Comenzó la ronda de negociación salarial más grande desde que el sistema se utiliza en Uruguay y los sindicatos se movilizan para presentar sus demandas. En ese contexto, el Instituto Cuesta Duarte, organismo asesor del Pit-Cnt, dio a conocer un documento, titulado Trabajo y Salarios en Uruguay, en el que analiza el salario y su evolución, así como la reducción de la jornada de trabajo, políticas activas de empleo para sectores vulnerables, fondos sociales y sistema de cuidados.
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Señala el documento que, en Uruguay, cuando hay crecimiento económico, pero no hay negociación colectiva, los salarios no crecen. Esto pasó durante la dictadura y durante la década del 90; en estos períodos los salarios cayeron, se congelaron. “Por lo que al haber negociación colectiva y existir crecimiento económico, el resultado es que los salarios aumentan. Esto pasó en la década del 50, durante el primer gobierno de [Julio María] Sanguinetti y pasó durante el período 2005-2015”, señaló el economista Daniel Olesker.
Hace referencia a la importancia que adquiere el salario mínimo. “Históricamente el salario mínimo se desbordó, ya que llegó a perder 85% de su valor real al año 2004. La política de salario mínimo luego fue de crecimiento hasta 2013 y luego quedó más o menos estancada. Esto llevó a que la desigualdad salarial, la diferencia entre los salarios más altos y los salarios más bajos, bajara. Hay momentos, que llamamos períodos ‘pro salarios bajos’, que el aumento de los salarios más bajos es 25% por encima del promedio salarial. En esta segunda conclusión es muy importante que junto a la negociación colectiva se discuta el salario mínimo”.
Sostiene el documento que “el salario juega, por lo tanto, un rol protagónico en dos momentos del ciclo de la acumulación. Primero, en la transformación del capital dinero en mercancías como factor de producción; en segundo lugar, en la transformación de la mercancía en nuevo dinero, a través de su rol como consumidor. Y he aquí, en esta doble función del salario, una de las principales contradicciones del desarrollo capitalista”.
“Por su carácter dual, el salario genera intereses contrapuestos en su determinación”, subraya el documento. “Para el empresario dueño del capital, el salario representa un costo en el proceso productivo cuyo incremento se contrapone a la obtención de una mayor tasa de ganancia. Por el contrario, para el trabajador, en general, es el único o principal ingreso con el que cuenta para vivir”, agrega.
“Desde una perspectiva macroeconómica, el salario, y en términos generales la masa salarial, juega un rol protagónico en la economía”.
Indica seguidamente que “en una economía de mercado, en la que el acceso a la mayoría de los bienes y servicios se produce a partir de su compra en los mercados, los mayores o menores niveles de pobreza se explican en buena medida por los ingresos -o escasez de ingresos- con los que cuentan las personas y la diferencia entre estos explica los mayores o menores niveles de desigualdad”.
Más adelante, explica que “al analizar el salario, la variable relevante es la referida al poder de compra, es decir, a cuántos bienes y servicios se puede acceder. Por un lado está el salario nominal, lo que el trabajador percibe por su trabajo. Sin embargo, no necesariamente refleja el poder de compra del salario, ya que a lo largo del tiempo el salario nominal va perdiendo capacidad adquisitiva a medida que los precios de los bienes y servicios van aumentando. Para calcular la evolución del poder de compra del salario, se deflacta (la conversión de términos nominales en términos reales) el salario nominal por un índice de precios y así se obtiene el salario real”.
Desarrolla un relevamiento de la negociación colectiva y salarial desde la implementación de los Consejos de Salarios en 1943 hasta la actualidad. Recuerda que el proceso de desarrollo industrial que da nacimiento a los Consejos deja paso a una etapa de liberalización de la economía con la consiguiente congelación de precios y salarios de 1968. Reseñando la situación generada a partir de 2005 y la reinstalación de la negociación colectiva, indica el Instituto Cuesta Duarte: “En este período se asiste a un proceso de fuerte expansión de la economía y también a un importante crecimiento del salario real. El peso de la masa salarial en el ingreso nacional se incrementa hasta 2012 aproximadamente, año a partir del cual se estanca, pues el salario real empieza a crecer a tasas similares a las que crece el producto ante una escasa o nula expansión del empleo. La dispersión salarial en un principio aumenta por los retornos crecientes a la educación, pero más tarde se atenúa y disminuye como resultado de la agresiva política de aumentos del salario mínimo y de incrementos salariales diferenciales para los trabajadores de ingresos más sumergidos”.
Sin embargo, recuerda que a partir de 2015 “la economía se desacelera”. En este marco, “los lineamientos salariales que presenta el gobierno para la negociación colectiva se vuelven más restrictivos y comienzan a priorizar otros objetivos más allá del mejoramiento del poder de compra de los asalariados, que indudablemente había aumentado de manera importante en los últimos años. Así, los lineamientos con menores incrementos apuntan a controlar la inflación y a moderar el crecimiento del salario real acorde al crecimiento de la actividad económica”.
“No obstante, el salario real continúa creciendo (aunque mucho más moderadamente) y la masa salarial se mantiene aproximadamente en la misma proporción con respecto al ingreso nacional que en los años previos a la desaceleración”.
Concluye el Cuesta Duarte en que “parece haber una clara relación directa entre la determinación salarial a partir de la negociación colectiva tripartita y centralizada (por rama de actividad) y una trayectoria creciente del salario real promedio”. Por esta razón sostiene que la negociación colectiva tripartita “se revela como un esquema que conduce a un reparto más equitativo del crecimiento económico entre trabajadores y empresarios”. Agrega que el crecimiento del salario real depende “de manera fundamental” de la trayectoria de la actividad económica. Ilustra esta afirmación recordando que “en períodos prolongados de estancamiento (como sucedió desde fines de la década del 50 y por más de 15 años), estos mismos mecanismos de determinación salarial no pudieron generar condiciones para un crecimiento claro del salario real, pues las condiciones materiales se lo impiden”.
Dedica un capítulo el informe al Salario Mínimo Nacional (SMN) al que define “como un piso para el ingreso al mercado de laboral, definiendo un marco de protección para las categorías y trabajadores más vulnerables, y al mismo tiempo contribuye a la distribución de ingresos hacia los sectores de menor ingreso salarial, contribuyendo de esta manera en la reducción de la pobreza y la desigualdad”.
Reseña a continuación las características del SMN.
-Su impacto sobre la estructura salarial en general y en particular sobre el piso salarial de cada una de las ramas de actividad;
-su efecto en la pirámide salarial;
-su papel en el desempleo y la informalidad, entendida esta como el no registro a la seguridad social, en particular entre quienes buscan trabajo por primera vez y están menos calificados;
-su consecuencia sobre la pobreza y la distribución de ingresos salariales.
Desde la perspectiva del movimiento sindical se hace necesario tomar en cuenta para la determinación del salario mínimo que los salarios “son un factor decisivo en la redistribución de ingresos en la economía uruguaya; en cada una de las ramas de actividad son una herramienta importante sobre la que actuar para reducir las brechas salariales y, a partir de estas, las brechas de ingresos, y que la determinación del salario mínimo impacta de manera inmediata en la determinación de los salarios mínimos por rama de actividad.
Tras analizar la evolución histórica del SMN, concluye el documento que “luego de muchos años de inoperancia en el mercado laboral, a partir de 2004 el Salario Mínimo Nacional lentamente volvió a cumplir un rol de relevancia en el mercado laboral […] Así, el SMN se ha convertido en un factor importante en el proceso de determinación de los salarios más bajos y su piso es una referencia para los sectores de menor calificación”.
“No obstante, la determinación del SMN -que por ley compete al Poder Ejecutivo- sigue realizándose sin que el monto del mismo se vincule con ninguna canasta que refleje el nivel de vida al que puede acceder un hogar cuyos ingresos dependan del SMN”.
El Cuesta Duarte cuestiona la idea de vincular los salarios a la productividad, en particular los más sumergidos, ya que eso implicaría considerar que el actual nivel salarial es aceptable, lo que no es compartido por los sindicatos. Desde este punto de vista, entiende que “en un escenario estable en materia de empleo, un crecimiento de los salarios por encima de la productividad implicaría un incremento permanente de la participación de los trabajadores en el producto y, como resultado, una caída de la rentabilidad empresarial”. Por otra parte, “que la productividad crezca por encima de la evolución del salario real en el largo plazo indicaría una distribución regresiva del ingreso nacional, desfavoreciendo constantemente a los trabajadores”.
No obstante, observa el instituto que “es poco frecuente la vinculación de la evolución del salario real con la productividad. Esto se puede observar tanto en la práctica, al analizar los distintos convenios, como en lo discursivo, cuando se discute más salario-empleo o salario-competitividad que salario-productividad”.
La falta de indicadores de desempeño en la negociación se interrelaciona, para el Pit-Cnt, “con la escasa disponibilidad de contar con indicadores públicos que reflejen la realidad de cada sector, como la casi nula disponibilidad de las empresas a revelar información de las mismas, para mantener reserva entre otras cosas sobre rentabilidades y ganancias”.
Indica el estudio que la productividad en los ajustes salariales tiene otros factores más de corte conceptual que “es preciso tener presente al momento de considerar su incorporación”. Un primer aspecto, “bastante obvio” para la central, es que la productividad del trabajo “es variable o fluctuante”, lo que “genera una limitación, ya que esto conduciría a que los salarios pudieran aumentar o disminuir en función de la evolución de la productividad”.
Un segundo factor es que la productividad “no depende exclusivamente del trabajo, ya que existe un número importante de otros aspectos que afectan su evolución”. Otros dos aspectos, vinculados entre sí, tienen que ver con la concepción del salario y los efectos distributivos que esto implica. En primer término, el salario es el ingreso de los trabajadores. Para la gran mayoría, es el único ingreso con el que cuentan para vivir, considerando además el importante número trabajadores que percibe aún salarios sumergidos en nuestro país, pasar a vincular el crecimiento del salario únicamente a la productividad, implica convalidar que los niveles actuales son buenos, considerarlos aceptables y decorosos, y que de ahora en más, los mismos crezcan en términos reales solamente en función de la productividad sectorial”.
En segundo término -y vinculado a lo anterior-, el crecimiento de los salarios a la par de la productividad a nivel macroeconómico “implica convalidar también el actual peso de la masa salarial en el producto y, por tanto, la distribución capital-trabajo actualmente existente, es decir, aceptar que el actual reparto de la ‘torta’ es justo y está bien”.
Más adelante, el documento se introduce en el análisis de los vínculos entre el salario y la competitividad, y señala que un estudio que “apunta a analizar el salario en todas sus aristas” sería “miope” si no tuviera en cuenta el concepto de salario como costo de producción. “Incorporar la mirada del salario como costo de producción de las empresas conduce inexorablemente a analizar el impacto de la evolución salarial en la competitividad”, subraya. No obstante, “esta última afirmación puede tener resultados positivos a corto plazo, pero a mediano pueden contener resultados nocivos para la economía”. Para el instituto hay dos tipos de competitividad: una asociada con la caída de las ventas, el aumento de la capacidad ociosa, la explotación de recursos naturales abundantes, el aprovechamiento de mano de obra barata o el manejo del tipo de cambio. Otra, estructural, que se sustenta “en la capacidad de una economía para avanzar en su eficiencia y calidad, para diferenciar productos, incorporar innovaciones tecnológicas, mejorar la organización empresarial y los encadenamientos más relevantes de factores que trascienden la política laboral y cambiaria”.
Agrega que esta última “sí es perdurable en el tiempo porque se sustenta en un mejoramiento de los patrones de productividad como base de una competitividad real. Para una competitividad de estas características implica analizar un número más relevante de factores que trascienden la política laboral y cambiaria”.
Sostiene el estudio que la vinculación directa de la evolución de los salarios con el costo de producción de las empresas y de estos con la competitividad “conduce a una visión del crecimiento económico que se aleja del desarrollo y el bienestar social, y que si se analiza detenidamente, es probable que genere más rechazos que adhesiones. La relación directa entre salarios, costos de producción y competitividad induce a pensar que una reducción de los mismos redundaría en menores costos de producción, que, llevados a precios, permitirían competir en mejores condiciones en los mercados internacionales. A su vez, la posibilidad de colocar cada vez más productos en el exterior permitiría alcanzar tasas de crecimiento de la producción cada vez más elevadas”.
“En nuestro país está bastante arraigada la idea de que las mejoras de competitividad deben provenir de una disminución de los costos o de un incremento del tipo de cambio del dólar frente al peso uruguayo”, agrega más adelante.
No obstante, el Cuesta Duarte considera afortunado que la visión de competitividad que propuso el gobierno al crear un Sistema Nacional de Competitividad no sea esta, sino la de “apuntalar la competitividad a partir de la promoción de la innovación, la formación, mejoras en la infraestructura y mejoras en la gestión empresarial”. Sin embargo, recuerda que los avances han sido escasos.
Redondeando estos conceptos, el estudio señala que “reconocer que la competitividad también se explica a partir de los costos de producción vigentes, implica reconocer que existen sectores de la economía que difícilmente puedan mejorar la competitividad para insertarse en los mercados internacionales de manera exitosa en sectores en los que las economías asiáticas se han instalado estratégicamente compitiendo exclusivamente vía precios (y salarios) muy bajos”.
Es así que este reconocimiento “es muy importante, ya que definir quiénes están en condiciones de competir en los mercados externos implica también definir qué sectores no parecen viables en el mediano plazo, pensar estrategias para su reconversión y asumir estos costos. Si bien en el mediano plazo los beneficios de recorrer este camino son claramente superiores a los costos, en el corto plazo pueden generar pérdidas de puestos de trabajo que deben atenderse en la contención económica y la recalificación de los trabajadores que puedan ser afectados y cuyos oficios pueden ser obsoletos en la nueva economía”.
Sintetizando sus observaciones, el Instituto Cuesta Duarte propone una serie de medidas para mejorar los salarios y el ingreso de los trabajadores en función del actual momento de la economía del país, tales como revisar la reglamentación de la actual ley de promoción de inversiones con una perspectiva sectorial que priorice sectores con mayor valor agregado y mayor impacto sobre el empleo; políticas de articulación en las cadenas productivas nacionales y regionales, y al mismo tiempo agrupar sectores de actividad diferentes en los que se pueden identificar acciones comunes; fuerte apuesta en materia de investigación e innovación; política de compras públicas que aumente “de manera sustantiva el diferencial para los proveedores con componentes nacionales y, en particular, aquellos que tengan mayor impacto en el empleo nacional y local” y desarrollo y promoción de proyectos productivos asociativos.
Propone, además, como forma de recuperación del salario mínimo, vincularlo a la canasta básica de alimentos, a partir de la cual se determina la línea de pobreza individual. “El objetivo es que el SMN pase a constituir media línea de pobreza. De esta manera, en un hogar medio de nuestro país, compuesto en promedio por tres y medio integrantes y dos perceptores de ingresos, si ambos perciben por su trabajo un ingreso equivalente al SMN, podrían ubicarse exactamente por encima de la línea de pobreza. Los cálculos a diciembre de 2017 implican que con esta propuesta, el SMN debería haber estado en 15.500 pesos. Por eso, proponemos llevarlo a 16.500 pesos”.
El texto reclama la indexación de los salarios a la inflación y una consideración especial para los salarios sumergidos.
(El documento completo puede leerse en http://www.pitcnt.uy/novedades/item/2569-documento-analiza-el-valor-del-salario-y-la-negociacion-colectiva).