El puerto está que arde

Trabajadores, empresas de logística, de navegación, de carga y descarga, armadores y despachantes, entre otros, cruzan sus conflictos y sus desacuerdos, que deben ser administrados por la autoridad portuaria, que actúa en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La presencia de una empresa belga, relevante desde el punto de vista internacional, con actividades muy diversas y con una fuerte presencia en Europa y, en particular, en su país de origen, podría ser una bendición para el puerto, por su experiencia y por la calidad de servicios que brinda.

Sin embargo, desde su polémica instalación, luego de haber ganado una prolongada y accidentada instancia competitiva, la presencia de Katoen Natie ha resultado incómoda para muchos actores, que la perciben como una empresa poderosa, algo prepotente y con vocación monopólica.

Algunos episodios muy polémicos han marcado la agenda portuaria en los últimos años. Tal vez el más notorio fue el propósito del ex director Fernando Puntigliano de abrir una instancia licitatoria para una nueva terminal de contenedores, que motivó el vehemente reclamo de Terminal Cuenca del Plata –cuyo principal accionista es Katoen Natie–, que consideraba que era, por contrato y por licitación, la única terminal especializada en la carga y descarga de contenedores, actividad para la que pagó un canon inicial y realizó inversiones multimillonarias.

Fracasada esta licitación, y con una causa abierta en tribunales internacionales, el uso de áreas públicas por la principal competidora de Katoen Natie –la empresa Montecon (64% propiedad de Shandy y 36% de Ultramar)– y los precios que ANP cobra a esta última por la utilización de los muelles públicos y las áreas y galpones para depósitos de contenedores también han sido motivo de reclamos.

A ellos se acaba de sumar la protesta porque Montecon construyó unas pasarelas en el muelle C y porque, según demostraría un relevamiento fotográfico aéreo realizado por TCP, la ANP estaría facturando a Montecon menos metros cuadrados de los que efectivamente usa. De ser así, se estarían cometiendo delitos que ameritarían una acción penal.

Lo cierto es que el puerto está que arde. La carta que el belga Fernand Huts, presidente de Katoen Natie, envió directamente a Tabaré Vázquez, encendió la alarma y profundizó la grieta entre los dos principales operadores portuarios y dejó a la ANP en medio de un fuego cruzado de acusaciones y con poco margen para mantener el equilibrio.

El número uno de la multinacional, que es actualmente uno de los principales prestadores de servicios portuarios a nivel mundial y concesionario de una extensa área en el gigantesco puerto de Amberes, levantó la voz de alerta con una encendida crítica contra la ANP, a la que acusa de favorecer a su principal competidora en el Puerto de Montevideo, permitiéndole sacar ventaja del muelle C sin haber pasado por una licitación.

Fernand Huts preside Terminal Cuenca del Plata, la única terminal especializada en contenedores que opera en el puerto de Montevideo desde 2001. Una empresa mixta, cuyos capitales corresponden a la multinacional belga Katoen Natie (80%) y a la ANP (20%).

En su larga presentación, el belga denuncia, aparentemente, con pruebas en la mano (que incluyen relevamientos aéreos fotográficos y mediciones técnicas contratadas a empresas especializadas) que Montecon ocupa áreas portuarias mayores que las que declara y por las que paga al Estado, y que incluso realizó construcciones en los espacios públicos sin la debida autorización, con la intención de explotar el área para prestar el servicio de frío a contenedores.

El conflicto es largo y de final abierto. En verdad, Katoen Natie es el actor más importante y el único que ganó su espacio físico y su relevancia en un proceso competitivo y mediante una fuerte inversión. Pero Montecon también es importante, eficaz y prolija en su trabajo. Hoy, Montecon es una verdadera opción para los armadores a la hora de elegir un operador portuario, y tiene un predominio sustantivo en las áreas públicas en las que opera fuertemente, desplazando incluso a operadores más pequeños que guardan, sin embargo, prudente silencio. Es más: algunos armadores prefieren los servicios de Montecon, sea por sus precios más bajos o por la calidad de sus servicios.

Pero las dos empresas hacen casi lo mismo; en verdad, no son lo mismo. TCP es una empresa con participación estatal con un área concesionada y con una función claramente establecida y Montecon es su principal competidor portuario, entre otras empresas menores que prestan servicios en el puerto.

La novela de las pasarelas ya había sido denunciada con anterioridad ante la ANP por TCP, lo que tuvo como consecuencia una resolución del directorio de la ANP que ordenó suspender los trabajos y constató que la autorización a Montecon había sido otorgada por el gerente general del puerto, quien no tenía facultades para concederla.

Para resolver la polémica, el directorio del organismo nacional de puertos frenó las obras y, con el voto de su presidente, Alberto Díaz, y del vicepresidente, Daniel Montiel, ordenó un llamado a licitación.

Además, luego de anunciar que analizaría la posibilidad de iniciar una investigación administrativa para estudiar el accionar de la Gerencia General, la ANP, por unanimidad de su directorio, resolvió despedir al gerente general, Néstor Fernández, quien, llamativamente, parece haber dado la autorización referida a Montecon sin consultar al directorio ni a su presidente.

Ni el parate a las obras de las pasarelas ni la destitución del gerente general parecen haber conformado a Katoen Natie, que denunció que el llamado a licitación estaba “hecho a medida” de Montecon, dado que la operadora de contenedores en los muelles públicos ya había empezado a construir, a fines de 2015, “pasarelas en elevación para la instalación de tomas eléctricas para contenedores refrigerados”.

Por lo tanto, a criterio de Katoen Natie, no alcanzaba con la revocación del permiso otorgado, puesto que al tener un avance de obras importante, Montecon pasaba a contar con mejores oportunidades en el llamado.

La mecha se había encendido en diciembre y amenazaba con explotar en los primeros meses de este año, ya que la empresa belga, al enterarse del permiso irregular que la Gerencia General del Puerto había concedido a Montecon para comenzar las obras, reclamó airadamente ante la ANP y anunció que estaba dispuesta a iniciar acciones legales para hacer valer sus derechos.

“Con este llamado lo que se está intentando es volver a favorecer a Montecon, que ya tiene las instalaciones hechas. Las pasarelas se encuentran ubicadas en el lugar, la instalación eléctrica también, y ha incumplido la orden de desmantelar lo realizado. Todo con el consentimiento de la ANP. Así es muy difícil competir”, sostuvo el gerente de Katoen Natie, Fernando Correa.

Si bien el conflicto por las áreas públicas del puerto ya lleva varios años, con instancias legales incluidas, esta vez la situación llegó muy lejos, porque se habían comenzado a ejecutar obras importantes sin la autorización correspondiente, por lo que no sólo correspondía que se paralizaran, sino que además debían ser removidas (y no simplemente acostadas, como hizo Montecon).

La participación inmediata del presidente Vázquez y del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, resultó determinante para evitar consecuencias más graves para el Estado.

Al volver las cosas a su estado anterior, la situación se invirtió, y esta vez fue Montecon la que salió públicamente a quejarse y a advertir sobre posibles acciones legales de compensación.

La empresa de capitales chilenos apuntó sus dardos directamente contra Katoen Natie, a la que acusó de pretender llevar adelante un monopolio portuario y evitar, “mediante amenazas”, la ejecución de obras en el puerto.

“El derecho a invertir y la obligación que tiene la ANP de permitirlo está expresamente laudado en la Ley de Puertos y sustentado por los principales juristas en la materia. Si se llegase al monopolio buscado por Katoen Natie, los usuarios no tendrían las opciones que hoy tienen y que tanto valoran, sino que quedarían cautivos de un solo prestador y serían tomadores forzados del servicio que éste decida prestar, quedándoles como única opción la de llevar sus barcos a otro puerto cercano”, indicó el gerente general de la empresa, Juan Olascoaga, en una entrevista a la revista Portfolio.

Por ello, Montecon exigió “definiciones urgentes” de la ANP y consideró que hay resoluciones que “se siguen dilatando”, como la posibilidad de que los privados inviertan y operen grúas pórtico en los muelles públicos para ofrecer la productividad que los armadores requieren.

Y volviendo a su clara alusión a Katoen Natie, afirmó que ninguna amenaza justifica la inacción, “ya que si no se actúa, los efectos serán mucho peores que los que traería la eventual concreción de esas amenazas”.

La “amenaza” a la que alude Olascoaga es la aparente decisión de Katoen Natie de recurrir reclamando que se reconozcan los derechos y obligaciones asumidos en el contrato de concesión firmado en 2001, amparados en los tratados de inversiones recíprocas entre Bélgica y Uruguay, e incluso en la posibilidad de presentar algunas de estas pruebas en los juzgados de crimen organizado en nuestro país.

Fernando Correa lo afirma claramente al decir que TCP «será muy enfática e irá hasta las últimas consecuencias en la defensa de los derechos que legítimamente adquirió a través de la concesión de la terminal especializada de contenedores que ganó en 2001, en la que, en conjunto con el Estado, se han invertido más de US$ 200 millones».

Montecon reclamó definiciones urgentes y la ANP respondió rápidamente, aumentando las tarifas de las áreas públicas y por el uso del muelle C.

La firma belga parece haber ganado otra vez, porque hace años reclamaba por este aumento, que deja en evidencia que tal vez fuera cierto que a Montecon se le cobraba poco, y mucho menos de lo necesario para amortizar las construcciones que estaba usufructuando.

El punto central de la queja de Katoen Natie alude a que Montecon viene, desde el año 2009, utilizado infraestructura pública de forma precaria sin tener ningún tipo de contrato, pese a que la Ley de Puertos y sus decretos establecen que los permisos para el usufructo de los espacios públicos en el Puerto de Montevideo “deben adjudicarse mediante proceso competitivo”.

La historia de este reclamo ya va camino a los siete años. El primer permiso concedido a Montecon en el Puerto de Montevideo, sin licitación, es del 3 de octubre de 2003. Fue renovado en noviembre de 2005, por 3 años. Luego, el 9 de marzo de 2009, se aprobó la prórroga por seis meses de la Resolución del 22 de octubre de 2008 y desde esta instancia hasta la fecha la ANP no ha licitado ni regularizado la utilización de las áreas públicas.

La última licitación para el uso de esos espacios se realizó en 2008 y fue anulada. En aquella oportunidad se licitaron tres áreas de almacenamiento de contenedores, y un año después se adjudicaron a las firmas Nelsury y Talfir, mientras que fueron desplazadas del llamado, por presuntas irregularidades, las firmas Adantir y Montecon.

La decisión obedeció a que los otros oferentes demostraron que Adantir pertenecía en realidad a Montecon, y una misma empresa no podía presentar dos ofertas. Por otra parte, Montecon presentó una tercera oferta, y argumentó que lo hizo “por error”.

El Tribunal de Cuentas recomendó entonces declarar desierto el llamado, y finalmente la ANP lo anuló, argumentando que habían cambiado las ecuaciones económicas.

Desde entonces no hubo un nuevo llamado para el uso de las áreas públicas. Por este motivo la empresa belga denuncia que Montecon las está utilizando sin contrato desde 2009, y pagando el ítem por tarifa de almacenaje, que es el rubro más barato del tarifario de ANP.

Los belgas rechazaron de plano, además, la acusación de que llevan adelante un monopolio, dado que TCP nunca superó el 65% del mercado, y que el mercado en el cual compite TCP es el mercado regional del trasbordo.

Los dardos de Katoen Natie apuntaron fuerte a Montecon y plantearon que antes de acusar debería primero aclarar algunos puntos: ¿por qué presentó dos ofertas en la última licitación, intentando engañar a todos, y por qué fue la única beneficiada con la decisión tomada por la ANP? ¿Por qué utilizó durante todo 2015 un depósito portuario pagando cientos de miles de dólares menos de los que ofertó? ¿Por qué presionó a la ANP para montar estructuras para contenedores refrigerados con el falso argumento de que eran desmontables? ¿Por qué se ha negado a cumplir con las resoluciones de ANP de desmontar lo que hizo en forma irregular? ¿Por qué le inició una demanda a la ANP? Y, ¿por qué utiliza más espacios de los que la ANP le cobra?

También se descalificó el reclamo de la empresa chilena por la utilización de grúas pórtico, que en la industria naval se utilizan para elevar los contenedores, ya que esto sólo está permitido, por contrato, a la única terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

En realidad, esto ya está laudado por la propia ANP. El año pasado, su presidente, Alberto Díaz, respondió al público reclamo de Montecon afirmando que «nuestra línea de acción de toda la vida, y no solamente desde que estamos en la presidencia, es que tener una grúa que queda asociada al muelle no puede darse como permiso, tiene que darse como concesión». De este modo, Díaz cerró un debate que llevaba años y que fue largamente reclamado por Montecon.

Sin embargo, hace pocos meses, el ministro Víctor Rossi dijo, en su esperada alocución en ADM, que en los muelles públicos también se instalarán las grúas pórtico, como lo pide Montecon.

El gobierno, no obstante, ha procurado mantenerse al margen de la disputa entre las dos empresas, que atribuye a naturales “tensiones económicas”.

Desde la ANP, Díaz consideró que el hecho de recibir críticas de ambos lados es una clara señal de la ecuanimidad del organismo.

Sin embargo, esto no es visto de la misma forma por Katoen Natie, y eso fue lo que motivó la carta que Fernand Huts escribió a Tabaré Vázquez, quejándose por la actitud “parcial” de la ANP. Por otra parte, Huts se habría retirado de la encuentro que mantuvo con Víctor Rossi diciendo que había sido su mejor reunión en mucho más de 10 años, e instando a sus gerentes a reunirse con los técnicos del MTOP para planificar futuras inversiones,

Esta semana se escribió un nuevo capítulo de esta historia de desencuentros que pone al Puerto de Montevideo en el ojo de la tormenta: se dio a conocer el pliego de licitación del servicio de frío para los muelles públicos por un período de un año, lo que para Katoen Natie no es sino una forma de “blanquear” una situación que, de hecho, ya se había dado por caminos informales.

La ANP trató de desligarse de esta situación planteando que el llamado es sólo por un año, porque a futuro el servicio de refrigeración de contenedores será brindado por un consorcio de capitales españoles y uruguayos. “El muelle C no es de una empresa, es un muelle público, y es un muelle multipropósito, con lo cual tampoco está asociado a una carga. Yo entiendo los conflictos que pueda haber entre empresas, pero ellas no se ponen en el lugar de la ANP. No estamos administrando dos muelles de contenedores, o una terminal de contenedores y un muelle público para contenedores: se está administrando muelles públicos y terminales especializadas, y nosotros necesitamos que se siga con el rol multipropósito”, explicó su titular.

Por su parte, el ministro de Transporte, que también quiere grúas pórtico en los muelles públicos, planteó que la estrategia del gobierno es tener muchos operadores dentro del puerto, en todos los rubros y modalidades de servicios. «Y si podemos incorporar más, vamos a hacer todo lo posible», agregó.

El jerarca resaltó la importancia que este año tendrá en la toma de decisiones que ayuden a potenciar la actividad portuaria para que sea más eficiente y productiva y se puedan mejorar rendimientos y tiempos. «Frecuentemente sucede que el óptimo resultado de cada uno de los actores no necesariamente coincide con el mejor resultado para el país, y nuestra responsabilidad es que el país tenga el mejor resultado posible, y que los actores tengan el mejor resultado posible en función del interés general», remarcó el ministro.

Sus palabras son la síntesis justa de lo que el presidente Vázquez pretende para dirimir este conflicto. Queda claro que no será nada simple mantener el equilibrio y que habrá que acostumbrarse a convivir por un tiempo con tensiones, navegando entre en aguas agitadas. Para eso deberá haber más transparencia en el puerto. Se debe garantizar a todos seguridad jurídica, se deberá exigir a quienes utilizan los servicios y las áreas estatales inversiones fuertes y precios justos, y se deberá garantizar condiciones adecuadas a los operadores menores para desempeñar sus servicios.