Conocer los mecanismos del Estado mientras se trata de preservar la vida

El partido FARC enfrenta el reto de sobrevivir en la legalidad en Colombia

Caras y Caretas conversó con Freddy Castro Victoria en su paso por el Uruguay; Castro es el asesor jurídico del partido FARC en Colombia y ha sido la persona encargada de acompañar a la exguerrilla, principlamente, en su proceso de inserción en la legalidad desde la perspectiva de la participación en las diferentes instancias del Estado.

El partido FARC enfrenta el reto de sobrevivir en la legalidad en Colombia

Por Germán Avila

Freddy, el gobierno de Iván Duque ha hecho énfasis a nivel internacional en que, salvo naturales dificultades de ajuste, el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 se está cumpliendo por parte del Estado; sin embargo, al Uruguay llega información sobre el asesinato de excombatientes y líderes sociales, ¿en qué estado se encuentra realmente el acuerdo en los territorios?

Hay un importante antecedente, y son los 53 años de lucha de las FARC como movimiento armado, y principalmente la búsqueda constante de la paz desde los primeros acercamientos con el gobierno en los años 80 con el proceso de paz de La Uribe y el fracaso del mismo; entonces, la paz ha sido siempre una bandera para esta organización. Cuando se llega al desarme en el 90 del M-19, se logra la construcción de la Constitución de 1991, con lo que se logró avanzar en modernizar una constitución que llevaba más de 100 años operando con un Estado que mantuvo un régimen de excepción sostenido por las fuerzas militares; por eso no fue necesario un golpe de Estado como los vividos en esta región de Latinoamérica, pero en el fondo respondió a los mismos intereses de las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica.

Debido a eso es que en Colombia se ha mantenido como una constante el problema de la distribución de la tierra, lo que ha estado en el centro de la reivindicación de las FARC como organización guerrillera durante sus 53 años de lucha, y aunque las FARC no participaron de ese proceso, porque no vieron las condiciones, se pensó que la Constitución del 91 iba a avanzar en superar esa gran dificultad. De eso han pasado casi 30 años y la concentración de la tierra en Colombia no solo no se democratizó, sino que se vivió un proceso de sobreconcentración sustentado en una fachada democrática, pero con un trasfondo militarista, que estimuló el liberalismo económico en detrimento de los campesinos excluidos.

En esa dirección operó el gobierno de Álvaro Uribe con el nombre de Seguridad Democrática, con una serie de políticas basadas en la violencia y que no fueron debidamente denunciadas por los organismos multilaterales e internacionales; se perdieron muchas vidas, mientras que el discurso político de las FARC fue desestimado y su accionar fue desprestigiado, señalándoles como una organización terrorista a nivel internacional, y eso quedó en el inconsciente colectivo.

Entonces, ahora que se ha firmado la paz en 2016, se inicia con el propósito de sacar adelante el acuerdo, fundamentalmente el primer punto que es justamente el de la posesión de la tierra, que es un punto angular; ahí se pactan 3.000.000 de hectáreas para distribuir en 15 años entre los campesinos sin tierra, y, pasado un año y medio del gobierno Duque, vemos un incumplimiento casi total del acuerdo, solo se han hecho algunas acciones aisladas, pero en este punto el avance implica el no cumplimiento del compromiso firmado para tres periodos gubernamentales; realmente este Gobierno no ha avanzado en más de un 15% de lo que debería haber avanzado.

¿Ven ustedes voluntad política por parte del Gobierno para la implementación?

No la vemos, lo que hay es una simulación. El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Duque no concibió el acuerdo como un aspecto central, sino como un aspecto general, y los puntos sectoriales del acuerdo no vienen integrados, obviamente para impedir que el impacto del acuerdo de paz se perciba de manera integral como una victoria social de la lucha política, y que llegue como acciones aisladas y decisiones de gobierno.

En el terreno electoral, los resultados son muy complejos: primero, el plebiscito que debía ratificar el acuerdo perdió en las urnas, por poco, pero perdió; luego, el presidente elegido por los colombianos fue Iván Duque, quien anunció como parte de su campaña el desmantelamiento de los acuerdos, ¿el apoyo a la implementación por parte de la población colombiana en la movilización se contrapone a los resultados electorales? O la población no está comprometida con la defensa del acuerdo.

Hoy un gran porcentaje de la población acompaña el proceso, eso se refleja en las movilizaciones que se han registrado en los últimos meses desde la del 21 de noviembre. Esto no tiene un antecedente en la historia de Colombia, no lo habíamos visto, pensamos que eso era de otros países, pero ahora vemos que uno de los puntos que está presente, porque la movilización continúa ahora el 21 de enero, desde diferentes sectores sociales es la defensa del proceso de paz; por eso veo con grata sorpresa que una juventud que estuvo lejos de la lucha política se exprese ahora. Por ahora son expresiones que se mantienen al margen de las expresiones partidarias, pero sabemos que toda lucha social tiene inevitablemente como punto de llegada la lucha política; entonces, la reconstrucción de ese tejido social debe arrojar un resultado político con miras a las elecciones del 2022.

Finalmente, ¿cuál es la perspectiva de la implementación del acuerdo en estos casi tres años que le faltan al Gobierno Duque?

No es fácil, porque esta oligarquía está actuando bajo la sombra de organizaciones armadas muy difusas, y el Estado no da señas de preocuparse por la defensa de la vida de los líderes y particularmente de los excombatientes de FARC, y eso es muy preocupante; por ejemplo, durante los cinco años de las negociaciones el Gobierno de Estados Unidos acompañó activamente el proceso de diálogo, pues ellos tenían optimismo en que, teniendo por fuera a las FARC como organización en defensa de los territorios, iban a poder ingresar a desarrollar su política de saqueo, como esos de los que hablaba Eduardo Galeano en su libro Las Venas Abiertas de América Latina. Ellos pensaron llegar a terminar de consolidar el modelo neoliberal como el que desarrollaron con anterioridad en Chile, pero no advirtieron que también se estaba construyendo una gran fuerza en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, en defensa de la vida y el medio ambiente, por lo que las políticas extractivistas se han enfrentado a comunidades organizadas que han evitado el saqueo y han defendido el acuerdo; esa es la razón de la ola de violencia que ha cobrado la vida de 700 líderes sociales en la última etapa, y la de 180 excombatientes.

Por eso vemos que lo que hay de regreso es una guerra que tiene expresiones muy marcadas en los territorios, una guerra que se presenta de diversas formas, por medio de lo que se han llamado las disidencias y otros grupos de narcotráfico muy organizados, pero también con un altísimo nivel de corrupción por parte de las fuerzas del Estado, pues no es posible explicar de otra forma por qué estos grupos pueden operar con tal libertad en territorios que tienen despliegues de 2.000, 4.000, 5.000 o 20.000 miembros del ejército y la policía combatiendo esos fenómenos.

Por esa razón pensamos que esta guerra política y esta guerra jurídica va a ser más difícil que la guerra militar; por eso es necesario tener claro que estamos haciendo uso de todos los mecanismos que tiene la democracia para garantizar la paz.

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