El lobo de Montevideo

Jordan Belfort ganó más de 100 millones de dólares antes de cumplir los 30 años. Ambicioso, inteligente y obsesivo, el joven corredor de bolsa –criado en una familia de clase media– montó un negocio millonario en el seno de Wall Street, el centro financiero de Nueva York (Estados Unidos). Su empresa, Stratton Oakmont, fundada a fines de la década de 1980, facturaba cientos de miles de dólares por minuto. Su negocio se montó sobre una verdadera estafa: vendía acciones basura que no cotizaban en el mercado.

Los inversionistas eran personas de clase media o media-baja que, engañados por Belfort y sus socios, invertían todos sus ahorros en acciones sin ningún valor. Stratton Oakmont obtenía una comisión de 50%. Fue apenas el comienzo. Belfort fue apodado “el lobo de Wall Street” luego de que se la revista Forbes titulara de esa forma un artículo sobre el caso. A mediados de la década de 1990, Belfort fue procesado por estafa y por desviar unos 20 millones de dólares a cuentas secretas en un banco suizo. Estuvo 22 meses en prisión, ya que firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades a cambio de información para imputar a sus socios.

Casi 30 años después, y salvando las distancias con la historia de Belfort, Cristian, un joven de 23 años, montó un intrincado esquema de empresas fantasmas, intermediación lucrativa en el sistema de salud y cobro de subsidios por desempleo, mediante el cual estafó al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Banco de Previsión de Social (BPS).

Cristian estaba preso desde fines de enero de 2017 por haber intentado estafar a un banco por 10.000 dólares. Según informó Subrayado, el joven efectuó un giro falso a su novia, mediante un pago electrónico, con una tarjeta prepaga. Concurrió a un cajero automático y efectuó el depósito en una cuenta corriente, pero el sobre no tenía dinero en su interior. El dinero fue acreditado en la cuenta de su novia, que retiró el dinero antes de que el banco pudiera confirmar la maniobra. Un funcionario la detectó horas después, al abrir el sobre vacío. Cristian fue detenido y procesado. En la indagatoria se constató que llevó a cabo maniobras similares contra tres instituciones bancarias y que ya tenía varios antecedentes por estafa, incluso siendo menor de edad.

En ese momento, la Justicia y la Policía investigaban una maniobra contra el Fonasa y el BPS, ante la denuncia presentada por un particular. Cristian fue indagado por este hecho y confesó abiertamente, por lo que la jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, dispuso su procesamiento con prisión por reiterados delitos de estafa. Durante años, había vulnerado el sistema de control estatal, y facturó mucho dinero.

La maniobra

“La mayoría [de sus víctimas] era gente humilde y de trabajo. Si ellos supieran que se trataba de un ilícito el 80% se negaban. Seguramente era por necesidad”. Ante la jueza Staricco y la fiscal Mónica Ferrero, el joven estafador confesó la maniobra y brindó detalles de su ejecución. Afirmó que comenzó en 2011 y que implicaba el reclutamiento de personas “de los barrios más humildes o de asentamientos”, a las que anotaba en la planilla de trabajadores de un conjunto de “empresas fantasmas”.

Estas personas –que nunca trabajaron para las empresas en las que fueron inscriptas– eran afiliadas a una mutualista por un promotor, es decir, una de las personas encargadas de reclutar afiliados para las instituciones de salud. Por cada una de las personas afiliadas, el promotor y Cristian cobraban entre 1.500 pesos y 3.500 pesos que abonaba la mutualista. Posteriormente, la persona era dada de baja de la empresa, pero la mutualista seguía cobrando la cápita que abonaba el Fonasa durante algunos meses.

“Los beneficiarios en algunos casos cobraron 500 pesos, manifestando que dos hombres y una mujer concurrieron al barrio, y afiliaban gente al Fonasa, ellos entregaban la cédula de identidad”, según señala el auto de procesamiento de la jueza Staricco, al que accedió Caras y Caretas. Cristian no realizaba esta tarea solo, sino que otras dos personas a las que conocía colaboraban con él en la confección del listado de nuevos afiliados a las mutualistas.

Declaró ante la Justicia que registró en el BPS unas 80 empresas unipersonales que giraban en el rubro del servicio doméstico y nunca tuvieron actividad real. Las empresas eran abiertas y cerradas en un período de entre uno y seis meses, de forma de evitar controles del BPS y poder continuar con la operativa sin ser detectados. Según informó Subrayado, la maniobra fraudulenta se extendió durante unos seis años. Ante la Justicia, Cristian afirmó que afilió a unas 700 personas y que llegó a recaudar unos 60.000 dólares en un solo mes.

Asimismo, la Justicia dispuso el procesamiento de otras cuatro personas, partícipes de la maniobra ilegal. Se trata de personas que facilitaban la operativa. Algunos de ellos eran titulares de las empresas, con empleados a su cargo. Estas personas también eran incorporadas en forma ilícita a la mutualista por medio del Fonasa e, incluso, llegaron a beneficiarse del cobro de un seguro de desempleo del BPS.

En tanto, la jueza Staricco libró una orden de captura contra J.I., promotor de una mutualista, por su participación en la maniobra de afiliaciones ilícitas; será indagado por estafa y por intermediación lucrativa. Por este caso, la Justicia interrogó a una treintena de personas, incluidas varias de las personas reclutadas por los estafadores para afiliarlas a mutualistas. La fiscal Ferrero decidió no formular imputación contra ninguna de ellas, ya que “han demostrado no tener intención alguna de cometer un ilícito, siendo convencidos además por el indagado de que era un trámite normal”.

Hasta el fondo

La investigación judicial implicó la existencia de dos delitos conexos: la estafa al Fonasa y al BPS y la intermediación lucrativa en el sistema de salud. Esto último está prohibido por la Ley 18.131, que creó el Fonasa. Se trata de una práctica habitual de varias mutualistas, que implica el pago de dinero a las personas para que cambien de institución. De esta forma, las mutualistas se aseguran el cobro de la cápita que el Fonasa paga por cada afiliado. La norma establece sanciones para quien pague o prometa entregar dinero a los afiliados por cambiar de mutualista.

En este sentido, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, afirmó en conferencia de prensa que se irá “hasta el fondo” y “hasta las últimas consecuencias” en la investigación sobre presuntos ilícitos en la afiliación de usuarios del Fonasa. Además, recordó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) evalúa eliminar la figura del promotor y que se solicitó a las mutualistas que presenten los contratos con estas empresas, de forma de incrementar los controles. El objetivo del MSP –que ya presentó varias denuncias penales por intermediación lucrativa– apunta a que las instituciones de salud inviertan su dinero en mejorar la calidad asistencial y no en efectuar pagos para aumentar su masa de afiliados.

En tanto, el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, afirmó que el caso descubierto en las últimas horas permite visualizar ambos ilícitos, la estafa al Fonasa y la intermediación lucrativa. Sobre la primera maniobra, Echevarría explicó que el Fonasa paga a cada mutualista unos 50 dólares per cápita (la cifra está determinada por el sexo y la edad de la persona, entre otros componentes) y que las personas afiliadas en forma ilícita pudieran estar inscriptas por un período no mayor a tres meses, porque en caso de no registrarse aportes el BPS informa su baja de los registros. De esta forma, Echevarría calculó que el Fonasa podría haber sido afectado en unos 930.000 dólares anuales, según informó el diario El Observador.

Por su parte, la directora del BPS María del Rosario Oiz dijo a Subrayado que no existen registros ni ningún indicio de que funcionarios de ese organismo estén involucrados en esta maniobra. Además, explicó que no existen empresas que puedan estar cinco años registradas en el BPS sin efectuar las contribuciones de seguridad social que le correspondan, ya que todo el sistema está informatizado.

Más allá de esto, la Justicia apunta ahora a determinar la posible participación de otras personas en las maniobras ilícitas. Por este motivo, se dispuso la citación de promotores, administrativos y jerarcas de las mutualistas involucradas, así como de funcionarios del BPS. Además, solicitó a este organismo que informe si las 80 empresas creadas por los estafadores tienen empleados que hayan sido beneficiarios de los distintos subsidios que otorga el Estado. También ordenó a una mutualista que informe la nómina de empresas que realizan afiliaciones y la citación de las funcionarias que trabajan en el área de afiliaciones. De esta forma, la jueza procura determinar si existió una maniobra más grande contra el BPS y determinar otras responsabilidades por la intermediación lucrativa.