El Frente Amplio y el caso Ancap

En un año en cuyo transcurso se nos infligió, por parte de los dirigentes, a los frenteamplistas de a pie un nutrido puñado de situaciones decepcionantes, acaso la mayor haya sido la caótica y contradictoria defensa de Ancap ensayada por sus ministros y legisladores en la investigación parlamentaria.

Cuando la oposición empezó a plañir por el déficit de la empresa y a demandar una investigación parlamentaria en pos de delitos e irregularidades en su administración y en filas del gobierno aparecieron distintas figuras manifestando su proclividad a conceder esa investigación, creo que era imaginable que se trabara una tradicional y muy ilustrativa discusión sobre los roles y la utilidad de las empresas públicas uruguayas, esta vez afincada en la realidad y en los emprendimientos concretos de Ancap.

El Partido Nacional ha sido principal objetor de la gestión de la empresa estatal, fundándose en su déficit, y reconociendo incluso por su especialización pragmática en el tema el rol de portavoz casi oficial, y muy autorizado, al senador Álvaro Delgado. Su último candidato a la presidencia de la República, el también senador Lacalle Pou, ha abandonado tanto las piruetas físicas demostrativas de su juventud y estado atlético como el estilo verbal conciliador y unitario de “por la positiva”. Su dinamismo y su sentido de la estrategia no lo han dejado quieto y lo han llevado a constantes declaraciones contrarias la política económica del gobierno generalmente emitidas en los departamentos del litoral. Se diría que ha elegido esta región por su alta volatilidad electoral. En los últimos comicios, su partido arrebató al Frente la Intendencia de Artigas y el Frente le quitó dos tradicionales plazas fuertes, Paysandú y Río Negro, intensamente influidas por dos caudillos blancos, Larrañaga y Lafluf, que en el próximo enfrentamiento bien pueden ir por la revancha.

El Partido Nacional se ha abocado, pues, en los gobiernos departamentales, a una guerrilla por focos, localizados sobre todo, en el litoral del país y que ha consistido, sobre todo, en presuntas violaciones a las políticas de descentralización. Así, el intendente de Río Negro ha debido enfrentar una muy áspera resistencia por los nombramientos que efectuó con destino a la ciudad de Young; y el de Paysandú ha debido enfrentar muy considerables obstáculos, levantados especialmente por la alcaldesa de Guichón, para completar la plantilla de funcionarios encargados de gestionar las termas.

No se ha descuidado, por supuesto, a las demás intendencias frenteamplistas, pero las de Canelones y Rocha están muy sólidas y parecen inexpugnables, y en Montevideo la experiencia de la Concertación, con la irrupción del candidato no alineado Edgardo Novick, quien incitado por su llamativo éxito ha rehuido retirarse del escenario político y sentir y pensar lo que por él sientan y piensen los dirigentes blancos o colorados de siempre, ha debilitado su actividad partidaria. El acuerdo cerrado en el marco del Fondo Capital ha sido la última aleccionante experiencia. Se ha concentrado, entonces, en el litoral.

En cuanto a las cuestiones del país, la estrategia es aun más simple: la sempiterna crítica drástica de toda resolución económica del gobierno, sea por la cortedad de la asignación o reconocimiento de derechos, sea por las exigencias de pagos de tributos o tarifas. Se admite la crisis internacional, pero se reprocha el mal aprovechamiento del período de bonanza que se cursó por contracción de débitos innecesarios. En ese capítulo, se ha inscrito el déficit de Ancap que ha sometido al ente a una severa crisis financiera.

De este modo queda introducida en el debate, acaso para retomarla en el momento oportuno, la cuestión de los gastos e inversiones de las empresas públicas. No hay que olvidar que el último intento desembozado de privatización de las empresas públicas, aduciendo precisamente razones de economía, porque ellas serán siempre mejor gestionadas por los particulares, fue protagonizado por el también último gobierno del Partido Nacional, bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, padre del senador Lacalle Pou y recatado pero entusiasta adherente de su sector. Y ahora no habría mejor modo de dirimir la discusión, con la bofetada de los hechos, que invocar una desastrosa administración estatal de Ancap.

A los legisladores blancos habían llegado informaciones aisladas pero importantes que les indicaban que la administración del ente podía depararles una reserva de valiosos argumentos para desbaratar la imagen de eventuales adversarios en las próximas elecciones o para demostrar el desaprovechamiento de la bonanza internacional. Comenzaron a presionar para la instalación de una comisión parlamentaria investigadora y, apoyados por los partidos Colorado e Independiente, su presión se hizo cada vez más intensa. Como correspondía, la bancada frenteamplista se plegó a la inquietud, pero, a mi juicio, erró en el diseño de la defensa. El enfoque de la oposición era el típico de los partidos tradicionales; para valorar la administración de una empresa pública hay que estar a su evolución contable; si generó superávit y si se cayó en una baja generación de recursos para el fisco por un descontrol de los egresos. Así administraron sus empresas los gobiernos de Lacalle y de Batlle; así, descuidados estaban, cuando asumió el Frente.

A ese enfoque había que agregarle la interrelación que fue generando el ente con la realidad. Cómo se lo había levantado de la postración en la que estaba antes de que subiera el Frente Amplio al gobierno; qué cometidos había ido asumiendo; qué aportes había realizado a la producción nacional, al desarrollo económico y social de las diversas regiones del país, a la diversificación de la matriz energética, a la mejora del medio ambiente y a la creación o descubrimiento de nuevos recursos económicos. Había que trascender el plano de los números, ver el sentido de los asientos contables; vincular a los costos los beneficios. Este segundo enfoque esencial estuvo, sin duda, en las declaraciones de Kreimerman, Martínez y Sendic, pero no llegó al primer plano de los medios y poco o nada se hizo para emplazarlo en el centro de la opinión pública. No soy partidario de barrer para abajo de la alfombra, pero lo más desagradable de este incidente me ha parecido la forma poco unitaria con que la gente del Ministerio de Economía procuró y parece que consiguió eximirse de toda responsabilidad. Hoy se discute la posibilidad de que frenteamplistas hayan pasado información a los blancos ayudándolos a pulir o mejorar su planteamiento. Para hilar la conjetura no parece necesario imaginar encuentros sigilosos o clandestinos. Basta leer las declaraciones ante la comisión. Les dieron a los acusadores una articulación y una clave sustentadora de interpretación general de los hechos de la que carecían. Recibiéndolas, pudieron estructurar mucho mejor su relato.

Hoy parece que hemos llegado a un desenlace. Es deseable que sea aleccionante y que Ancap vuelva a ser, sin turbulencias, la principal empresa pública del país.