañamiento de personal calificado en el área.

La directora explicó que todos los años se visualizan, se detectan y se recogen las distintas necesidades que existen en el territorio a partir de cada organismo público. Con el objetivo de capacitar a las personas en esas áreas específicas, se apunta a que luego de 8 meses de experiencia las personas puedan desarrollar incluso su emprendimiento individual.

Para Fodde, otro aspecto relevante de estos programas es que promueven espacios donde sus participantes se puedan capacitar para futuros emprendimientos en diferentes rubros. «Hacemos un trabajo de detectar cuáles personas tienen capacidades emprendedoras y luego pueden egresar de ese programa integrando el apoyo y acompañamiento a emprendimientos productivos», contó.

La persona se vincula a otras redes que hacen posible una reinserción en el mundo real de otra manera. Se sienten incluidas y pares de cualquier otro trabajador o trabajadora aunque tengan menores ingresos», aseguró.

«Desde que surge el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, los 3.000 participantes se capacitan específicamente en un primer módulo que los acerca incluso a este novel sector ocupacional”, expresó. A modo de ejemplo, pueden incluso continuar su formación para luego prestar un servicio futuro de asistente personal, auxiliar de servicio, tisanería, entre otras cosas.

Para ello, la dirección nacional, a través de las organizaciones sociales, cuenta con convenio con la Escuela de Enfermería y existe un abanico de formación mediante la Universidad del Trabajo en convenio con la UTU, en el que la acreditación de saberes en distintos rubros hace posible que egresen con una certificación», destacó.

Uruguay Trabaja tiene requisitos estrictos para poder ingresar desde el punto de vista de las condiciones socioeconómicas de quienes se inscriben. Para participar de este programa el BPS debe constatar si están dentro de lo que son las franjas mínimas de los ingresos del hogar.

«Este año se inscribieron 44.000, de los cuales el 75% son mujeres, en su mayoría de 28 y 35 años. Esto significa que es un programa que se focaliza en el sector de desempleo de larga duración que quedó con menos oportunidades de trabajo: mujeres y jóvenes». Según sostuvo Fodde, datos aportados por Dinem reflejan que el 53,6% del total de inscriptos son jóvenes entre 18 y 29 años.

Asimismo destacó que en estos programas es clave que exista articulación institucional, ya que es necesario que, por ejemplo, las mujeres tengan resuelto el cuidado de sus hijos para poder asistir. «Este programa pretende dejar huella. La población de las localidades que reciben a los participantes reconoce el proceso que hacen las personas y lo que deja el programa en esa comunidad, en ese barrio, en ese hospital, en esa plaza», expresó.

Por otro lado, explicó que, según las mismas fuentes, aproximadamente el 20% corresponde a personas que han podido  insertarse laboralmente; «se trata de la inclusión social de personas que estaban sin ningún tipo de redes, y al transitar esta experiencia se vincularon a primaria así como a otras organizaciones».

Las inscripciones para Uruguay Trabaja se llevan a cabo en marzo, en mayo se realizan los sorteos, en junio comienzan los proyectos en cada localidad, en promedio tienen 8 meses de duración. Las personas que acceden al programa perciben un ingreso como prestación que en la actualidad asciende a $ 8.005, que equivalen a una jornada educativa y laboral de 6 horas. Cuentan con aportes al BPS y los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador. «En términos de ingreso, es una prestación como apoyo a la inserción laboral; hay que sumarle todos los otros componentes de capacitación: acceso a la salud, programa de salud bucal, inclusión financiera. Estamos hablando de un programa que tiene una gran inversión pública que realiza el Estado para contribuir con la reducción de las desigualdades para el logro de una inclusión social integral de la persona», enfatizó.

Primera experiencia laboral

Este programa (Ley 19.133) se ocupa de la primera experiencia laboral en organismos públicos, a través de la selección y acompañamiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica y vulneración de derechos. Este programa cuenta con un componente de acompañamiento social y apoyo a las trayectorias educativas, formativas y de trabajo. Se trata de orientarlos en los requisitos del cargo que asumen. Tienen posibilidades de realizar talleres de orientación laboral y capacitaciones profesionales específicas mediante Inefop.

Anualmente participan 250 jóvenes de esta experiencia. «Es interesante señalar que estos jóvenes cumplen tareas en diferentes sectores de actividad, que tienen que ver con servicios, logística, administración. También se están incorporando otros actores, como el Sodre, en tanto experiencia innovadora, incluyendo a jóvenes en la recepción y acomodadores de salas de teatro. Hace tiempo atrás era impensable que estos jóvenes de contexto accedieran a este tipo de experiencias laborales. El objetivo es fortalecer las trayectorias para generar inclusión también desde distintos tipos de trabajo y no sólo en servicios de limpieza o de baja calificación”, manifestó.

Uruguay Clasifica

Este programa (Ley 17.849) está respaldado en la Ley de Envases y tiene como cometido capacitar y acompañar la inclusión social y laboral de las personas que se dedican a la clasificación de residuos. «Tenemos una población que vive de clasificar residuos y el objetivo de este programa tiene que ver con contribuir a dignificar la tarea del clasificador o clasificadora y a la vez fortalecer esa trayectoria mediante capacitaciones». Fodde explicó que el dignificar este trabajo implica no sólo una inversión en maquinaria y materiales para minimizar los riesgos en la salud de quienes realizan la tarea, sino también la capacitación permanente y la finalización de ciclos educativos. «De esta manera, se incrementa no sólo la producción de lo que hacían de forma artesanal y con riesgos laborales y de salud, sino que también se atienden asuntos educativos, formativos y laborales», remarcó.

Del trabajo protegido a la autonomía

«Sabemos que en la última década Uruguay ha avanzado sustancialmente en materia de creación, formalización y mejoras en las condiciones de trabajo, pero es necesario seguir
avanzando en una cultura de solidaridad económica, de redistribución y participación efectiva en ámbitos innovadores», reconoció la directora.

En tal sentido, Fodde explicó que desde el ministerio se busca que cada persona tenga la oportunidad de conocer sus habilidades, las pueda desarrollar y llevar adelante de manera creativa para generar bienestar no solamente personal, sino colectivo.

Es importante remarcar que estos programas con las prestaciones mencionadas tienen límite, no pretenden acompañar a las personas durante toda la vida. La idea es aportar habilidades y herramientas para que las mismas sean capaces de «dar el salto a la autonomía, en particular la autonomía económica de las mujeres”. Según afirmó la jerarca, más de la mitad de  participantes de estos programas son mujeres.
Es así que un segundo capítulo de esta historia es acompañar los procesos de aquellas personas que transitan la experiencia de trabajo protegido para pasar a otro tipo de modelos que generen autonomía laboral y mejora de ingresos como, por ejemplo, las cooperativas. «Al conformar cooperativas están dispuestos para asociarse y ser en sus propios procesos dueños y protagonistas de su trabajo», afirmó Fodde.

Para esta etapa la Dinesil también cuenta con programas como Cooperativas Sociales, Emprendimientos Productivos, Redes y Ruralidad y FOCO, fortalecimiento a las capacidades. A la vez cuenta con una marca de certificación social, denominada ProVas, procesos con valor social y con instrumentos legales como el Monotributo Social Mides. A modo de ejemplo, actualmente existen 478 cooperativas sociales que generan 6.500 puestos de trabajo firmes. «Estos son grandes ejemplos del trabajo como gran estructurador de las personas», concluyó.