Caso 1. El muchacho lleva detenido 4 años. Está acusado de complicidad en la muerte de una persona en Canelones. La responsable fue detenida cuando era menor y ahora está libre. El expediente del muchacho “se perdió” en algún lugar. No tiene abogado y funciona uno de oficio. (El privado de libertad y su familia son pobres. Él es analfabeto). La pérdida del expediente fue constatada por un familiar, no por el abogado de oficio. Encontrado el expediente, esperan nuevos trámites. No tiene sentencia.
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Caso 2. El muchacho estaba en el Comcar. Módulo complicado. Mejoró su conducta y pidió -sus familiares pidieron- ser trasladado a Punta de Rieles. “El expediente se perdió”, le dijeron a los familiares. Finalmente se encontró y el muchacho -luego de más de dos años de iniciado el trámite- está en Punta de Rieles.
Según el comisionado penitenciario, los presos en Uruguay, en su mayoría, son jóvenes de entre 18 y 39 años, y pobres, provenientes de zonas marginales de las ciudades. Más del 90% de los presos provienen de familias de contexto crítico. Entre el 20% y 30% de los presos son analfabetos.
El año pasado, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que las normas y su aplicación conforman un sistema que castiga básicamente a los pobres. Y puso el ejemplo de los que robaron en los bancos Comercial y Montevideo.
Díaz aseguró a ese medio que el sistema penal es parcialmente selectivo y “los ricos no van presos”. “Eso quiere decir que las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes, entonces, es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es”, declaró.
En aquel momento, el diputado del Partido Colorado Ope Pasquet dijo a la diaria que las afirmaciones de Díaz son fuertes e injustas. “El Parlamento no legisla con criterio clasista. Lo que ocurre es que los delitos contra la propiedad, como los hurtos y las rapiñas, son muy comunes, los de cuello blanco son mucho más raros”.
Hace pocos días, quedó libre el principal acusado del contrabando de cocaína incautada en Alemania. Un narcotraficante. Otra: la Justicia no encontró que Carmela Sarthou, quien irresponsablemente fue a un casamiento con su coronavirus, haya violado cuarentena tras denuncias de sus vecinos que la veían salir de su apartamento en ese período.
Otra: una persona que estuvo en el casamiento -sabiendo que estaba circulando el virus a partir de aquel contacto- fue al Club de Golf a hacer gimnasia y nada pasó. Otro caso: a la mujer de San José que viajó por todos lados con coronavirus, las redes la escracharon por su pasado delictual. Es pobre.
Parece claro que, además, los presos no pueden pagar defensas -presos pobres- y, por tanto, no reciben un tratamiento justo de parte del sistema judicial.
Se me dirá: están los defensores de oficio. Los defensores de oficio me dicen: somos pocos.
Para concluir, otra perlita: la semana pasada la Justicia le dio nueve meses de prisión a un ladrón que robó una bicicleta en Maldonado.
Mientras tanto, los noticieros de televisión encontraron en el coronavirus el mejor pretexto para ensayar un esperado apagón de noticias relacionadas con la seguridad. (Recuerdo un móvil, hace tres años, presentando un robo de una garrafa de 13 kilos en Pajas Blancas. La información, difundida además en Twitter, fue seguida de varios tuits con el hashtag #RenunciaBonomi).
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