El desenlace catalán

Tras tres meses de negociaciones, con un trasfondo político marcado por delicados equilibrios de fuerzas, Cataluña tiene nuevo presidente de la Generalidad para los próximos 18 meses: el ex alcalde de Girona por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Carles Puigdemont. Su investidura tuvo lugar casi sobre la hora, el domingo 10, tras el acuerdo logrado entre la coalición derechista que integra dicho partido, Juntos por el Sí, liderada hasta el sábado por Artur Mas, y la formación izquierdista, pretendidamente anticapitalista, Candidatura de Unidad Popular (CUP). Ambas formaciones se sitúan en polos (casi) opuestos del espectro político, pero las une el mismo sentimiento nacionalista, hoy hegemonizado por la burguesía catalana.

Antecedentes

Las elecciones al Parlamento de Cataluña que tuvieron lugar el 27 de setiembre dibujaron un mapa político un tanto delicado, en el que los partidos españolistas sumaron 48,05% del apoyo, y los catalanistas 47,21%. En su traducción a escaños, debido al sistema proporcional que rige el proceso electoral español, el nacionalismo catalán quedó representado en el parlamento por 72 asientos (62 correspondientes a la coalición Juntos por el Sí y 10 a la CUP), de un total de 135. Debido a esta coyuntura, la formación de un gobierno nacionalista en la comunidad autónoma, decidido a impulsar un proceso secesionista, dependía de la decisión que tomasen los cerca de tres mil militantes anticapitalistas en las diferentes asambleas que celebró la CUP, acerca de si investir o no como presidente de la Generalidad al candidato propuesto por Juntos por el Sí, Artur Mas.

La negativa a votar como presidente a un miembro de la burguesía catalana como Mas, heredero en CDC del oligarca manifiestamente corrupto Jordi Pujol, fue desde el principio una línea roja que la CUP no estaba dispuesta a cruzar. Sin embargo, la sucesión de acontecimientos hizo que la formación pasase de su tajante “no a Mas” a un complejo debate en su seno que el 27 de diciembre se saldó con un empate exacto (a 1.515) entre militantes que abogaban por aprovechar esta oportunidad “única” de iniciar un proceso secesionista en Cataluña (incluso bajo el dominio de la derecha neoliberal) y los que se negaban a investir a un “miembro de la burguesía”, representante de las políticas de austeridad y recortes sociales a las clases trabajadoras catalanas.

Juntos por el sí había prometido ciertas concesiones sociales a la CUP para ganarse su apoyo. Entre ellas figuraba un “plan social de choque”, valorado en 270 millones de euros, y el freno de la escalada de privatizaciones que en los últimos años Convergencia y Unión (hoy CDC, integrada en la coalición Juntos por el Sí) viene implantando en la comunidad. Ante la negativa del grupo parlamentario izquierdista a dar su apoyo al candidato de la burguesía secesionista en la investidura, y el vencimiento del plazo constitucional para elegir presidente, que se cumplía este domingo (tras el cual se debía convocar nuevas elecciones en las que el independentismo bien podría perder la mayoría parlamentaria), el sábado 9 Juntos por el Sí decidió cambiar su candidato para que la CUP pudiese alinearse con ellos sin traspasar su línea roja. Esto finalmente fue aceptado por la formación izquierdista, no sin firmar un pacto con la coalición de derecha por el que limitan en gran medida su actuación futura en el Parlamento.

Un acuerdo espinoso

El acuerdo firmado entre ambas formaciones independentistas el sábado contempla cinco puntos clave. Según el primero, los diputados de la CUP en ningún caso podrán votar en el mismo sentido que los grupos españolistas en los procesos parlamentarios. En el segundo punto, la CUP se compromete a ceder los votos de dos de sus diputados, que votarán cada decisión en bloque, alineados con Juntos por el Sí. Esto hace que la coalición neoliberal disponga, en la práctica, de un diputado más que todos los partidos contrarios al proceso independentista (64 contra 63 en total) y que la CUP quede maniatada en aquellas votaciones en las que sus integrantes discrepen con la actuación del Ejecutivo catalán. Los integrantes de esta formación únicamente podrán, llegado ese caso, abstenerse. El tercer punto del acuerdo ya fue cumplido, en la medida en que obligaba a la formación izquierdista a investir en primera ronda al candidato que Juntos por el Sí propusiese tras la retirada de Artur Mas: en este caso, el miembro de CDC Carles Puigdemont.

Conforme al cuarto mandato del texto, la CUP se compromete a “reconocer errores en la beligerancia expresada hacia Juntos por el Sí” y a “reconstruir, a todos los efectos, la potencia discursiva y movilizadora de la etapa política que se inicia con este acuerdo, incluyendo la defensa activa de todos los agentes que la hacen posible”. En consonancia con esta adjudicación de culpa a la CUP, el quinto punto obliga a los diputados anticapitalistas que hayan incurrido en los mencionados “errores” en sus manifestaciones de rechazo a Mas y a la coalición derechista, a renunciar a su escaño en el parlamento catalán.

Tras la firma de este acuerdo, el diputado de la CUP Benet Salellas declaró: “Hemos enviado a Mas y al pujolismo a la papelera de la historia”. “Es un acuerdo positivo porque hace avanzar en la ruptura hacia la construcción de la república catalana y hace ejecutar la declaración de soberanía del 9 de noviembre2, añadió. El festejo de este sector de la CUP por haber derrocado a Artur Mas es criticado por amplios sectores de la izquierda española, que señalan que el nuevo candidato de Juntos por el sí representa los mismos valores neoliberales, racistas y afines a la OTAN que han predominado desde la transición hasta la actualidad en la política catalana, desde Jordi Pujol a Artur Mas.

En este sentido, cabe recordar que en los últimos cinco años la Generalidad catalana, bajo la dirección de Convergencia y Unión (antecesor de CDC) ha recortado 1.310 millones de euros el presupuesto de salud de la comunidad. En 2012, los intereses de clase que compartían con la derecha españolista los llevaron a aprobar junto al Partido Popular en las Cortes españolas la reforma laboral que supuso la caída de los salarios y la precarización del empleo (o normalización de la explotación) en todo el país. Esto llevó a Cataluña a alcanzar uno de los coeficientes Gini (que mide el nivel de desigualdad de los territorios) más elevados de la Unión Europea (32,6).

Para muchos, la decisión de la CUP supone, además, una suerte de humillación de los militantes de la formación, y su subyugación a los grandes grupos de poder catalanes. Por otra parte, organizaciones integradas en la CUP, como la autoproclamada “marxista-leninista” Pueblo Libre (Poble Llure), afirmaban en noviembre que “no favorecer la ruptura independentista en el momento actual representa ponerse al costado del Estado español”. Con esto, los militantes izquierdistas favorables al pacto sitúan el eje opresivo de la nación española sobre la catalana en primer plano, en detrimento del eje opresivo de clase, de corte internacionalista. Los defensores del pacto, en un ejercicio de ordenamiento de prioridades, establecen la proclamación de una república catalana en primer lugar, y postergan para el futuro el cambio de régimen económico, ya que aseguran que “el movimiento independentista actual es un movimiento popular de fondo”.

Reacciones

El martes 12, el presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy, declaró que no se va a abrir ningún proceso constituyente en Cataluña ni se van a crear estructuras “ajenas a las del Estado”. También afirmó que a su gobierno no le va a faltar “ni firmeza ni determinación” para defender “la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, el cumplimiento de la ley y la convivencia democrática que ampara nuestro proyecto común”.

El 1 de diciembre, el Tribunal Constitucional español anuló la declaración de independencia que hace meses impulsó la Generalidad catalana. Conforme a esto, el gobierno en funciones del Partido Popular se reserva el derecho a aplicar el artículo 155 de la Constitución si el nuevo gobierno de la comunidad persiste en desobedecer lo estipulado por las autoridades españolas. Según este artículo, el gobierno central puede intervenir en las competencias de una comunidad autónoma, llegando a inhabilitar, e incluso a imputar a los cargos “rebeldes” del gobierno autonómico.

Sin embargo, tras mantener el martes una conversación con el monarca y jefe de Estado, Felipe VI, el mandatario español afirmó que descarta por el momento aplicar dicha medida, debido a las posibles revueltas en las que podría desembocar. Por el momento, la estrategia de Rajoy se limitará a iniciar las querellas que haga falta, en coordinación con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, contra los responsables del “desafío independentista”. En este plano, el lunes 11 Mariano Rajoy confirmó los apoyos tanto del PSOE como de Ciudadanos para emplear todos los instrumentos de que dispone el Estado de Derecho para la defensa de la unidad de España.

Por otra parte, para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, “ni el unilateralismo ni el inmovilismo aportan soluciones” y “el diálogo es la actitud más eficaz para solucionar los problemas”. Conforme a esto, Iglesias instó a Rajoy, mediante una conversación telefónica, a “tomar la iniciativa” y llamar por teléfono a Puigdemont. La postura de Podemos respecto del proceso catalán es la del derecho a decidir de su pueblo sobre su secesión como estado independiente. Conforme a esto, una de las condiciones que la formación de nueva izquierda impone al Partido Socialista Obrero Español para formar gobierno tras las elecciones nacionales es la de impulsar un referéndum en Cataluña para resolver el conflicto.

Esta postura fue defendida el martes por el que hasta entonces era el cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, quien, tras hacer efectiva su dimisión como diputado, declaró ante los medios de comunicación que “tiene que haber un referéndum, tenemos que saber si este 48% se convierte en 51%”, en referencia a los apoyos que tuvieron en el proceso electoral de setiembre.

Con esto termina lo que podríamos entender como una primera entrega de la “saga independentista catalana”, iniciada con las elecciones del 27 de setiembre. Los próximos movimientos de la Generalidad, dominada por las fuerzas afines a las grandes familias catalanas, cuyos intereses de clase chocan con sus homólogas españolistas, y las consiguientes respuestas del Ejecutivo español, representante de estas últimas, darán para sucesivas entregas, de cuyo final depende la reconfiguración de la Península Ibérica.