Por Víctor Carrato
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Desde hace varios años el presidente Piñera había sido advertido por diversos organismos internacionales, por si no lo sabía, que Chile es el país más desigual del mundo, donde el 99% de la población se reparte las migajas de la torta que se lleva apenas el uno por ciento.
El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -una organización intergubernamental que reúne a 34 países comprometidos con las economías de mercado- de 2017 toca dos temas ausentes del debate político y presidencial: la repartición de la torta y la protección a los más vulnerables (es la nación que menos gasta para proteger el empleo y a los desempleados).
Tras la dictadura de Augusto Pinochet y la sucesión de gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, junto con el poder intacto que sobrevive, Chile es confirmado como el país más desigual de la OCDE, el que tiene el índice de Gini más elevado. Primeros en desigualdad.
Machismo, clasismo y discriminación
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) avisó a mediados de 2017, con el libro Desiguales: orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, que “el machismo y el clasismo gatillan todo tipo de experiencias de menoscabo y discriminación”.
“Está en los tonos de piel, en la estatura y en los apellidos, en la geografía de las grandes ciudades y sus barrios estancos, en las amplias casas con vista al mar y en los parques perfectamente mantenidos, en las calles que se inundan, en los buses repletos y en los paraderos rotos”, señaló el estudio.
El país que suele tomarse como modelo en Latinoamérica, incluso por candidatos presidenciales y opinólogos vernáculos, tenía problemas que no nos contaron.
La estructura productiva, el sistema educativo, el rol del Estado, la concentración de la riqueza y el ingreso, la representación política y los patrones culturales que justifican o critican la desigualdad existente son “seis nudos” que determinarían la reproducción y transformación de la desigualdad socioeconómica en Chile.
Según el PNUD, ya en 2017, en Chile un 41 por ciento de los chilenos reconocían haber “experimentado en el último año [2016] alguna forma de malos tratos”. En tanto, un 43 por ciento de estas personas señalaron que se debe a su clase social y un 41 por ciento por ser mujer. Como otros causantes de discriminación se determinó su vestimenta (28%) y su trabajo u ocupación (27%).
La tercera parte del ingreso que genera la economía chilena lo capta el uno por ciento más rico de la población. En tanto, el 0,1 por ciento del segmento más rico, unas 10.000 personas, concentra el 19,5% del ingreso; mientras el 90% de los trabajadores de clase media alta asegura que su salario le alcanza bien para vivir, un 47% de los de clase baja afirma que apenas logra sobrevivir. “Para una enorme cantidad de trabajadores chilenos, el salario simplemente no es un soporte eficiente para salir adelante”, señaló el PNUD.
Un poco de historia
El “pecado original” en Chile, según los investigadores, es la asignación de tierras que se realizó en la colonia a españoles y sus descendientes blancos y dio origen a la clase alta chilena, y a una estructura social que dividió a la sociedad en patrones, empleados, inquilinos y peones con diferencias de recursos y poder muy significativas. La brecha de ingresos se ha mantenido bastante estable desde mediados del siglo XIX.
En 2015, la mitad de los trabajadores chilenos (empleados 32 horas semanales o más) tenían un sueldo que no le permitía mantener a una familia promedio sobre la línea de la pobreza (343.000 pesos ese año). Los más afectados eran los jóvenes de entre 18 y 25, las mujeres y las personas con educación escolar incompleta. Si la cifra de pobreza (11,7 %) no era más alta, era porque en la mayoría de los hogares más de una persona trabajaba.
Cerca del 70% de los trabajadores de sectores populares consideraba que ganaba menos o mucho menos de lo que merece. El 58% de los de clase media contestaba lo mismo y en promedio las personas aseguraban que los salarios de menores ingresos deberían aumentar en un 60% y las de los gerentes y políticos, bajar en 30 y 75%, respectivamente.
“Si el trabajo no aporta reconocimiento, resulta inefectivo como mecanismo de movilidad social, no constituye un espacio de aprendizaje y perfeccionamiento, no permite solventar las necesidades básicas y menos construir proyectos a largo plazo, como el financiamiento de la vivienda propia o la educación de los hijos, la inserción laboral pierde sentido”, añade el PNUD.
Desigualdad política y socioeconómica
La desigualdad política, entendida como las distintas capacidades de influir en las decisiones en ese ámbito, y la socioeconómica se refuerzan mutuamente, plantea el informe, que estudió a los ministros, diputados y senadores desde 1990 hasta mediados de 2016: estos cargos han estado dominados por un segmento pequeño de la población y, por ejemplo, el 50 y 60% de ellos se educaron en colegios particulares pagados (hoy menos del 8% de la matrícula nacional).
La propiedad del capital en Chile está mucho más concentrada que en la mayoría de los otros países. La concentración del capital en manos de los estratos más ricos es mucho mayor que la concentración de los ingresos declarados al Servicio de Impuestos Internos (SII) por estos grupos, dice otro informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal).
En Chile existen incentivos para que los propietarios de acciones de empresas retengan las utilidades y no paguen el impuesto a la renta que deben pagar como receptores de dichas utilidades cuando estas son repartidas. En el país trasandino, el impuesto a las ganancias de capital es igual a cero para las acciones de empresas compradas después de 2001.
El impuesto directo a las utilidades devengadas por las empresas es del 18,5%, mientras que el impuesto marginal a la renta de los contribuyentes de más altos ingresos es del 40%, lo que implica que los incentivos para postergar indefinidamente la distribución de utilidades (o para distribuir solo el 30% que la ley exige como mínimo) son muy significativos.
La participación en el ingreso total del país del 1% de los chilenos más ricos fue del casi el 20%.
Uruguay es el menos desigual
Uruguay, de acuerdo a las estimaciones de la Cepal en 2017, es el país que registra un menor porcentaje de pobreza, con un 2,7% de su población viviendo en esta condición, mientras que el gobierno uruguayo estimaba esta cifra en 7,9%.
Chile, con un 10,7% (frente al 8,6% de la medición oficial) es el segundo país con menor pobreza de la región. Una disminución que estuvo asociada al aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos.
La menor diferencia entre los ingresos extremos de la población en Uruguay respecto a la región se explica no solo porque a nivel local los más pobres concentran un mayor porcentaje del ingreso generado en el país, sino también porque los ricos concentran el menor porcentaje en comparación con el resto de los países. Son opciones que pueden definir el voto.