El problema de las armas de fuego en Uruguay

Uruguay es el noveno país del mundo que más armas de fuego por persona registra, y el primero dentro de América Latina. Según el informe 2015 del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), existe, en promedio, un arma registrada por cada dos hogares. El sistema de registro de armas uruguayo es de los pioneros del mundo y está asentado en un sistema de doble competencia entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Los primeros registros datan de 1944; desde entonces hasta hoy el Estado ha registrado un total de 604.678 armas de fuego, de las cuales alrededor de 45,5% se sabe que no están en manos de sus propietarios. Según informó el diario El País, en el año 2012 se registraron 343 muertes por arma de fuego en Uruguay, lo que supone una muerte cada 26 horas.

La calidad de este sistema de registro es una de las variables que explica que una nación que se ubica entre las que tienen las tasas más bajas de homicidios de Latinoamérica ascienda al primer puesto en lo que a tenencia de armas se refiere. Por otro lado, para el sociólogo Rafael Bayce “hay toda una glorificación de la masculinidad ligada a la cultura de las armas en Uruguay”. La glorificación del gaucho como tipo armado, así como del duelo criollo, operan en la cultura nacional haciendo que las armas sean vistas con más familiaridad que en otros lugares del mundo. Por otro lado, para Bayce, “Uruguay tiene una población que es miedosa, y en parte es miedosa porque es una estructura muy envejecida”. En diálogo con Caras y Caretas, el sociólogo explicó que “una población que se siente indefensa, perseguida y en peligro, aunque no lo esté, va a tender a armarse más que una que no lo sienta tanto”.

Hasta hace dos años, el Registro Nacional de Armas (RNA) estipulaba, en base a los dispositivos decomisados, que por cada arma registrada existía otra sin registrar. Sin embargo, según datos actualizados al pasado mes de noviembre, el ratio habría disminuido a tres registradas por cada una sin registrar (74,82 por ciento frente a 25,18 por ciento). Esto evidencia un importante progreso respecto al control que llevan las autoridades. Esto coincidió –según apuntó, en diálogo con Caras y Caretas el presidente de la Asociación de Lucha para el Desarme Civil (Aludec), Gustavo Guidobono– con el cambio del director de armas del Ejército, hace aproximadamente dos años.

Según el informe del Serpaj, seis de cada diez armas que fueron registradas en el país son cortas (revólveres o pistolas), y la mayoría se encuentran en el departamento de Montevideo, que es el que más armas registra tanto en números absolutos como proporcionales. Sin embargo, en los departamentos del litoral se registra una mayor cantidad de armas largas (escopetas y fusiles, sobre todo), empleadas fundamentalmente para actividades recreativas como la caza (con la excepción de Salto, en donde se observa paridad entre uno y otro tipo).

Datos provenientes de un censo realizado por el Observatorio de Impacto de Armas de Fuego –dependiente del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur)– sobre “Conocimiento, acceso y tenencia de armas de jóvenes recluidos en Centros de Privación de Libertad en Montevideo y Canelones”, del total de jóvenes que declaraban haber tenido acceso a un arma de fuego al menos en una oportunidad, una importante proporción indicaba haberse hecho del arma comprándosela a un funcionario policial. Ielsur también denuncia la diferencia existente entre el número de armas incautadas por la Policía en los registros del Registro Nacional de Armas del Ministerio de Defensa y el número total de armas que llegan a los depósitos del SMA-RNA (sustancialmente inferior).

Consecuencias de una población armada

Para Gustavo Guidobono, entre las consecuencias más importantes de la tenencia de armas están, evidentemente, las muertes que generan, ya sea por accidente, violencia o suicidio. Según explicó a Caras y Caretas, los datos recabados al respecto no son fieles a la verdad. “Una de las cosas en las que debemos trabajar es en mejorar los registros de muertos por arma de fuego en el país”, afirmó. “En el sistema público de salud, una persona que ingresa herida por arma de fuego tiene que ser notificada, en cambio en el sistema mutual no es obligatorio. Tenemos aproximadamente 75 por ciento de la población que está en el sistema mutual; si estas personas ingresan a las mutualistas como consecuencia de una herida de bala, el ministerio no tiene la posibilidad de ingresarlos en sus informes”, añadió.

Por otro lado, otra cantidad importante de muertes acaecidas como consecuencia del uso de arma de fuego que las instituciones no toman en cuenta se vincula a la dinámica de registro propia del régimen hospitalario. “Una persona que ingresó a CTI, cuando fallece, normalmente, queda registrada como fallecida por paro cardiorrespiratorio”. Así, en los partes médicos se tiende a registrar la muerte, pero no su causa. “Si esa muerte no se hace realidad en el momento del disparo y el herido pasa a un hospital, la muerte puede tener lugar, por ejemplo, por derrame cerebral”. Entonces, lo números finales manejados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública son distintos.

Una población armada no sólo influye en el aumento de la violencia y los homicidios en el país: las armas de fuego también ocupan el segundo lugar entre las formas elegidas para cometer suicidio, y precisamente Uruguay encabeza el ranking latinoamericano en la materia. Para el presidente de Aludec, el elevado número de muertos y heridos por arma de fuego aumenta el gasto en salud del país. “El costo de CTI es de aproximadamente unos 3.000 dólares por día. Con un promedio de tres días de CTI, tenés aproximadamente 10.000 dólares. Esto lo estamos pagando todos nosotros. Si uno toma la cantidad de gente que está ingresada por incidentes ocasionados por arma de fuego, da una cifra increíble”, aseguró.

Según el informe del Serpaj, “a nivel nacional, entre el 1° de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 se registraron un total de 834 eventos en en los que existieron heridos o lesionados por uso de arma de fuego”. La mayoría de los homicidios cometidos con arma de fuego se produce entre personas conocidas, afirmó el experto.

Guidobono, por su parte, explicó a Caras y Caretas que la mayoría de los que tiene armas registradas en su poder están lejos de estar habilitados para disponer de ellas, tanto a nivel psicotécnico como en lo relativo a la destreza y a la habilidad para el correcto uso del artefacto. Es que los trámites para obtener el permiso de tenencia en Uruguay son poco menos que “un chiste”, dijo. Según su propia experiencia, el proceso consiste en un análisis psicotécnico, un entrenamiento de tiro y la realización de un trámite en la Jefatura de Policía, en donde se emite, finalmente, el permiso. En esta gestión se pide el libro de antecedentes penales y un historial de ingresos que garantice la disposición de unos mínimos recursos económicos por parte del solicitante.

Guidobono critica especialmente el carácter “ridículo” de las pruebas a las que fue sometido cuando realizó el trámite, y la evaluación de corte individual que se hace de los sujetos. Para el presidente de Aludec, la evaluación tendría que realizarse sobre el conjunto de personas con acceso a esa arma. “Si yo llevo un arma a mi casa, los que tienen que estar entrenados somos yo mismo, que la pedí, mi mujer o mi pareja, más los chicos que están en la vuelta y que pueden llegar a tener contacto con el arma”. Tal y como funciona actualmente el sistema, “el arma queda permanentemente a disposición de los chicos, de los amigos de los chicos y a disposición mía, por si siento un ruido. Y la agarro [aun] cuando realmente no sé cómo tirarla”, añadió. “El Estado, con todos los requerimientos que pide, cumple con todo desde el punto de vista legal, pero el sistema en sí es el que no está funcionando bien. Estamos dejando armas en manos de gente que no debería tenerlas”, afirmó.

Hacia una política de desarme

Para el experto, no hay una política de desarme efectiva en Uruguay, debido a la falta de articulación en las acciones de tres actores básicos: gobierno, sociedad civil y medios de comunicación. Actualmente, “el gobierno está cumpliendo con mandatos de Naciones Unidas que lo obligan a implementar determinadas acciones, pero son acciones independientes y tímidas, porque no tienen plata”, y porque no se coordinan con los otros dos actores, necesarios para la correcta articulación de un proceso de este tipo.

Los medios de comunicación de masas a menudo dedican demasiados minutos a secciones como las noticias policiales, que, además, son tratadas con un marcado tono amarillista. Esto ayuda a generar el caos y aumentar la sensación de inseguridad que desemboca en la necesidad de tener armas. “No digo de ocultar esa información, pero sí tratarla con responsabilidad, porque ni tanto, ni tan poco. Si nosotros hoy tenemos que valorar la actividad de los medios de comunicación, lo hacemos afirmando que están usando estos temas para aumentar su rating, y no para concienciar”.

Por otra parte, Guidobono critica una legislación antigua que aún hoy opera habilitando a todos los parlamentarios a portar armas sin necesidad de realizar prueba alguna para obtener el permiso. En este aspecto el presidente de Aludec identifica un doble discurso, ya que en Uruguay “las leyes de prevención están hechas por hombres que, a su vez, gozan de excepciones para poseer armas”.

Ante esta situación, Aludec asumió metas más plausibles para su organización, y modificó su eslogan, de “Tenés un arma, tenés un problema, entregala”, a “Tenés un arma, tenés un problema, entrenate o entregala”.

“Inicialmente, nosotros nos embarcamos en una estrategia destinada a apostar a más, y nos dimos cuenta de que en esa apuesta ni la sociedad civil, ni el gobierno, ni los medios de comunicación reaccionaron”. Entonces la organización pasó a otra estrategia para evitar la tenencia de armas en manos de civiles que dispongan de ella por motivos de seguridad. “Si yo soy coleccionista, si yo quiero cazar o soy deportista, eso no es el problema. El problema es la tenencia de armas en manos de personas que, como entienden que están inseguras y que la Policía no les da la seguridad que precisan, se compran un arma para defenderse”.

En 2015 se destruyeron 2.543 armas y 433 armas fueron entregadas voluntariamente por ciudadanos.