La formación de una coalición de gobierno que cuenta entre sus pilares con un partido político lleno de militares retirados y es liderado por un exjefe del Ejército ha provocado, en cierta forma, un desplazamiento sostenido del foco de atención a lo largo de todo el año. Los actos y dichos de los cabildantes -a cuál más extravagante, nostálgico y reaccionarios- han suscitado alarma, pronunciamientos políticos, tratamiento periodístico extenso y hasta cónclaves académicos. Sin embargo, conviene tener presente que el gobierno multicolor no lo conduce Manini Ríos ni una JUP rediviva, sino el presidente Luis Lacalle Pou y su gabinete, especialmente su equipo económico, y debe recaer sobre él la responsabilidad fundamental de todos los actos de gobierno, buenos o dañinos.
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Tal vez Cabildo Abierto es una amenaza que pende sobre el sistema democrático o, por lo menos, un colectivo que gusta de la provocación constante y exhibe una forma prepotente de desviar la atención, pero no tiene la sartén por el mango y, hasta el momento, no se le puede adjudicar ninguna de las medidas de gobierno más decididamente regresivas que se han llevado adelante. Cabildo Abierto no redactó la Ley de Urgente Consideración ni la Ley de Presupuesto. Las carteras que dirige están siendo tan ajustadas como las otras y más allá de la fauna de nostálgicos de la que hace gala, que igual reivindican la dictadura, hacen publicaciones anticomunistas con lenguaje de la Guerra Fría y ostentan un desprecio singular por los derechos humanos, no son más de derecha que el resto de la derecha.
Este punto, en mi opinión, es central: ¿qué define a la derecha política? ¿Es acaso un asunto de discurso o de impronta? Porque Lacalle Pou no habla con tono marcial en el dialecto de un comunicado número uno de las fuerzas conjuntas, pero no falla nunca en el objetivo de los intereses que representa: ajusta el salario de los trabajadores, reduce el presupuesto de las políticas públicas, aumenta los impuestos que proporcionalmente afectan más a los pobres y le quita carga a los ricos, promueve el gatillo fácil y medidas represivas contra jóvenes, pobres, militantes, se opone a gravar a los más ricos, no vuelca dinero a atender la emergencia social, favorece en todo lo que pueda a los privados en detrimento de lo público, se alinea con Donald Trump, intenta privatizar las empresas públicas, quiere liquidar cualquier legado, ya no del Frente Amplio, sino del batllismo, y tiene a todo su gabinete más cercano inmerso en la realización de auditorías para perseguir a las anteriores autoridades.
Esto que hace Lacalle Pou es exactamente lo que define a la derecha. El resto es hojarasca. Es posible que para algunos académicos o analistas ingenuos, que sucumbieron a la teoría de los dos demonios, este partido “militar”, y sus inefables exponentes, sea más peligroso que la derecha tradicional porque claramente no tiene convicciones democráticas. Pero eso solo se puede sostener cuando no se comprende que la jauría de homicidas que regenteó este país durante la dictadura fue, antes que nada, un instrumento de los sectores económicos dominantes, en el marco de una estrategia que ni siquiera se definió acá, azuzados y encubiertos por los medios de comunicación hegemónicos. Es muy importante tomar conciencia de esta confluencia porque sin autorización de la embajada, el visto bueno del poder político real y los poderes económicos, la resurrecta JUP se queda en carteles amenazantes o, cuando mucho, en alguna escaramuza de mentes perturbadas.
Cierto es que no hay que perder de vista las señales amenazantes porque no hay que subestimar el poder destructivo del odio, pero en esta etapa de la restauración es completamente imprescindible concentrarse en el verdadero látigo que nos golpea, que no es un símbolo de otra época ni una rémora que atrasa, es la política económica y social que lleva adelante la coalición en su totalidad, prácticamente sin fisuras ni deserciones, salvando la excepción de algún legislador en algunas contadas circunstancias.
Es el gobierno de Lacalle Pou el que se propuso recortar en los comedores escolares. Es el gobierno de Lacalle Pou el que paró las relocalizaciones de asentamientos. Es el gobierno de Lacalle Pou el que concentra el ajuste presupuestal en la educación, la salud y la vivienda. No es el supuesto partido militar. Por lo menos no lo es exclusivamente ni principalmente. Es Lacalle Pou, su gabinete, su bancada parlamentaria multicolor y su base social de estancieros y grandes empresarios. Ahí radica el poder, ahí reside la responsabilidad sobre lo que ocurre y sobre lo que ocurrirá en los próximos años.
Para el gobierno de Lacalle Pou, Manini Ríos y su movimiento artiguista funcional a los ricos cumple en este momento una doble función: aporta votos imprescindibles para la mayoría parlamentaria y funciona como chivo expiatorio o formidable distractor de masas. No se avizoran en este momento condiciones objetivas ni subjetivas para un avance del fascismo institucional, aunque ha permeado en una parte de la población una prédica peligrosa de aversión y rencor contra todos los valores de la izquierda, pero hay muchos movimientos de ultraderecha instalados en el mundo y en la región que deben preocuparnos verdaderamente porque todo lo que sucede en el planeta y en el barrio tiene necesariamente un correlato dentro de nuestras fronteras.
Ahora bien, la posibilidad de una ofensiva real de una derecha autoritaria en nuestro país no depende de la existencia de grupos nostálgicos, sino de la anuencia y el concierto de los grupos económicos, los medios de comunicación, una buena parte del sistema político tradicional de la derecha y, por cierto, la habilitación de Estados Unidos. En este momento de la historia todos esos factores determinantes están alineados con el gobierno de Lacalle Pou y el conglomerado neoliberal que lidera. En sus acciones, en el programa explícito de ajuste y en el programa implícito de redistribución regresiva de la riqueza que lleva adelante, hay que poner el foco, el debate, la militancia y la resistencia.